El primer mandamiento de Salud Pública reza: “vale más un gramo de prevención que un kilo de curación”, en consecuencia prioriza la aplicación de este tipo de medidas por su costo/ efectividad. Pero no siempre la prevención es sencilla o efectiva, pues aunque en enfermedades infecciosas se hayan obtenido éxitos generando resistencia al patógeno vía vacunas como en viruela y polio, o atacando al vector y consecuentemente su transmisión como en el paludismo; cuando el padecimiento procede de un esquema multicausal, como en las enfermedades cardiovasculares, la aplicación de medidas preventivas es más complicada y con frecuencia no suficiente, todos conocemos casos de cuarentones delgados y practicantes de deportes que han sufrido infartos masivos mientras gorditos ochentones y sedentarios no presentan ningún problema. Ahora, cuando en el caso de violencias y delincuencia no se conoce integralmente su esquema de generación, la prevención se hace más complicada y, con frecuencia se ha optado por la demagogia.
Aunque en los últimos años los problemas derivados de la lucha contra el crimen organizado, alias “la guerra de Calderón”, atrajeron la atención de científicos sociales y vertieron juicios de valor disfrazados de conceptos sociológicos, lo real es que no se elaboró ningún estudio integral en donde se incorporaran en el marco teórico todos los factores incidentes, de forma tal que se obtuviera un estimado de su importancia y, por ende, de las posibilidades de su modificación en un programa preventivo. Ello no obstó para levantar denuestos a la “estrategia errada de Calderón” y demandar la prevención “modificando las causas”. En el listado de éstas la “pobreza” aparece en primerísimo lugar y su combate debería ser la mejor prevención, salvo que una simple revisión empírica nos arroja otra información: ninguno de los municipios reconocidos por sus mayores niveles de pobreza aparece simultáneamente entre los más violentos; por el contrario los municipios más violentos presentan niveles de desarrollo social relativamente altos, destacando el caso de Garza García, con niveles de desarrollo equivalentes a Manhattan y violencia de favela de Río de Janeiro.
El desempleo ocupa el lugar siguiente y da pie a la leyenda de los “ninis” quienes al no obtener un trabajo deben optar por unirse a la delincuencia… lástima que la evidencia empírica no coincide con ello. En Sinaloa, tradicional centro de narcotráfico no faltan trabajos, por el contrario todos los años miles de jornaleros llegan para hacer los trabajos modestos que ni los sinaloenses quieren hacer, pues pese al riesgo el narco es más atractivo que la cosecha de pepinos. Otro ejemplo es lo sucedido en la frontera norte a finales de los 90 cuando, secundario al TLC y el auge maquilador, se llegó a una situación de “pleno empleo” y todos los que querían trabajar lo hacían; en esas circunstancias se hace masivo el consumo de drogas por efecto de la mayor disponibilidad monetaria de la población (no olvidar que la droga cuesta) con lo que el narcomenudeo deviene en gran negocio y el dealer callejero en capo; la violencia es la consecuencia siguiente y el oficio de sicario en opción laboral, todo esto mientras las maquiladoras seguían teniendo problemas para cubrir vacantes.
En la lista de villanos sociales seguiría la desigualdad como causa última de violencia y por lógica la equidad como su solución; México en el contexto latinoamericano es un país moderadamente desigual, de acuerdo a su índice de Gini de 0.481 (donde a mayor valor mayor desigualdad) y como síntesis de la violencia una tasa de homicidios por 100 mil habitantes de 18. Comparaciones internacionales nos pueden dar una idea de la correlación entre ambos datos; de esta manera Brasil es notablemente más desigual, con un Gini de 0.576 y una mayor tasa de homicidios de 25 lo que pareciera confirmar la hipótesis; empero Chile, neoliberal por antonomasia, tiene un Gini de 0.524 y una tasa de homicidios de 2.0 semejante a país europeo. Para cerrar la confusión, Venezuela presenta el menor Gini de América 0.394 consecuencia de una redistribución masiva de ingreso; esa mayor equidad no obsta para que la tasa de homicidios sea de 67, sólo menor a Honduras y El Salvador.
Sin soporte en datos duros, los programas de prevención se han centrado en el lugar común y en frases bonitas como la de “un niño que toca un instrumento musical no tocará un arma” que suena tan bien que nadie cuestiona el hecho de que múltiples músicos gruperos y raperos hayan muerto violentamente por su cercanía al negocio del narcotráfico; otras propuestas se basan en correlaciones no probadas, como la de otorgar anteojos a los niños para que no dejen la escuela, como si el abandono escolar sólo dependiera de esto y llevara directamente a la delincuencia. Lo mismo el programa de Aguascalientes “Convive feliz” que sólo sirvió para organizar grupos despenseros, que su correlato federal, no define objetivos, metas ni estrategias centrando en la esperanza su único sustento, sin contar los cientos de millones que servirán para restaurar “el tejido social”. Al margen de sus inconsistencias, todos los críticos de Calderón ahora aplauden a las propuestas de Peña de prevención como si realmente estuviera atacando sus causas, incluso sin notar que si funcionaran sólo darían resultados en el mediano plazo, cuando todos estemos muertos.
