Las movilizaciones realizadas en estos días por el magisterio disidente, con motivo del periodo extraordinario del congreso de la unión que trabajó las leyes secundarias de la reforma educativa, son una expresión social que se han convertido en denuncia de una forma de gobernar que está aplicando la clase política actual; esta forma de gobernar, es la establecida desde hace muchas décadas, que todavía está presente en los gobiernos actuales, no obstante la transición y la alternancia políticas que hemos vivido en los últimos años.
Son formas que el gobernante adopta para sacar adelante sus particulares ideas de gobierno, y que, en ocasiones, no reflejan lo que la sociedad y los ciudadanos requieren y demandan, sino “la huella” que busca dejar el gobernante. Es decir, son ideas preconcebidas que la sociedad debe aceptar sin reclamar, y, al contrario, que le deberá agradecer “profundamente” al gobernante, por tener una gran “visión de estado”, no obstante que lo dejaron fuera de la toma de decisión.
En los tiempos políticos actuales tenemos más democracia, ciertamente, que se ha traducido en mayor participación de la sociedad en los procesos y decisiones gubernamentales; sin embargo, es claro -y se aprecia en entidades como Aguascalientes-, los pocos avances democráticos que se habían logrado, parecen desdibujarse en la actualidad (tomar decisiones, como la de hacer peatonal la calle Madero en su proximidad a la Plaza de la Patria, para después de un tiempo revocarlas, indican –por insignificantes que puedan ser, como ésta- que son medidas que se adoptan sin un fundamento “efectivo” de consenso con la sociedad; o la de volver a utilizar los medios de comunicación gubernamentales para beneficio del partido político del gobierno).
Las movilizaciones magisteriales tradicionales han sido las de los maestros de Oaxaca; también han participado los maestros del Distrito Federal, Guerrero y Michoacán. En estos meses se han movilizado secciones sindicales de otros estados, como también los sindicatos distintos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; además de las acciones en sus estados, han tenido una importante presencia en el Distrito Federal, con los habituales plantones, marchas y bloqueos de calles y de edificios.
La movilización actual inició con la presentación de la iniciativa de reforma constitucional, enviada a principios de año por el presidente Enrique Peña; la oposición de los maestros la han concentrado en algunos puntos que, por la estridencia de su protesta, frecuentemente han quedado al margen de la mayoría de los medios de comunicación, ya que se han fijado más en las manifestaciones, que en los puntos a los que se oponen y en lo que están trabajando los legisladores en el periodo extraordinario. El aspecto de la evaluación destaca por su importancia, por ser el pivote para la permanencia en la docencia, al lado del acceso a las plazas magisteriales, el cobro de cuotas escolares, los horarios de clase, etcétera.
Con el objeto de suavizar la fuerza opositora, la secretaría de gobernación ofreció el compromiso de escucharlos en mesas de trabajo, donde participaran los maestros y expusieran, ya no su oposición a la reforma constitucional –porque no se daría marcha atrás-, sino sus propuestas para la reforma a las leyes secundarias. Durante semanas se llevaron a cabo los trabajos, manteniéndose el ofrecimiento de que la SG llevaría su propuesta alternativa al congreso de la unión, para que fuera tomada en cuenta por los legisladores en el momento de los trabajos de las cámaras; todavía en el mes de mayo, a convocatoria del secretario de gobernación, los dirigentes de los maestros se reunieron con los integrantes del Pacto por México, donde el presidente del PRI les expuso que las leyes secundarias estaban en proceso de construcción, y aún no estaban “ni concluidas ni planchadas” (La Jornada, 23 de agosto).
A pesar de los ofrecimientos hechos a los maestros disidentes desde distintas posiciones, las leyes secundarias en el periodo extraordinario, no llevaban sus propuestas, y las decisiones legislativas estaban en la línea del gobierno de la república, sin tomarlos en cuenta; la reacción de los maestros fue la que ya conocemos. Los legisladores del PRD son los que, en cierta forma, se han acercado a los maestros para dialogar y neutralizar las acciones de bloqueos –incluidos los salones de las cámaras-, mientras que los legisladores del PRI y del PAN, se han pronunciado acremente no sólo contra ellos, sino además contra el jefe de gobierno de la ciudad de México.
La protesta de los maestros disidentes se convierte, entonces, en la denuncia de una forma de gobernar; la idea inicial de la reforma educativa parte del mismo gobierno –lo que no significa que la idea sea del todo desacertada-, la cual ha sido construida sin la participación de los sectores sociales involucrados. Los maestros del SNTE, después de la detención de su presidenta nacional, se mostraron de acuerdo y conformes (la detención tuvo un efecto intimidatorio, pues sabían lo que podía pasar con ellos –es el motivo por el que sólo unos pocos maestros acompañan a la ex dirigente en la reclusión, estando libres otros muchos que también deberían estar recluidos-); para el gobierno federal, el problema a manejar fueron los maestros disidentes, quienes hasta estos días siguen con sus movilizaciones de protesta.
Los legisladores tuvieron una oportunidad valiosa para trabajar en la construcción de leyes que pudieran incluir a todos, y, más bien, endurecieron su posición; el gobierno federal esperó que pasara su propuesta, y, de cualquier forma, reconoce el “avance”. Y los maestros, con el rechazo y el estigma, han pasado a ser un frente de batalla para la actual administración.
La clase política, aún muestra temor de interactuar –de manera franca y sin engaños- con los sectores de la sociedad; el común denominador sigue siendo un Estado débil con actores políticos desarticulados, sin una meta amplia que dé unidad a la mayoría, y tolerancia a todos.
