Fiscalización, cómplice de la corrupción - LJA Aguascalientes
22/11/2024

 

  • Aguascalientes, lugar 13 de 32 en ordenamiento jurídico de la fiscalización
  • Reprobado en armonización legislativa y 0 en autonomía de su organismo fiscalizador

 

Aguascalientes ha sido evaluado de manera negativa en ciertos indicadores establecidos por el Instituto Mexicano de Competitividad (Imco), que realizó el estudio de transparencia, rendición de cuentas y las entidades de fiscalización de los estados, junto con el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara (UDG).

Apenas hace un tiempo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió recomendaciones a las dependencias federales y al Congreso de la Unión, con respecto a la cuenta pública de 2011, debido a las irregularidades de ese periodo. No es de extrañar que comiencen a fluir las cifras de los gobiernos locales, como ya se dijo, aun cuando no se especifique en acciones concretas, por lo que las cuestiones de transparencia y rendición de cuentas de los organismos de fiscalización de los estados han sido evaluadas.

Los resultados del estudio presentado por el Imco respecto a los ítems de transparencia y funcionamiento del Órgano Superior de Fiscalización (OSF) del estado de Aguascalientes no son nada alentadores, pues corresponden a una creciente que se ha manifestado en la región acerca del accionar de diversas autoridades y servidores públicos, quienes actúan de manera sombría, debido a la falta de autonomía del OSF.

Dentro del estudio cabe resaltar algunas de las puntuaciones que realizan los analistas enfocadas al estado de Aguascalientes, las cuales son: con respecto a la formulación de las auditorias  se encuentra en el lugar 21 de las 32 entidades federativas, así como por debajo de la media establecida para el estudio; está en el segundo lugar de los estados con menor presupuesto para el Órgano, sólo por debajo del Estado de México; el OSF tampoco cuenta con un servicio profesional de carrera con lo cual se garantiza la utilización de la dependencia para devolución de favores y siempre presente el fenómeno del nepotismo, asimismo, según sus obligaciones, se encuentra obligado a presentar los informes de las auditorías realizadas, labor que no cumple. Llama la atención que, por otro lado, esté entre los primeros lugares al momento de seguir el protocolo de las auditorías, cuestión que resulta ensombrecida por un número mayor de indicadores negativos. Dicha institución carece de autonomía lo cual responde a las deficiencias de su actuar en el que diversos funcionarios están involucrados para la toma de decisiones, un ejemplo de ello es que se encuentre sometido a la decisión de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, que puede modificar, cancelar o suspender las acciones y resoluciones tomadas por la OSF.

Cuenta a su vez con el antepenúltimo lugar en evaluación  de los portales de Internet, debido a que no puede brindar la información necesaria a los usuarios ni presentar los informes, los cuales está obligado a exponer. Se encuentra en el lugar 24 de las 32 entidades federativas con respecto a la rendición de cuentas y en lugar 30 de transparencia institucional, únicamente por encima de Baja California Sur y Yucatán. Por otro lado y para finalizar con las cifras, con relación a la facilidad de la ciudadanía de acceder a demandas o mecanismos de queja hacia la OSF cuenta con el 41.67% de eficiencia, lo que evidencia  una falta de cercanía a la población.

No es de extrañarse que los números que presenta esta institución estatal, hagan pensar a la población  que ante los casos de corrupción, la autoridad no haga nada contra los involucrados, como con Ventura Vilchis, Treviño Soledad, Soto López, Joel Castañeda, Gabriel Arellano y Reynoso Femat.

Aun cuando existe un programa que evalúa los proyectos municipales, llamado Agenda desde lo Local, quienes evalúan los esquemas y las acciones de los gobiernos municipales, la OSF, según sus competencias, está obligada a hacer frente a este tipo de fenómenos de corrupción y actos irregulares en las gestiones.


Foto: Roberto Guerra


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