Por Catalina Pérez Correa
El 3 de octubre, este medio informó sobre las denuncias presentadas por la asociación Conciencia Ecológica en contra del revestimiento de concreto que se realiza al arroyo El Molino, al norte de la Ciudad. Para quienes no han tenido oportunidad de verla, la obra -en síntesis- consistió en rellenar de cemento el cauce del arroyo El Molino. Lo que antes era un espacio verde en el que habitaba flora y fauna silvestre, y donde caminábamos los vecinos de la zona, hoy es una plancha de concreto a la orilla de la cual sólo quedaron los tristes mezquites empolvados por la maquinaria usada para realizar la obra. En el lugar en donde antes nuestros hijos veían luciérnagas y maravillosos insectos y aves, hoy podrán ver polvo.
De acuerdo con este diario, al ser cuestionado sobre el otorgamiento de los permisos, el Secretario de Desarrollo Municipal, Francisco Guel, respondió que no existe “ningún tipo de falta al permiso.” De poco nos sirve a los ciudadanos que nos digan que no hubo faltas en el otorgamiento del permiso. El proyecto se hizo sin consultar a los vecinos, afectando especies en un Área Federal y en claro deterioro a nuestro medio ambiente. Todo ello sucedió privilegiando los intereses de una constructora -por encima de los derechos de los vecinos-, sin dar más explicación que “se hizo conforme a derecho”.
El artículo 4 de nuestra Constitución establece que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.” El derecho a un medio ambiente sano no puede entenderse en abstracto. Se trata del espacio en el que vivimos las personas y que hoy está siendo afectado de forma arbitraria para la construcción del Centro Comercial San Telmo. Las implicaciones del texto constitucional son claras: las autoridades tienen la obligación de proteger el medio ambiente. En este caso, no fue así. El revestimiento del arroyo destruyó la flora y fauna que ahí habitaba y destruyó uno de nuestros espacios verdes.
Quedan, sin embargo, los mezquites, una especie protegida por nuestro sistema legal pero puesta en riesgo por la obra en comento. Cualquiera que ha estudiado un mínimo de biología puede entender que si desaparece el entorno de una especie, ésta se pone en riesgo. El recubrimiento del cauce va a afectar el desarrollo de los mezquites y sus posibilidades de reproducción.
No sobra, además, señalar que el revestimiento generará problemas para la recarga de los acuíferos, al impedir que el agua se absorba a través de la tierra del cauce del río y, favorecerá las condiciones para que existan inundaciones. Esto, debido a que se rellenó el cauce del río sólo en el tramo de la obra lo que generará estancamientos antes y después del sitio. Los riesgos que esto representa son especialmente graves dada la tragedia de la que hemos sido testigos durante las últimas semanas. Como señaló el presidente Peña Nieto, las lamentables muertes en Guerrero son el resultado de construcciones que favorecieron las inundaciones, construcciones que impidieron que el agua drenara adecuadamente.
Al final del día la pregunta es sobre la forma en que se está desarrollando esta ciudad, capital del estado que pretende ser “el primer estado verde” del país; una ciudad que pretende ser a la vez sustentable y equitativa. Los ríos y arroyos son espacios verdes naturales. Son corredores para el movimiento y, en consecuencia, espacios para la conservación de especies que viajan de una zona verde a otra. En otras partes del mundo son atesorados y protegidos para el beneficio de todos. A sus costados se construyen senderos, se hacen parques y colocan mesas para hacer días de campo. Aquí, parece privilegiarse los intereses de algunos. Nadie niega los beneficios del desarrollo pero sí cuestionamos la necesidad de hacerlo de forma irracional, devastando los espacios públicos que compartimos y sin mirar hacia el futuro.
