A cinco meses del inicio de la administración del presidente Enrique Peña, comenzamos a descubrir las características de un modelo de hacer política que ellos mismos decían, o más bien siguen diciendo, que lo habían dejado atrás para ser un nuevo PRI; el caso Sedesol en Veracruz, ya bien conocido, reúne los elementos necesarios y suficientes para estimar que estamos ante el fin de la ficción peñista, debido a la imposibilidad de sostener la contradicción emergida entre el discurso político, de no partidizar el uso de recursos públicos, y la realidad de los hechos.
El asunto no es tanto que los nuevos delegados de Sedesol en los estados sean destacados ex dirigentes o ex legisladores priístas, como lo documentó Reforma (25 de abril), –ya que hace unos meses eran panistas-; el asunto es que son los priístas los que más reproducen las formas partidizadas del pasado en el uso y aplicación de los recursos públicos.
¿Por qué hablar de engaño en lugar de “blindaje”? Porque no obstante las 13 horas de grabaciones de reuniones priístas en Veracruz donde participaron servidores públicos federales y estatales, directivos partidistas, el ex gobernador Fidel Herrera –de cuyo gabinete formó parte el actual gobernador Javier Duarte-, para planear el apoyo a los candidatos priístas con recursos públicos, el presidente Peña responde negando, prácticamente, las denuncias; su respuesta fue decir a “Rosario, no te preocupes, hay que aguantar. Porque han empezado las críticas, las descalificaciones de aquéllos a quienes ocupa y preocupa la política y las elecciones. Pero nosotros tenemos un objetivo claro, una tarea comprometida con los mexicanos, que es acabar con el hambre” (La Jornada, 20 abril).
Son palabras expresadas ante el ex presidente brasileño, Lula da Silva, después que éste afirmara, durante la ceremonia, que “el hambre no es un problema de falta de dinero, de producción agrícola o de falta de tecnología. Existe por falta de vergüenza de gobernantes en el mundo que no se preocupan por los pobres” (misma cita).
Parte de las características del modelo priísta de hacer política está, comprensiblemente, que la forma como Peña afronta la denuncia y la resuelve, se convierte en ejemplo y motivación para que otros gobernadores priístas actúen igual; por supuesto que la respuesta del gobernador Duarte fue decir que se trata de guerra sucia, asegurando “que la legalidad y el respeto son y serán el único camino que nos lleve por la senda del desarrollo” (El Universal, 22 abril).
En Aguascalientes, el periodista de La Jornada, Javier Rodríguez, recoge la declaración del gobernador Carlos Lozano, en el tenor de que “obviamente, estamos desarticulando que eran partidos políticos los que controlaban todas las asignaciones para todos los programas” (¿?), y agregó “es una debilidad el pensar que (los partidos de oposición) no van a tener el mejor resultado y desde ahorita comienzan a descalificar las elecciones” (20 abril), negando datos presentados por la oposicón.
En esta secuencia observamos diversas acciones del gobierno, como son la celebración de reuniones del Pacto por México, convocadas por el secretario de gobernación, Miguel Osorio, y las reiteradas declaraciones llamando a las autoridades locales a que respeten los procesos electorales, afirmando que no se tolerará el uso electoral de los programas sociales, que es momento de abrir un espacio de diálogo, o el compromiso de blindaje y transparencia de los programas sociales, o el reconocimiento de Peña a la disposición de partidos políticos para continuar en el Pacto por México, etcétera.
El fondo, entonces, es que la actuación priísta se da con otra característica: hacerlo mientras no sea descubierto; y si es descubierto, negarlo y seguir adelante. Los testimonios siguen apareciendo, como el del Doctor Arroyo, Nuevo León, en que la enviada del gobierno a una reunión con ejidatarios dijo “Los que votaron por el PRI (hace un año) tendrán despensa y dinero en apoyo; los que no, ya se pueden ir…” (La Jornada, 28 abril).
La forma del engaño se da también en la información que manejan: el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes resolvió multar al PRI por colocar propaganda en la Villa Charra. El PRI manifestó al IEE que no colgó las lonas, mientras que el presidente del patronato de la feria, Alejandro Alba (precandidato priísta a la presidencia municipal), había declarado que el partido tenía un convenio de publicidad. O, en otro rubro, mientras que Reforma publica (30 abril), con la fuente de Inegi, que el estado de Puebla lidera en crecimiento económico por el empuje de la industria automotriz, seguido de San Luis Potosí, Coahuila, Quintana Roo y Baja California, respectivamente, aquí escuchamos que Aguascalientes va muy bien. O que el combate a la pobreza extrema también va bien, mientras que en la página de Internet del Coneval encontramos que la cantidad de personas en 2010 era de 42 mil, y, hace unos meses en 2013, en el inicio de funciones de la nueva delegada de Sedesol, ésta decía que el número actual es de 60 mil.
Estamos, pues, a la expectativa; no sólo el tiempo nos dará respuesta de si los gobiernos priístas realmente blindan los procesos electorales, o, más bien, siguen con los engaños en el discurso político. En este punto, es necesario que los ciudadanos dejemos la posición de creer todo lo que nos dicen los gobernantes y que es repetido por muchos medios de comunicación, sin el cuestionamiento crítico, para pasar a la posición de la comprobación y la aplicación de la ley.
Será penoso que los casos de Veracruz o Nuevo León sigan el camino resolutivo que tuvo el financiamiento paralelo del PRI con Monex, o los 25 millones de pesos en efectivo encontrados en el avión del gobierno de Veracruz que aterrizó en Toluca en el año 2012. También será penoso si los partidos políticos de oposición no llevan a cabo estrategias exitosas para que logren la corrección de nuestra corrupción.
