- Se tiene que cuidar la distribución de responsabilidades y toma de decisiones en materia de planeación
- La postura de la capital continúa siendo la misma: el Municipio no debe perder facultades
Ante comentarios de los alcaldes electos de Calvillo y Jesús María sobre los servicios públicos deficientes a causa de que los aún presidentes municipales “bajaron la guardia” por estar al cierre de su administración, Lorena Martínez Rodríguez, presidenta municipal de la capital, aclaró estar en acción contraria, “hasta parece que vamos empezando”, bromeó en respuesta al cuestionamiento.
Detalló que los servicios públicos en la capital siguen siendo eficientes como en un principio gracias a que las finanzas del ayuntamiento se encuentran “sanas, claras y muy transparentes”, teniendo presupuestada la total cobertura de los servicios públicos hasta el último día de la administración.
Inclusive manifestó que está previsto que en la siguiente administración puedan operar los servicios sin ningún contratiempo los primeros 30 días, con ello se estará garantizando que no haya una pérdida de la calidad de los mismos, ni en la recolección de basura ni en el manejo sustentable de los residuos sólidos, y mucho menos en el sistema de alumbrado público.
En cuanto al Código Urbano y al impuesto a la plusvalía, explicó mantener una postura clara desde el inicio del tema pues tanto la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedum) como el Instituto Municipal de Planeación (Implan), revisaron la consulta que realizó en su momento la Secretaría de Gobierno fijando una postura; “El Municipio no debe perder facultades en materia de Planeación y Desarrollo Urbano”.
Ya que al final es el Municipio quien carga con la responsabilidad del mantenimiento de los servicios públicos y cualquier afectación a un modelo de planeación impacta en las finanzas municipales; en tanto reiteró tener que prevalecer y conservarse las facultades antes mencionadas “además la Constitución General de la República así lo establece en su artículo 115”.
La mandataria añadió ser de gran importancia que en materia de planeación y autorización de fraccionamientos haya una corresponsabilidad con el Gobierno del Estado, pues la experiencia les ha indicado que en las entidades federativas en donde sólo los municipios tienen la facultad de autorizar los fraccionamientos, también se ha prestado un gran desorden, corrupción y un serio problema de planeación, ya que existen empresas constructoras y desarrolladoras muy poderosas que terminan por imponer su autoridad en municipios débiles “por eso es tan importante el respaldo y la presencia de los gobiernos estatales”.
Para Martínez Rodríguez, en materia de planeación, sobre todo en fraccionamientos, tiene que haber una concurrencia de facultades como se ha estado dando en Aguascalientes, pero no puede excluirse al Municipio de su facultad que la constitución le confiere.
En general la alcaldesa subrayó que la existencia de un nuevo Código Urbano en el estado es “necesario y urgente” ya que es el único instrumento que permite mantener un crecimiento ordenado, no sólo en la capital sino también de la zona metropolitana, la cual aseguró tener que cuidar mucho para ir desplegando otros puntos de desarrollo de la población.
“Se hicieron muchas consultas y foros, participamos prácticamente todas las instancias que fuimos consultados o invitados, lo que no conocemos es el producto final” en su opinión, el debate está en que una vez que se realizaron las consultas nunca se les fue circulada la última versión a los participantes para poder opinar antes que se presentará al Congreso, “creo que es justo en la etapa en la que se encuentra”. Finalmente es el Congreso del Estado quien hará su análisis, discusión y en su caso aprobación. “Me parece que está bien por lo que he tenido la oportunidad de revisar”.
Simplemente exhortará a los diputados a cuidar la distribución de las responsabilidades de la toma de decisiones en materia de planeación en los tres niveles de gobierno, que se respeten las facultades que en esa materia le competen a los ayuntamientos y que consagra la propia Constitución.
