¿Hasta dónde? Es es la pregunta que nos hacemos todos los mexicanos al ver con indignación y coraje lo que un grupo de violentos y abusivos pueden llegar a hacer con toda impunidad, al darse cuenta que están ante autoridades timoratas, y sobre todo que han estado “calando” para ver hasta dónde la autoridad del Distrito Federal y la autoridad Federal aguantan –o permiten-. Se observa a unas autoridades que están imbuidas por el complejo del 68, y sobre todo que no quieren cumplir con su deber y prefieren que sus policías y miembros de los cuerpos del orden sean humillados, ultrajados y heridos, pero no mueven un dedo para proteger los derechos fundamentales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. Vemos con estupor que un ex gobernador de Oaxaca es el interlocutor entre las autoridades arrinconadas y los seudomaestros. Ésta entidad es la que más aporta agitadores al movimiento desestabilizador, y la que más escuelas cerradas a la educación de sus niños y jóvenes tiene.
Siendo Oaxaca un estado con una pobreza extrema, de las más altas en la república, donde el atraso en la industrialización y comercio es evidente y su único sostén era el turismo hoy ahuyentado por los violentos, por los secuestradores, policías comunitarias y grupos de autodefensa -al igual que los estados de Guerrero y Michoacán, siendo estos tres de los seis estados más visitados por el turismo tanto nacional como extranjero.
Hoy vemos diputadas y diputados federales que en complicidad con los agitadores les permiten que entren a hacer sus desmanes a la propia casa de los representantes populares, otras y otros a sus colaboradores o ayudantes, como los llaman, están en la cárcel por ser cómplices de las bandas de secuestradores y extorsionadores; otros por ser los organizadores de la compra de armas de las mal llamadas policías comunitarias y grupos armados fuera de la ley; de los grupos que de una manera sincronizada, al igual que los grupos que se encuentran en la ciudad de México, cierran avenidas, calles, comercios, escuelas, universidades, carreteras y destruyen lo que encuentran a su paso.
¿Hasta donde las autoridades -o los gobiernos en sus tres niveles- van a dejar que México se hunda, que el desempleo suba, que la crisis económica que padecemos se magnifique; que los que trabajamos para que con nuestros impuestos les paguen a estos agresores y quemen los negocios de los que aportan para que los gobiernos los sostengan, en una complicidad inaceptable?
Previo al encuentro de futbol entre las selecciones de México y Honduras, en las redes sociales comenzó una campaña de los aficionados para que fueran dispuestos a impedir que les cerraran el paso los seudomaestros, y pedían que las porras y aficionados fueran preparados para eso. Y vea que pasó los maestros decidieron que mejor iban a llegar a acuerdos entre ellos, ¿acaso la autoridad va a esperar a que la sociedad en su conjunto haga lo mismo y por sus propios medios comiencen a enfrentarse?
El estado de derecho y el respeto a la ley es lo que propicia la convivencia pacífica; durante el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto a la nación, dijo que su gobierno (por lo que veo no el de nosotros) no permitiría que nadie hiciera justicia por su propia mano. Esto, sabemos, solo se hace cuando la sociedad siente la ausencia de la autoridad, cuando ésta no cumple con sus obligaciones.
El jefe de gobierno sale a decir que acepta el costo político. Ahora resulta que el costo político está sobre los derechos de los ciudadanos, que él gobierna y que tienen la obligación de proteger. Ha sido verdaderamente irritante ver a los pasajeros que llegaban o iban al aeropuerto de la Ciudad de México ser transportados en camionetas de carga durante ocho horas, porque los señores tenían bloqueadas las avenidas de acceso al mismo. ¿Qué decirle a los afectados? ¿Que ya no vayan al DF? ¿Que la ciudad ya tiene nuevos dueños?
Estos no son grupos que fortuitamente han llegado a tener éxito en su movimiento; son grupos que durante mucho tiempo se han estado preparando para desestabilizar al país y tomar el poder. Grupos que veamos que lograron que sus modificaciones y propuestas se hicieran en la ley del servicio profesional docente, y a pesar de eso y haber acorralado al Congreso de la Unión, siguen provocando violencia y cerrando avenidas y obligando a que cierren los negocios donde se asientan.
Una pregunta importante es: ¿De dónde salen los cuantiosos recursos que se necesitan para apoyar este movimiento desestabilizador? Esto las autoridades lo saben, pero los intereses políticos de grupos incrustados en las administraciones gubernamentales no permiten que se les toque y siguen presionando para conseguir sus fines.
Creo que las autoridades responsables de esta impunidad deberán reflexionar que la ciudadanía no los eligió para este triste papel y para que los dejarán inermes ante estas barbaridades.
¿Hasta cuándo habrá de nuevo autoridad en estos estados y en la capital?
