Por Sergio Alonso Campos González / Podemos Cambiar Aguascalientes
El pasado 28 de agosto recibí respuesta, vía electrónica, a una solicitud de información que había realizado tan sólo un día antes a la Unidad de Enlace de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes en el Congreso del Estado. La solicitud, registrada con el folio 21126 en el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de Aguascalientes (SISAI), pedía la información referente al directorio de los asesores con los que cuentan los diputados locales, así como su currículum vitae donde se constatara su formación académica y su experiencia en al ámbito de la asesoría y en los temas relacionados con el proceso legislativo; pidiendo además los datos sobre su remuneración mensual.
Mi sorpresa fue que esa información es inexistente, textualmente la respuesta del Jefe del Departamento de Recursos Humanos fue que “De la búsqueda realizada en los archivos nominales de este H. Congreso del Estado de Aguascalientes, no se encontró registro alguno referente a los asesores que pudiera contar el H. Congreso del Estado, por lo que me encuentro en la imposibilidad de llevar a cabo lo solicitado”. En adición a esta respuesta, se me informó también que de acuerdo con el presupuesto autorizado para el Congreso, se tiene destinada la cantidad de 25,000 pesos mensuales a cada diputado para servicios de asesoría, por lo que son los diputados los que realizan la contratación de manera directa y discrecional del personal que fungirá como sus asesores.
Me parece que lo anterior nos tendría que preocupar como sociedad, por un hecho evidente: la existencia de una completa discrecionalidad al interior del congreso. Discrecionalidad que se da en dos sentidos: por un lado, al no establecerse criterios claros a la hora de la contratación del personal profesional encargado de llevar a cabo las funciones de asesoría a los diputados; si bien el contar con ese personal es uno de los derechos de los legisladores establecidos en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, la misma ley establece también que el congreso debe contar con un Servicio Civil de Carrera, donde se incluirían los servicios de asesoría a los diputados. Sin embargo, la realidad es que este Servicio Civil es inexistente, lo cual tiene importantes implicaciones en lo que respecta a la profesionalización de la labor legislativa. Dentro de los objetivos de contar con un Servicio Civil de Carrera además de la profesionalización es precisamente eliminar discrecionalidad, generar certidumbre y continuidad al interior del congreso, la realidad parece ser otra.
La otra forma en que se da esta discrecionalidad, que es mucho más preocupante, es en la utilización de los recursos públicos. De acuerdo con la respuesta a mi solicitud de información cada uno de los diputados tiene 25 mil pesos mensuales a su disposición para contratar a su personal, sin embargo, en ningún lado se establecen normas y reglas para asignar y hacer uso de esos recursos que no son nada despreciables. Hagamos cuentas, al ser 27 diputados estamos hablando de 675 mil pesos al mes, lo que se traduce en más de 8 millones al año. En términos relativos significa que ese presupuesto que se usa de manera discrecional, es 1,6 veces mayor al que se destina al Instituto Aguascalentense de las Mujeres; 1,4 veces mayor que el que se destina al Instituto de la Juventud del Estado de Aguascalientes; casi 4 veces mayor que el presupuesto destinado al Fideicomiso Ayuda a Personas con Discapacidad; casi 5 veces mayor que el presupuesto destinado al Fideicomiso Ayuda a un Niño; y casi 7 veces mayor que el presupuesto del Fideicomiso ayuda a una Persona Senecta.
Y la importancia de ese recurso aumenta si consideramos que al final del trienio de la legislatura se gastaran más de 24 millones de pesos de manera discrecional.
Esto quiere decir que casi el 5% del gasto total destinado al Congreso del Estado, que de acuerdo con el presupuesto de egresos para el año 2013 suma un total de 170,971,000, se está utilizando de manera discrecional, sin que nadie tenga la oportunidad de enterarse cómo, cuándo, dónde ni con quien se gasta.
Existen dos posibilidades: podría ser que los diputados contraten a un buen servicio de asesores expertos en las distintas materias y temas que legislan y que profesionalicen de esta manera su labor legislativa, o bien puede ser que contraten al compadre, al amigo, al suegro, al cuñado, al que les echo la mano en la campaña, de cualquier forma nadie lo impediría, simplemente porque no hay forma de enterarse, los mecanismos institucionales así lo han demostrado. Me gustaría de confiar en que pasa lo primero, sin embargo, y esto es lo grave, es que los ciudadanos no tenemos herramientas para saberlo. Aun con el avance democrático que significan los organismos de transparencia, estos no garantizan una completa rendición de cuentas, pues no basta con decirnos a los ciudadanos que “esa información es inexistente”, sino que es necesario que nos justifiquen el gasto público. No se puede hablar de un régimen plenamente democrático si existe opacidad en la utilización del dinero público. Considero que esa es una condición necesaria para la democracia en el estado y que en este momento no se cumple. Lo anterior me parece preocupante, y quisiera hacer un llamado desde este espacio a las señoras y señores legisladores para tomar cartas en el asunto y que de frente a los ciudadanos que dicen representar nos digan cómo gastan ese dinero, que nos digan cómo se hace esa contratación, bajo qué criterios y finalmente, que nos digan a los ciudadanos si está justificada o no la contratación de los servicios de asesoría con los que actualmente cuentan.
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