La disidencia magisterial, dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no es nueva, ni se inició con la administración del presidente Enrique Peña; fue hace más de veinte años que la inconformidad de miles de maestros con sus dirigencias nacional y estatales, los llevó a crear la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Los gobiernos federal y estatales, junto con los ciudadanos, conocemos los alcances de sus movilizaciones; en unos estados, como Oaxaca y Michoacán, las acciones han llegado a la ocupación de plazas y calles durante meses, hasta que recibieron respuestas satisfactorias de los gobiernos –así hayan sido de sólo los beneficios económicos-, y, con ello, regresaron a sus escuelas. Sin embargo, el alcance que hoy observamos, ha llegado a niveles que no sucedían desde hace años, como son los bloqueos a las sedes del Congreso de la Unión y a las principales avenidas de la Ciudad de México, y el acoso a la residencia presidencial de Los Pinos y a instituciones privadas, como las televisoras y la bolsa de valores.
Resulta claro que lo que conocemos como operación política, que llevan a cabo los gobiernos para resolver enfrentamientos y conflictos sociales, en esta ocasión parece no estar funcionando; los operadores políticos, en la visión de la política como servicio a la sociedad, son los servidores públicos que tienen y mantienen la comunicación y el diálogo con los grupos movilizados, tanto para recibir sus quejas o cuestionamientos, como para buscar las soluciones a las demandas planteadas.
La visión de la política como atención y resolución de problemas y conflictos de la sociedad con el gobierno, supera y deja de lado la mera acción de “ser orejas” para pasar la información a “la superioridad”; es el resultado de un cambio de mentalidad que requiere, necesariamente, de la observación permanente en el tiempo, completa en la territorialidad de la jurisdicción, y general con todos los sectores de la sociedad para poder, no sólo remediar sino, sobre todo, prevenir y anticipar acciones y respuestas efectivas a probables movilizaciones y manifestaciones sociales.
Algunos de los objetivos de la eficiente operación política consisten en evitar circunstancias precisas: que los grupos sociales rebasen los niveles de civilidad en sus manifestaciones y afecten la actividad ciudadana, que el diálogo entre las partes llegue a la violencia verbal, que se produzcan daños materiales a bienes inmuebles, que sucedan enfrentamientos con las corporaciones policiales y, para cerrar la expectativa, que puedan ocurrir hechos de derramamiento de sangre.
Cuando algún gobierno desarrolla una operación política que no es la oportuna o la adecuada, genera efectos nocivos, ya que, ante la frustración por la respuesta recibida de parte del gobierno, los grupos incrementan, no sólo su decepción y enojo, sino también sus movilizaciones y formas de protesta, con el consiguiente escalamiento del riesgo.
Entre los varios elementos motivadores de las ríspidas acciones que están mostrando los maestros disidentes, y ahora también muchos otros del SNTE, están la exclusión y el engaño, que denuncian haber recibido; con el propósito de conservar nuestros empleos, por lo general, todos aceptamos los cambios y transformaciones que, de manera natural, van requiriendo las actividades. Existe una amplia coincidencia en que la educación en México debe llegar a mejores resultados, coincidencia donde también encontramos a los maestros.
Cuando el gobierno de la república y los legisladores ofrecen diálogo a los maestros disidentes, y, al mismo tiempo afirman que no hay vuelta atrás con la reforma educativa –y aprueban inmediatamente las leyes secundarias-, el resultado es llegar a un entrampamiento peligroso; por un lado, el gobierno les expresa su posición de que no habrá vuelta en la reforma, y, por el otro, los maestros se preguntan que para qué, entonces, el diálogo, si ya los excluyeron.
El grado de riesgo aumenta cuando el gobierno exhibe agotamiento e impaciencia. Cuando el diálogo ya no sirva, afirmó el secretario de gobernación, Miguel Osorio, se impondrá el imperio de la ley, ya que no se puede admitir que “se lastime a la sociedad”; o cuando el presidente nacional del PRI sostiene que si se tensan más las cosas y prevalece la irracionalidad, el uso de la fuerza pública es una opción (La Jornada, 25 agosto).
Ante este panorama podemos observar dos puntos: la estrategia de reforma educativa –como pudiera suceder también con la reforma energética, ambas de alta sensibilidad social-, excluyó desde su inicio al sector magisterial disidente. Avanzaron sin tomar en cuenta sus opiniones (aún en las mesas de diálogo, los legisladores desdeñaron las propuestas de la coordinadora, la que expresó que sólo estaban “administrando” el problema), lo que significó hacer a un lado la forma del proceso legislativo, para sólo considerar el fondo.
Además, el gobierno dejó que la movilización social escalara a niveles de violencia; en las manifestaciones de días pasados ya no les quedó más remedio –a los gobiernos federal y de la Ciudad de México- que llegar al enfrentamiento “cuerpo a cuerpo” para inhibir las acciones de los maestros. El diálogo buscado hasta ahora por el lado del gobierno ha seguido siendo el apoyarse en la exclusión de los disidentes, a quienes anula diciendo que los únicos representantes y con quienes sostiene acuerdos son con los dirigentes del SNTE, y con nadie más.
Es por ello que la estrategia de ocupar espacios públicos con vehículos policiales o con vallas se convierte también en un lenguaje de exclusión e intolerancia, por ser la intimidación el factor que se utiliza –en lugar de aplicar la oportuna operación política-, para disuadir, en este caso, las manifestaciones de los maestros inconformes. Esta actitud de gobierno conlleva la incapacidad de los funcionarios públicos de primer nivel para una operación política útil y oportuna, que conduzca a la conciliación y resolución de las diferencias en las partes, por más extremas que puedan estar, incluida la del propio gobierno.
