Amanecía el 7 de mayo en Ixtlahuaca, localidad del municipio de Ecatepec en el Estado de México cuando una mortal bola de fuego segó la vida de 24 personas, entre ellas varios menores de edad, y dejó a centenares sin casa y bienes. Uno de los tanques de gas de una pipa de doble remolque que circulaba sobre la carretera México-Pachuca se desprendió del vehículo generando el estallido y después el incendio. 24 personas fueron condenadas a muerte y muchas más a sufrir consecuencias de por vida por un sistema económico-político entrampado en sus propias redes de incompetencia y corrupción.
Se otorgaron a los afectados, dicen las noticias oficiales, 25 mil pesos para daños, material de construcción y otros insumos: 10 mil pesos para lo que necesiten y 15 mil pesos más por vehículo dañado. La empresa propietaria de la unidad que provocó el accidente deberá realizar el pago de indemnizaciones conforme a lo que estipula la ley, a todos los damnificados. El estricto cumplimiento de la ley, en cuanto a indemnizaciones se refiere, sólo podrá beneficiar –si beneficio se le llama al mísero pago por vidas perdidas- a los damnificados moradores de ese asentamiento irregular para que puedan comprobar la legal posesión de su vivienda y vehículos. El chofer que conducía la unidad, fue hospitalizado, pero ya se giró orden de aprehensión en su contra y es resguardado en el nosocomio por policías en calidad de detenido. El cansancio y exceso de velocidad a la que conducía es la causa de su culpabilidad en un incidente donde nadie se pregunta sobre las condiciones laborales bajo las que trabajaba ni sobre las condiciones físicas de la carretera. La saturación mediática con este tipo de datos oculta la profundidad del problema.
El fatal resultado no es una casualidad, sino producto de una serie de actos de corrupción: desde los realizados por gobiernos que no impidieron los asentamientos irregulares en el derecho de vía –líderes corruptos que ganaron clientelas partidistas mediante la repartición de tierras irregulares que después legitimaron al dotarles de todos los servicios-, hasta el conductor que iba a exceso de velocidad en una vía federal que se supone está vigilada por policías de caminos.
Cada vez después de un accidente, se pide en diversos tonos y formas a los Diputados Locales, Federales y Senadores de la República, reglamentar el tránsito de pipas de gas –y de gasolina- de doble remolque cuyo uso está prohibido en otros países. El interés económico que significa para las empresas que transportan gas y gasolina ha evitado la prohibición en México de este tipo de vehículos. Pero parece haber un interés más oscuro detrás de esta inacción legislativa. Son ya varios los accidentes que en otras circunstancias habrían obligado a cambiar la legislación respecto a la circulación de pipas de doble remolque. Apenas dos días después de este accidente, otro accidente originado por una pipa de gasolina de doble remolque se originó en el kilómetro 47 de la autopista Guadalajara a Colima. El 30 de marzo pasado, una pipa de éstas explotó al volcarse en la carretera federal Panamericana, en el municipio de Tehuantepec, Oaxaca. En febrero del año pasado, otra pipa perteneciente a la compañía Petro-Express tuvo un accidente fatal en la carretera San Felipe-Silao, Guanajuato.
La Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación reportó a la Cámara de Diputados que en 2012 ocurrieron 24 mil 130 accidentes del transporte de carga en las carreteras del país, mientras que sólo en lo que va de este año suman 3 mil 315. Pero nadie en algún nivel de gobierno ha comenzado a hacer algo.
El problema, evidentemente, rebasa la capacidad gubernamental de acción. Hay algo de mayor dimensión que condena a la población mexicana a continuar bajo riesgos mortales permanentes. La política de autotransporte carretero y uso de hidrocarburos, al igual que otras políticas públicas implementadas por nuestro gobierno, es resultado de la vergonzosa subordinación ante los poderes fácticos.
Como muestra de dicha subordinación está el daño profundo causado a la viabilidad de desarrollo del país por la liquidación del sistema de transporte ferroviario nacional y desmantelamiento de Ferrocarriles Nacionales. Con la ominosa imposición del neoliberalismo del Consenso de Washington, se privilegió al transporte carretero de pasajeros, de productos, y de fluidos -gas, hidrocarburos, sustancias peligrosas- a través de pipas de todo tipo, con evidente perjuicio económico y comercial, aparte de la seguridad y la vida.
Al prescindir de las locomotoras que utilizan menos combustible y son capaces de arrastrar miles de toneladas, con el uso de vehículos individuales se fomenta el consumo intensivo de llantas -que al desgastarse contaminan la atmósfera-, de combustibles provenientes del petróleo y miles de motores de combustión interna. Todo ello contribuye a deteriorar la calidad del aire, al calentamiento global y a incrementar el riesgo de accidentes.
La ineficiencia impuesta al país con el afán de proteger los intereses de la política energética global sustentada en el petróleo, orilló a la ineficiencia y riesgos del autotransporte de carga, al uso y desgaste de carreteras de asfalto y a la cancelación de opciones productivas más afines con la sustentabilidad.
Que el accidente de Xalostoc nos abra los ojos para ver que la pena de muerte a los habitantes de este país no sólo la ha impuesto la corrupción en materia de energía y transporte. La subordinación a los intereses sistema capitalista global depredador ha condenado a una cultura de muerte a toda la población a través de los productos químico-farmacéuticos, los alimentos, el control del dinero, de las armas y la manipulación mediática.
Twitter: @jlgutierrez
Pero si un día antes que esa se volteó otra también el Silao y derramo miles de litros de ácido sulfúrico (yo pasé por ahí cuando aún era una nube blanca)… Y parece que fue por alta velocidad y quien sabe què más… Luego van todos empastillados para no dormir
Este 6 de Mayo, fué…