Los informes de gobierno son el recuento de acciones realizadas en los programas sectoriales; los presupuestos manejados por los ejecutivos, en este caso por el presidente de la república, Enrique Peña, están orientados, casi en su totalidad, a actividades predeterminadas –aprobadas por la cámara de diputados-, como son salud, educación, vivienda, servicios, desarrollo social, apoyos a la industria y al campo, infraestructuras carretera, marítima, aérea, etcétera. Es decir, la administración pública se mueve, casi, sin la intervención del ejecutivo, ya que los presupuestos deben ir a esos sectores previamente aprobados.
Surge, entonces, la pregunta de ¿qué papel juegan, consecuentemente, los ejecutivos en los gastos públicos? La respuesta nos lleva a considerar, tanto al presupuesto como a los programas, como el “material de construcción” del proyecto de país que “queremos”; la participación de los diputados en la aprobación de los presupuestos significa –en el deber ser político democrático-, que los representantes de los ciudadanos deciden qué se va a hacer con el dinero público, llevando consigo la participación de los ciudadanos en el diseño del proyecto de nación que queremos.
No obstante la supuesta participación ciudadana para la construcción de la nación, la administración pública va adquiriendo el sello propio del gobernante; de una forma u otra, a través de la comunicación política canalizada en los medios de comunicación, el gobernante va “delineando” la imagen que quiere que los gobernados tengan de su administración, para que los ciudadanos tomemos conciencia de las acciones realizadas y el resultado que van generando.
Es aquí donde podemos apreciar, ya, el perfil que va tomando la administración Peña; si consideramos, por ejemplo, el crecimiento de la economía en el primer año de gobierno de las últimas administraciones (de acuerdo a la información encontrada en una página del Inegi para el PIB trimestral) observamos lo siguiente: EZPL -5.27 por ciento; VFQ 1.49; FCH 2.7; EPN, como promedio de los dos primeros trimestres, 1.01.
Mientras el secretario de hacienda, Luis Videgaray, explica que el crecimiento de la economía mexicana en 2013 va a ser claramente insatisfactorio, otros hablan de recesión. El punto delicado es, que cuando sucedió la crisis financiera, en los años 2008-2009 en que los países industrializados tuvieron decrecimientos económicos –como también México lo tuvo-, y una recuperación lenta que todavía hoy no superan algunos países, la recuperación de México (con crecimientos del PIB de 4.5 por ciento en 2010, de 3.7 en 2011 y de 3.5 en 2012) fue notable. Lo que llama la atención ahora es que, mientras esos países industrializados ya van con su recuperación después de años, nuestro país parece entrar ahora en una situación económica difícil.
La seguridad pública también muestra características particulares: el hecho de buscar diferenciarse de la pasada administración federal llevó al retiro de más de 25 mil efectivos de las zonas del país con más violencia, incluidos Guerrero y Michoacán, dejando a las comunidades sin seguridad; la respuesta de la delincuencia organizada muestra un mayor abuso de las comunidades, motivo por el que en muchas de ellas se crearon los grupos de autodefensa, con un efecto de disminución, todavía más, de la responsabilidad de las autoridades constituidas –como han sido las detenciones de militares por algunos grupos de autodefensa-. El punto delicado está siendo el encarcelamiento de algunos de estos agrupamientos bajo la inculpación de delitos que ellos mismos combaten en sus comunidades, siendo perceptible que, más bien, es una respuesta por haber enfrentado y reclamado a sus propias autoridades la falta de seguridad, incluido el ejército.
Las movilizaciones magisteriales parecen estar constituyendo la gota que puede derramar el agua del vaso de la gobernabilidad. La exacerbación mostrada por los maestros disidentes en sus manifestaciones ha sido, curiosamente, mayor a las que realizaron con motivo del inicio de la alianza por la calidad de la educación, hace años, y los concursos de oposición para que los maestros ocuparan las plazas vacantes; mayor a las demostraciones hechas cuando los legisladores aprobaron las reformas constitucionales de la reforma educativa en el presente año, o, en mayo pasado, con ocasión del aumento salarial a los maestros. La reforma energética lleva, prácticamente, el mismo rumbo de la reforma educativa.
La respuesta del gobierno de la república está siendo intransigente; los dirigentes del PAN y del PRD están siendo arrastrados hacia la posición del gobierno -quien se está recargando en ellos a través del Pacto por México-, apoyada también por la mayoría de los legisladores y por muchos gobernadores. El escenario de rechazo a los maestros está siendo alimentado por la mayoría de los medios de comunicación (donde están mostrando coincidencia las comisiones de derechos humanos nacional y del Distrito Federal).
La intransigencia no está ubicada en la reforma educativa como tal –porque todos estamos de acuerdo en la necesidad de mejorar la educación-, sino en el rechazo a la participación de un sector fundamental de la educación en el proceso legislativo después de que la secretaría de gobernación les ofreció tomar en cuenta sus observaciones; la intransigencia del gobierno federal muestra una idea de gobierno que está dando señales de alejamiento de los ciudadanos, al poner las ideas de las iniciativas de reforma –justificados en el pacto- como absolutas e intocables. No es por demás que el coordinador de los senadores priístas, se exprese ya diciendo que tienen que sacar adelante las reformas de “su presidente”, dejando de lado, en los hechos, la división de poderes.
Estamos, por lo tanto, en un primer año de gobierno, en que varias circunstancias –como el sencillo asunto de cambiar, para no dar problemas a la ciudad, fecha, hora y lugar del mensaje del presidente de la república del 1 de septiembre-, están dando la impresión de haber precipitado el desgaste de una administración que dio, en sus inicios, sobradas muestras de fortaleza y liderazgo. Volverán a tomar en cuenta a los ciudadanos, o continuarán con el alejamiento.
