Es innegable que la situación política interna en nuestro país es en sí complicada, pues con las elecciones en 14 estados -aunque sólo en uno de ellos se competirá por la gubernatura-, se está poniendo a prueba la capacidad del gobierno y los partidos para respetar el marco jurídico y no tener que recurrir a “pactos de civilidad” o “compromisos de ética”; se trata sólo de cumplir la ley –pues para eso se hizo- y castigar de acuerdo a ella a los que la violen, pero no aplicar la ley de los gobernantes en turno. La sociedad está muy atenta a lo que sucede y en las urnas manifestará su sentir.
Por otro lado las conductas mezquinas de utilizar la necesidad y la pobreza de la sociedad más vulnerable de nuestro país, administrando la pobreza con fines electorales. Esto deberá ser castigado por la ley y por la sociedad, pues es algo que va contra los derechos humanos.
Dentro de estos problemas el país también se enfrenta a retos que deberá resolver de la manera más práctica, en bien de los consumidores y sobre todo del sector productivo nacional. Me explico. A principios de este año los Estados Unidos de Norteamérica propusieron a México que los excedentes de azúcar que se tendrán en los países miembros del TLC de América del Norte, (México, Estados unidos y Canadá, en donde los productores de azúcar son realmente México y Estados Unidos) sean industrializados con el fin de producir etanol, y que éste sea importado por México y Canadá, pues será producido por la industria Norteamericana.
Esta propuesta surge porque según los pronósticos de producción mundial de azúcar será a la alza, y a pesar de esta situación hay varias áreas de ambos países que se oponen a este proyecto a pesar de que la caña iría a Norteamérica sin impuestos y luego importaríamos el etanol igualmente sin impuestos. Según esto se regularizaría el precio del azúcar en el mercado interno y no perjudicaría a la industria azucarera mexicana, que por mucho es la más improductiva y menos competitiva en sus procesos por su relación productores, sindicatos y los industriales, al grado que cada año se ven en la necesidad de ir a la huelga y presionar para poder llegar a acuerdos, los cuales al final de cuentas los paga el consumidor, pues los precios del azúcar en México son de los más altos en el mundo. Así las cosas, los productores de bebidas que utilizan azúcar en ambos países no están de acuerdo en que se utilice el azúcar para producir combustible, por los precios que podría alcanzar. La industria energética mexicana tampoco está de acuerdo en este trato.
Como dato complementario le debo decir que México exportó en el año de 2011, mil 211.8 millones de dólares y en el año de 2012, 822.5 millones de dólares. Lo anterior a pesar de la gran competencia que representa la fructuosa que utiliza la industria refresquera y la chocolatera. También hay muchas empresas mexicanas que están desarrollando sistemas alternativos de generación de energía limpia, entre ellas la producción de etanol, por lo tanto la importación del mismo daría al traste a sus proyectos.
Por otro lado el gigante industrial que es China, está a punto de comenzar a afectar a las acereras del mundo al tener que exportar sus excedentes, pues según datos de expertos ha llegado a límites de producción que la obligará a salir a los mercados mundiales a vender sus excedentes y México no será la excepción en cuanto a la afectación que se vaya a tener. Según los últimos datos, China produjo durante abril, diariamente, 2.19 millones de toneladas de acero crudo. Esto nos hace ver que este país está produciendo casi la mitad del acero ¡en el mundo! Lo anterior quizá porque muchos países han considerado a esta rama industrial como muy contaminante y han descuidado su producción o la han limitado. Esto nos debe de tener atentos a tomar las mejores decisiones.
Existe otro problema que afecta nuestras exportaciones: la apreciación del peso lo cual ha afectado nuestra ventas al exterior. Otro tema preocupante, estimado lector, es que está por resolver la Suprema Corte de la Nación un amparo de 267 empresas que se quejan en contra de la reforma de 2010, que obliga a las empresas a pagar impuestos en máximo cinco años, cuando consolidan y no indefinidamente como se hacía antes. Esta resolución, según el SAT, representaría una devolución de 30 mil millones de pesos, lo cual no es cosa menor, pero que la resolución también implicaría una nueva relación entre Hacienda y los empresarios que ahora compiten con empresas extranjeras, que tributan en el exterior y que al decir de algunos de ellos tienen ventajas fiscales.
Estimado lector, todos estos asuntos deberán ser tratados, y manejados, viendo siempre por el futuro del país, y sobre todo pensando en los consumidores y productores mexicanos, que al final de estos procesos son los que deberán estar protegidos por su gobierno.
