Venezuela: los dilemas del “autoritarismo competitivo” / Extravíos

La democracia, se ha dicho infinidad de veces, debe ser algo más que una forma de elegir a las autoridades públicas. De otro modo, suele añadirse, no es sino un vacuo proceso formal, un simulacro de lo que la “verdadera” democracia debería ser. A la democracia, al parecer, le es difícil evadir uno u otro adjetivo: o es popular, social, económica o liberal, o no es nada. En lo que se insiste menos es que estos adjetivos o atributos –económicos, sociales, políticos o culturales- sin los cuales la democracia parece no merecer su nombre, carecen de cualquier sentido razonable en ausencia de un proceso formal donde se hubiese garantizado lo que recientemente la Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas ha llamado elecciones con integridad, es decir elecciones “basadas en los principios democráticos de sufragio universal e igualdad política cuya preparación y gestión son profesionales, imparciales y transparentes durante todo el ciclo electoral.” O, dicho de otro modo, al parecer no termina de hacerse suficiente énfasis de que sin elecciones integrales, verdaderamente competitivas, la democracia no alcanza a ser ni siquiera un simulacro.

En México, por supuesto, tenemos una amplia experiencia en este campo. De 1929 a 2000, el país celebró puntualmente cada seis años procesos electorales que, sin duda, sirvieron para muchas cosas –la reafirmación de la hegemonía de un solo partido, la movilidad entre las élites políticas, los reacomodos entre las fuerzas sociales, la introducción de cambios de énfasis en las políticas económicas y sociales, la puesta al día de la retórica oficial, etc.- para muchas cosas sí, menos para que los mexicanos eligieran, en procesos competitivos, a las autoridades públicas. Por cerca de siete décadas, el régimen político mexicano rendía una suerte de tributo a aquello que no era, ni aspiraba a ser: una democracia. En ello radicaba parte de la llamada excepcionalidad del autoritarismo mexicano.

Hoy ya no nos reconocemos en este excepcionalísimo. No sólo porque estamos dejando atrás algunos de los rasgos más notorios y nocivos del autoritarismo sino también porque, pese a todas sus imperfecciones, tenemos hoy el sistema electoral más democrático de nuestra historia.

Desde luego, México no fue el único país que en los últimos años cursó por una transición en su régimen político En los últimos 20, 25 años -en el mundo que siguió al fin de la Guerra Fría, pero también en el mundo posterior al 11/09/01- en varias regiones del mundo se ha vivido una fervorosa transición política -cuyo capítulo más reciente ha sido la llamada, prematuramente, primavera árabe- que parece guiada por la súbita urgencia de crear aquí y allá sistemas electorales e instituciones democráticas.

Gracias al vigor que adquirió este impulso democratizador en la década de los 90, a inicios de siglo XXI, en el año 2000, y de acuerdo a los datos del reporte de Freedom House, Freedom in the World 2000, 38.9 por ciento de la población mundial vivía ya en uno de los 85 países que gozaban de un muy alto grado de libertad económica, política y civil, 25.3 por ciento en uno de los 59 países parcialmente libres y 35.8 por ciento en uno de los 48 países con el menor grado de libertad o sin libertad.

Con este escenario, que contrastaba radicalmente con el prevaleciente apenas 10 años atrás, parecía justificado ser optimista en cuanto a que, en los próximos años por venir, continuaría creciendo el número de países y personas que gozarían de las mayores libertades posibles, y de que dicho crecimiento podría esperarse más por el tránsito de países parcialmente libres a países libres que por una disminución significativa de los países con menor grado de libertad. En todo caso, las rutas para la transición democrática parecían más abiertas que nunca.

Sin embargo, 12 años después, este optimismo se ha atenuado de forma muy notoria. Hay buenas razones para ello. Según el más reciente reporte de la misma Freedom House, Freedom in the World 2013, el porcentaje de la población  mundial que actualmente vive en países con mayor libertad es apenas 7 por ciento mayor que el de 2000, en tanto el porcentaje de la población que vive en países parcialmente libres es hoy 2.3 por ciento menor que al inicio del siglo y el porcentaje de la población que vive en países con la menor libertad es 1.8 por ciento menor que la de hace 12 años. Y si bien, en términos de una cultura de la libertad, la primera década del presente siglo no es de ninguna manera una década perdida, es claro que, al final del día, los resultados están muy por debajo de lo que se esperaba.

Ello nos muestra, entre otras cosas, que las transiciones de los regímenes políticos no tenían que seguir necesariamente una trayectoria unidireccional que desembocara de manera inevitable en la consolidación de una gobernabilidad sustentada en las más amplias libertades económicas, cívicas y políticos y en el establecimiento de sistemas electorales con integridad. Las rutas de cambio, en efecto, se fueron revelando más sinuosas y menos promisorias de lo que era predecible desde lo que en alguna ocasión José Luis Cebrián llamó el “fundamentalismo democrático”.

Así, más que el florecimiento de una, dos, mil democracias, lo que tuvimos fue el advenimiento de regímenes que, habiendo adoptado formalmente algunas instituciones democráticas -en especial los sistemas electorales- están muy lejos de contar con sistemas electorales con integridad y de que la ampliación y garantía de las libertades económicas, civiles y políticas de sus ciudadanos ocupe un lugar central en su agenda política y legislativa.

Lo que prosperó, entonces, fue la mudanza de regímenes totalitarios o autoritarios hacia lo que Juan Linz y Alfred Stepan han llamado regímenes híbridos, o situaciones híbridas, es decir situaciones en que en los regímenes políticos se introducen ciertas prácticas e instituciones democráticas a la vez que se conservan, renuevan o introducen nuevos elementos propiamente autoritarios, sin que sea posible distinguir una solución de continuidad. Egipto, Ghana, Kenia, Mozambique, Zambia y Zimbabue en África, Albania, Croacia, Rusia, Serbia y Ucrania en Eurasia, así como Malasia y Taiwán en Asia, son algunos de los ejemplos que suelen citarse como ejemplos de este tipo de regímenes en situaciones híbridas.

Ahora bien, como es de esperarse, no todos los regímenes o situaciones híbridos son iguales. Las mezclas entre autoritarismo y democracia varían de país a país  y de un momento a  otro: la historia, la cultura política, el escenario económico, todo cuenta y no hay guión a seguir. No sorprende por ello que se presenten casos en que la transición siga un curso inverso al señalado antes y que la transición no tenga como punto de partida la crisis de un régimen totalitario o autoritario, sino el debilitamiento y crisis de un régimen democrático. Un buen ejemplo de ello es el caso de Venezuela.

La larga y profunda crisis de la democracia que se había establecido desde finales de 1958 con el Pacto de Punto Fijo –Pacto que firmaron Acción Democrática (AD), el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) y la Unión Republicana Democrática (URD), pero que excluyó al Partido Comunista- no sólo llevó por vez primera a Hugo Chávez al poder en 1998, sino que inició también una época en que, al tiempo en que se conservaron las instituciones democráticas, se fueron impulsando desde el gobierno una gran diversidad de prácticas autoritarias lo que llevó a generar las variedades más usuales entre los regímenes híbridos: el “autoritario competitivo”.

Un régimen “autoritario competitivo” –siguiendo la caracterización ofrecida por Leitsky y Way- es aquel en donde, pese a que las instituciones democráticas son reconocidas por todos los actores políticos no sólo como los medios principales para obtener y ejercer la autoridad pública sino también para gestionar la vida pública, los funcionarios violentan o manipulan cada vez que lo consideran necesario las bases de funcionamiento de dichas instituciones sin que, sin embargo, puedan cancelar o eliminar su existencia y funcionamiento. En consecuencia, y esto es lo que marca la gran diferencia ante los regímenes autoritarios del siglo pasado, en estos regímenes persisten espacios abiertos de competencia política desde donde la oposición o las fuerzas políticas y sociales pueden enfrentar y desafiar –ocasionalmente vencer- las tendencias autoritarias de los gobiernos. Estos espacios son el legislativo y judicial, los medios de comunicación y las elecciones.

Sin demasiadas complicaciones podemos ver en este escenario lo que ha estado pasando en Venezuela en los últimos 15 años. El de Hugo Chávez fue un gobierno que se empeñó lo mismo en adecuar a su imagen y semejanza las disposiciones legales que rigen el país –desde la Constitución misma hasta el acceso a Internet- que en politizar una y otra vez la composición y funcionamiento del poder judicial, en intimidar y enfrentar abiertamente a los medios de comunicación independientes y en desarrollar jornadas electorales cada vez más inequitativas y crispadas.

El resultado de todo ello fue una erosión gradual de las libertades civiles y los derechos políticos de los venezolanos. El cuadro adjunto muestra la evolución que, de acuerdo a los reportes anuales de Freedom House, se fue observando precisamente en los grados de libertad prevalecientes en Venezuela durante toda la vigencia del “chavismo” (de acuerdo a su metodología se asigna el valor de uno a los mayores grados de libertad y siete a los de menor grado de libertad). Como se aprecia, de 1999 a 2003 se da una mejora en el clima de libertades y el ejercicio de los derechos políticos que, sin embargo, empieza a deteriorarse de manera continua en los siguientes ocho años. La trayectoria de las libertades civiles no es más venturosa y de hecho el mejoramiento relativo observado entre 2003 y 2010 se revirtió en los últimos tres años. Así, después de tres lustros de “chavismo”, no puede decirse que Venezuela sea hoy un país más libre ni que su democracia sea hoy más sana de aquélla que precipitó el ascenso del Chávez a finales de la década de los 90 del siglo pasado.

Ante este escenario y partiendo de los resultados electorales recientes, parece claro que Venezuela tiene ante sí una gran oportunidad: no se trata sólo de delimitar con claridad quién fue el vencedor de las elecciones, sino de iniciar la reconstrucción de las instituciones democráticas del país en base a la ampliación de las libertades económicas, políticas y civiles de los ciudadanos. Si Maduro sólo ve en estas elecciones una oportunidad para conservar el poder -o, en su caso, Capriles de echar del gobierno a los chavistas- Venezuela habrá perdido la posibilidad de encontrar en la democracia la salida a las contradicciones que, ese despropósito político, el “autoritarismo competitivo”, representa.
Nota sobre las fuentes: el informe citado de la Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas es Profundizando la democracia: Una estrategia para mejorar la integridad electoral en el mundo, ONU, Septiembre de 2012. La Comisión es presidida por el ex Secretario General de la ONU, Kofi A. Annan, y en ella participan, entre otras personalidades, Madeline K. Albright, Amartya Sen, Javier Solana y, ¿quién lo dijera?, Ernesto Zedillo, último representante del primer ciclo de la pax priísta mexicana. El libro de José Luis Cebrián, El fundamentalismo democrático fue publicado en 2004 por Taurus. El texto citado de Juan Linz y Alfred Stepan es Democratization Theory and the “·Arab Spring”, publicado en Journal of Democracy en su número de abril de 2013. La definición de “autoritarismo competitivo” se encuentra en lo que, hasta hoy, es quizá el análisis más comprehensivo del tema, el libro de Steven Levitsky y Lucan A. Way, Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War, Cambridge University Press, 2010.