El término “putsch” (de origen suizo-germánico) significa un golpe violento, choque, o shock, que se introdujo en el sentido de “golpe de Estado”, aplicado especialmente a la revuelta de Zúrich en septiembre de 1839. Se caracteriza como una revuelta bajo complot, o un intento para deponer a un gobierno, que depende principalmente de una acometida repentina y veloz.
Sucede en el momento crítico del debate legislativo para deliberar y votar en el Congreso de la Unión, la legislación secundaria correspondiente a la Reforma Educativa, iniciada por la presente Administración del Gobierno Federal. La ocupación del zócalo capitalino y las manifestaciones en la calle que protagoniza la CNTE, evocan formas de revuelta multitudinaria que conmocionaron a Europa incluso antes de la Revolución Industrial o anteriores y subsiguientes a la Revolución Francesa y la era post-industrial.
En la época contemporánea, esta forma de protesta parecería un arcaísmo político, sobre todo tratándose de un sindicato tan omnipresente y aparentemente todopoderoso como el magisterial de nuestro país. Del que para darnos una idea de su peso relativo, solamente en el estado de Aguascalientes, los maestros bajo nómina del IEA superan las 22 mil plazas, número que la burocracia de los dos órdenes de gobierno, estatal y municipal, no logran superar. Esta sobredimensión de sindicato de maestros, sin embargo, está en disonancia respecto de la protesta callejera que protagonizan los maestros militantes de la fracción disidente de la CNTE que, por lo pronto, ha tenido como efecto desestabilizar a los miembros del Congreso Federal, rebasando los límites de la protesta callejera para sitiar, irrumpir y ocupar los principales accesos de los recintos legislativos del Poder Federal.
El periodo extraordinario en curso hasta esta semana que termina, logró la presentación al pleno y la votación a favor de dos de las leyes secundarias relativas a la Educación, pero dejó en suspenso –supuestamente en traslado para el periodo ordinario que viene- nada menos que la normatividad relativa al Servicio Profesional Docente, en la que descansa en buena medida la impugnación central de los maestros disidentes, para ser evaluados, y que sin duda es pertinente de manera crítica para todo lo relativo a la carrera magisterial.
Las posiciones se radicalizan y se hacen más virulentas particularmente en la defensa a ultranza de lo que se consideran “conquistas obtenidas por el magisterio”, entre las cuales –dígase de paso- se cotizan no menos de 45 días de salario, como parte del aguinaldo decembrino. Huelga decir que la gran masa obrera y asalariada del país cuenta con el modesto y republicano cálculo de 15 días, o en el mejor escenario de 21 días para esta prestación laboral, anual.
La beligerancia manifestada por estos contingentes demostrativos de inconformidad resalta por sus desbordes y agresividad impugnativa, a pesar o en contra del desdoro causado a los supuestos recintos máximos para deliberación política de la Nación.
Con el propósito de entender mejor la importancia y efectos de ese tipo de manifestaciones, se destacan algunos puntos relevantes que nos enseña la Historia. Refiriéndose a las movilizaciones y la toma de las calles en plena Revolución Francesa, se afirma: “En todos los casos el elemento fortuito desempeñó un papel notablemente persistente y ello niega las afirmaciones de muchos historiadores de la época y posteriores, de que tales movimientos fueron resultado de “conspiraciones” perfectamente planeadas” (George Rude, La Multitud en la Historia, Siglo XXI, 1971. Del original inglés, en 1964. Pág. 252).
Este elemento de lo fortuito, en el curso de los sucesos de protesta masiva, debe ser tenido en cuenta de manera muy especial, porque puede derivar en alternativas ominosamente cargadas de incertidumbre. Contener las líneas de fuerza que ejerce una masa informe sobre instituciones gubernamentales, y civiles para el caso particular, es una opción de riesgo cuyos efectos son imprevisibles. Por eso, antes de que ello ocurra o se convierta en la única vía sistemática de confrontación, o real ataque o de resistencia por parte de la autoridad, debe surgir la opción del diálogo. Y ésta no por concesión graciosa, sino en razón de posición estratégica explícita, para evitar desbordes no solamente indebidos, sino seguramente lamentables.
La idea es clara, al menos así lo podemos ver, oponerse férreamente a la reforma educativa, si no es en su totalidad, sí en los focos de inconformidad y disidencia como el que citamos; y por tanto, en contra de la fórmula que ha presentado y avanzado el gobierno del presidente Peña Nieto y los firmantes del Pacto por México, bajo la mediación legislativa del PRI.
El mismo autor George Rude, estudioso de estos fenómenos de manifestación tumultuaria, nos pone en aviso con su siguiente conclusión: “Pero debemos también cuidarnos de llevar las cosas demasiado lejos. Si bien hemos enfatizado las imprevistas derivaciones de las insurrecciones parisienses de 1789, debemos puntualizar también que no hubo nada puramente fortuito en los hechos mismos. En ambas ocasiones, los actos de provocación del partido de la corte de Versalles sirvieron evidentemente como de “detonador” para desatar los disturbios que se produjeron en las calles de la capital, pero no podrían haberlo hecho sin la existencia de una larga serie de incidentes anteriores que les confirieron sentido y -sobre todo- si el clima político para la rebelión no hubiese estado ya bien preparado” (Ibidem, G. Rude, pág. 252).
Es evidente que el factor de irrupción “irracional” y fortuita, va aparejado con una planeación perfectamente inteligente y bien urdida, que viene siendo preparada con meses o años de anterioridad. Por ello, la aparente vulnerabilidad de los recintos parlamentarios federales de la Ciudad de México, no es tal, si se atiende a los previos y constantes llamados de la misma coordinadora o CNTE; además de que diputados concretos y fracciones partidistas expresas les están proporcionando los medios específicos para poder alterar, con éxito, las sesiones cruciales de deliberación en pleno y la votación correspondiente. Este comportamiento nada institucional, muestra por otra parte la partidización interesada específica sobre dichas piezas legislativas.
Lo que dicho de otra forma, significa que el juego de los fuegos artificiales que ocurre en las calles, obedece a intereses explícitos de cabildeo y deliberación interna a los propios órganos legislativos, que hacen juego de espejo con la aparente independencia de la multitud enardecida de fuera. Lo que no quiere decir que justifique su toma virtual y real de los procesos estrictamente senatoriales o de la Cámara de Diputados, sino que explica la forma paradójica de manifestarse con agresividad y beligerancia anti-institucional, sin que aparentemente afecte el statu quo de las instituciones gubernamentales que están extramuros del Poder Legislativo. En conclusión, sí irrumpen el orden del normal funcionamiento de los órganos legislativos, pero no logran desactivar o que se dé marcha atrás en sus procesos productivos con apego al estricto orden del día por cumplimentar; lo que sí provoca al resto del país, que somos también nosotros, una imagen de ingobernabilidad inexplicable, sobre todo si se manejan adecuadamente los instrumentos de la negociación.
Una vez más, ese mecanismo inevitable e insustituible para obtener y resolver la auténtica satisfacción de las necesidades, incluidas las de las mismas partes beligerantes; se impone como vía no alterna, sino central, para dirimir las controversias. Nada ni nadie eximen a un partido o a otro, del imperativo de debatir, siguiendo las simples pero poderosas reglas de una negociación positiva.
