Se ha dicho en varias ocasiones que el PAN y el PRD no aprobarán la reforma energética si no va en paquete con la reforma político-electoral. Es por eso que se ha aplazado en varias ocasiones a nombrar al consejero del IFE que sustituya al jurista García Ramírez.
La razón fundamental es que no se quiere tomar decisiones parciales y se pretende reformar de manera integral el andamiaje institucional que se encarga de organizar y sancionar los procesos electorales locales y federales en el país.
Uno de los elementos que ha generado tensión y resistencia por parte de los gobernadores en general, pero particularmente de los del PRI, es la exigencia de los partidos políticos integrados en el pacto por que se eliminen los Institutos Estatales Electorales.
La alternancia en México y la competencia entre partidos que integran el sistema político requiere dicen los integrantes del pacto, de una revisión integral del entramado institucional que se encarga de los procesos electorales y quien está en el centro de la mira son los institutos estatales electorales porque no son garantes del respeto irrestricto al voto ciudadano.
Trastocar el sistema electoral es uno de los elementos que está en la mesa de discusión del pacto y en las cámaras legislativas. En el caso de la propuesta de la izquierda los elementos sustanciales que la integran son los siguientes, aunque todavía en proceso de análisis.
En primer lugar el PRD reconoce el papel fundamental que ha jugado el IFE en el proceso de transición democrática. Su papel ha sido dotar de condiciones de legalidad equidad, certeza y transparencia a los procesos electorales en el ámbito federal.
Modificar su actuación involucra una serie de elementos técnicos, jurídicos, económicos y políticos que deben ser observados y considerados.
Existen diversas posturas sobre la forma y el cómo se deben de abordar las modificaciones a la estructura electoral del país, algunos académicos aseguran que a pesar de las crisis que se ha presentado coyunturalmente en algunos procesos presidenciales, el IFE ha cumplido bien su trabajo y es momento de darle mayores atribuciones. En cada reforma el legislativo ha acrecentado sus funciones pero no sus atribuciones y es momento de revisarlas.
Otras voces, en especial la de los titulares de los institutos electorales locales y tribunales locales, argumentan que se atentaría contra el federalismo al centralizar y concentrar todos los procesos electorales en el IFE.
Efectivamente se corre el riesgo de formar “un cuarto poder”. Un aparato tan grande y pesado que concentre a tal grado las decisiones en materia electoral que pueda generar tensiones electorales entre los partidos contendientes, pero cuando menos en este momento en que se requiere consolidar los procesos democráticos, es un riesgo menor al que representa que cada estado del país organice sus propios procesos locales pues se convierten en juez y parte.
Además no hay que dejar de considerar que la función electoral es eminentemente técnica aunque sea el órgano de validar la integración de los poderes. El IFE desarrolla ya otras funciones nacionales como la administración de los tiempos de radio y TV, el Registro Federal de Electores y la coadyuvanza en la fiscalización para acceder al secreto bancario, fiduciario y fiscal.
Pero lo más importante en la creación del Instituto Nacional Electoral, es que evitará que en algunas entidades se mantenga la intromisión política de los gobernadores, impida el ejercicio de la autonomía formal de los órganos electorales y tribunales locales, que afectan gravemente la equidad de las elecciones y la resolución de controversias.
El Instituto Nacional Electoral estaría dotado de autonomía, ejercería también los principios constitucionales que ha aplicado el IFE a lo largo de todo este tiempo, subsanará las irregularidades y anomalías que han afectado al sufragio popular permitiendo restablecer las condiciones de legalidad para el sufragio efectivo, garantizando así que se exprese fielmente la pluralidad de la sociedad.
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