La disidencia magisterial y la gobernabilidad autoritaria / De política, una opinión - LJA Aguascalientes
15/11/2024

 

La oposición a la reforma educativa ha llevado a los maestros disidentes de la CNTE –acompañados ya por algunas secciones del SNTE, como la de Chiapas- a formar un movimiento social; en muchos estados de la república, además del Distrito Federal, están desarrollando acciones de protesta, que están teniendo, entre otros efectos, la elevación de la inquietud de la sociedad y del gobierno, al no prever, como parece apreciarse, hasta dónde llegarán, tanto los maestros con sus movilizaciones, como los gobiernos con sus respuestas.

Ni la reforma efectuada en el último momento a la Ley del servicio profesional docente –en que asentaron que los maestros que no aprobaran en tercera ocasión el examen, no serían despedidos sino trasladados a labores administrativas-, ni las continuas aseveraciones de los gobernantes federales y estatales de que la ley no sería utilizada para afectar los derechos laborales de los maestros, han podido terminar o inhibir el movimiento social de los maestros disidentes.

Surgen en este punto algunas preguntas como, ¿qué buscan, en el fondo, los maestros disidentes?, ¿será más dinero, como suelen señalar de manera común determinados ciudadanos?, o, ¿los maestros están mostrando, realmente, argumentos válidos en su protesta, o sólo es el “síndrome contreras”?

La reflexión nos lleva, ahora, a otro punto que es educativo y político, que aparece como dejado de lado en el ámbito de la clase política en el gobierno: la gran transformación educativa de las últimas décadas –iniciada en México cuando el concepto de “comunidad educativa” fue llevado a la legislación de la materia por el gobierno del presidente Luis Echeverría, en los años setentas- consistió, como lo impulsó el brasileño Paulo Freire con su pensamiento de la educación liberadora, en desechar la pasividad bancaria de la persona-objeto educativo, como educación para la domesticación, y adoptar la educación del hombre-sujeto de su propio desarrollo y liberación.

Es decir, el alumno pasivo que recibe los conocimientos del maestro, se convierte en el alumno activo como sujeto de su aprendizaje y transformación concientizada de su realidad; el educador se convierte en educando por su desarrollo inacabado, y el educando se convierte en educador, por ser el autor de su propia educación. De estar excluido –el alumno- del proceso de enseñanza, pasa a ser tomado en cuenta como el sujeto que debe realizar su propia educación.

Es así que los maestros y padres de familia, no obstante que conocemos lo que los niños necesitan o deben aprender, buscamos que sean ellos los que lo descubran; cuando los niños llegan, mediante este nuevo método, al “aprendizaje” de conocimientos, están también realizando su desarrollo y participación en el proceso de vida que es la educación.

De esta manera, observamos que los gobernantes, hoy, siguen mencionando en sus discursos políticos a la democracia; y democracia, hoy, es participación ciudadana. Sin embargo, en los hechos, todavía vivimos, en muchos casos, el gobierno autoritario, con gobernantes autoritarios; la diferencia se puede explicar, pedagógicamente, de manera sencilla: el gobernante demócrata toma decisiones apoyado en el consenso con la sociedad –que expresa a través de diversas vías sus opiniones– lo que incluye, necesariamente en el gobernante, la escucha y atención a la sociedad. El gobernante autoritario no toma en cuenta a la sociedad en sus decisiones, y “usa” el discurso democrático para cubrir sus decisiones autoritarias.

En la actual reforma educativa encontramos el esquema autoritario; al no haber tomado en cuenta a los maestros de la CNTE para la elaboración de las iniciativas (como seguramente tampoco sucedió con los maestros del SNTE, aunque éstos permanecen, en general, en una disposición pasiva), para que, política y pedagógicamente, les dijeran (los maestros a los legisladores) lo que (en cierta forma) querían escuchar de la reforma educativa, optaron por hacerlos a un lado.


Cuando ya los reciben en mesas de trabajo, tanto los legisladores como la secretaría de gobernación, el proceso legislativo de la aprobación de la reforma ya está por terminar –sin admitir cambios– y, además, les responden que “no habrá marcha atrás y que la reforma va como está”. Es el momento en que se cerró la puerta a los maestros disidentes, desapareciendo cualquier oportunidad de comunicación útil y productiva.

La alternativa abierta por la clase política y el gobierno fue en dos vías: por un lado, la movilización descontrolada de los maestros disidentes en muchos estados –como Aguascalientes–, y, por otro, la necesidad del gobierno de buscar una gobernabilidad autoritaria. Para algunos, es difícil encontrar una justificación a las acciones de los maestros cuando ya no hay nada que hacer ante la aprobación de la reforma educativa. Para otros, la alternativa que queda ante esas acciones de los maestros que, de alguna forma, están afectando a los ciudadanos, es, precisamente, una gobernabilidad autoritaria.

Nos preguntaremos, ¿por qué tiene que ser autoritaria esta gobernabilidad, y no democrática? Porque la respuesta del gobierno está siendo, exclusivamente, en los términos del regreso a las aulas y los descuentos a los faltistas (con toda la justificación legal, desde luego). Lo que se traduce para los maestros en que acepten que les tocó perder con su movimiento y que deben someterse, porque únicamente el SNTE tiene representación legal.

Fuera de este panorama y por el momento, no veo salida a la movilización social de los maestros disidentes, quienes se consideran ofendidos y menospreciados; desafortunadamente, observo, el asunto quedó entrampado para todos. El gobierno parece no acertar en el trato a los maestros después de que se quedó sin alternativa viable, los maestros consideran que, por dignidad, no se pueden quedar con los brazos cruzados, y la sociedad rechaza sufrir las consecuencias de una equivocación de estrategia política del gobierno.

¿Cuál puede ser, entonces, la alternativa viable? Es difícil acertar con alguna propuesta, porque el nuevo gobierno, en este asunto, parece optar más por un supuesto “deber ser político”, que por una atención y servicio a la sociedad.


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