Después de unas elecciones evidentemente manipuladas, Carlos Salinas de Gortari llegó al poder en diciembre de 1988. Desde ese momento y hasta 1994, el pueblo de México vivió un periodo de intenso empobrecimiento económico así como de grave retroceso en las conquistas sociales logradas hasta el momento. En nombre del progreso macroeconómico, el desarrollo nacional y la modernidad, las medidas y prácticas neoliberales que se ejercieron fueron por mucho causa de la catastrófica situación que hoy –más de 20 años después- sufre el país. Fue la época en que los grandes capitales nacionales y extranjeros obtuvieron ganancias nunca antes imaginadas. Por medio de la privatización de las empresas paraestatales, estos grupos oligárquicos enajenaron a excelentes precios la mayoría de los bienes de la nación. Se privatizaron bancos, teléfonos, minas de cobre, aerolíneas, petroquímica, industrias de hierro y de acero. Así, con la incorporación de 42 billones de pesos, el gobierno salinista demostró al mundo entero el triunfo de su política macroeconómica. Los medios masivos de comunicación no cesaron de presentar los éxitos salinistas: bajas tasas de inflación, saneamiento de las finanzas públicas, tipo de cambio estable, inversión extranjera. Para el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el gobierno de Estados Unidos y las altas esferas de empresarios mexicanos ligados a capitales extranjeros, este exitoso modelo neoliberal otorgó ganancias ejemplares, al grado de colocar a 24 mexicanos en la lista de los hombres más ricos del mundo.
En estricto apego a las recomendaciones neoliberales de organismos internacionales conformados por las naciones más poderosas del planeta (como el FMI), Salinas y su gente acataron en especial lo relativo a la atracción de inversión extranjera y al fortalecimiento del mercado de valores. Para ello, reestructuraron la Bolsa de modo que el gran capital encontró un auge sin precedente en los rendimientos que hasta 1992 fueron en promedio superiores al 120 por ciento, llegando en ocasiones hasta el 175 por ciento. Esto evidentemente atrajo la inversión extranjera especulativa a la Bolsa Mexicana de Valores, pero fueron capitales y ganancias que no se invirtieron en aumentar la productividad nacional, sino que salieron a raudales del país.
La política macroeconómica salinista puede desglosarse de la siguiente manera: obsesión por el Tratado de Libre Comercio que facilitó en todo momento la compra de productos estadounidenses en nuestro país en detrimento de la industria y el empleo mexicanos; total privatización del sector productivo nacional a favor de grupos concentradores monopólicos; gran especulación del capital a través de un sistema financiero propicio; plena disciplina a la política exterior de Estados Unidos; atracción de inversiones extranjeras a través del otorgamiento de amplias facilidades materiales y fiscales; aumento de la deuda externa; reducción de la inflación a costa de la contracción salarial; saneamiento de las finanzas públicas con la disminución del presupuesto para programas sociales y el despido de burócratas; y, control de los medios de difusión.
En enero de 1994, el último año de gobierno salinista, y a unas horas de que entrara en vigor el tan celebrado Tratado de Libre Comercio que significaba la “incorporación de México al primer mundo”, se desató una rebelión armada en los Altos de Chiapas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el cual solicitaba la destitución de Salinas y rechazaba contundentemente el modelo político y económico vigente, pues, entre otras cosas, la precaria situación de pobreza y marginación de los pueblos de esta zona se había agravado con la caída de precios de productos agrícolas, además de que con las reformas constitucionales al artículo 27, se daba por terminado el reparto agrario y se daba entrada al ejido al libre juego de las fuerzas de mercado, lo que permitiría a los grandes latifundistas y especuladores de bienes raíces un empoderamiento total de la tierra.
Así las cosas, durante el sexenio de Carlos de Salinas de Gortari la situación del pueblo en México tocó su punto más bajo: desempleo debido a la quiebra de empresas mexicanas y al despido de burócratas de las paraestatales privatizadas; aumento exponencial del empleo informal y expansión del ambulantaje en las principales ciudades; disminución y congelación del salario; contracción del poder de compra de las mayorías y del mercado interno; pequeña y mediana industria gravemente afectadas por quiebras; pérdida de ingresos por la falta de capacidad para competir con precios de productos estadounidenses; mayor concentración del ingreso en los grupos oligopólicos; escaso efecto de la renegociación de la deuda externa de 1989; mayor dependencia de Estados Unidos; agudización de los problemas sociales y de la inseguridad pública; empoderamiento de grupos de delincuencia organizada, secuestro y narcotráfico; aumento del flujo de indocumentados, etcétera.
Hijas del modelo salinista, las políticas peñanietistas son más de lo mismo. Éstas no sólo no mejorarán la situación del país, sino que la agravarán. Las reformas financieras anunciadas recientemente por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, están orientadas nuevamente a favorecer a los grandes capitales en triste detrimento de grandes sectores de la población. Y van por más. Aún nos faltan la hacendaria y la energética. Oscuro se observa el horizonte.
