- Con esta nueva ley, los jueces federales tienen una gran responsabilidad para sacar el máximo provecho posible a favor de los ciudadanos
- Son fortalezas las restricciones al abuso de la ley por empresas concesionarias de recursos del Estado
La nueva Ley de Amparo fortalece la protección y defensa de los derechos humanos, consideró Omar Williams López Ovalle, quien dijo que entre otras ventajas, ahora los jueces federales tendrán más herramientas y recursos jurídicos para brindar protección a los derechos de los ciudadanos.
Al hacer un análisis sobre los principales aspectos contenidos en esta nueva ley, el ombudsman se refirió al principio jurídico de “afectación de forma directa” a “interés legítimo”. Hasta ahora sólo se podía solicitar un amparo si la persona que lo promovía era un afectado directo, es decir, si había vivido un proceso de juicio, a partir de alguna demanda.
“La nueva Ley de Amparo contempla que cualquier persona que tenga un interés legítimo, es decir que se afecten sus derechos por alguna decisión de gobierno, pueda hacer uso de ella. Por ejemplo, si una autoridad determina la venta de un bien público, cualquier ciudadano que considere que afecta a sus derechos, puede tramitar un amparo, ya un juez decidirá si hay razón o no”.
Otro principio jurídico se refiere a la “inconstitucionalidad de las normas derivadas de la jurisprudencia”, con lo que cualquier persona podrá interponer un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando considere que alguna ley afecta sus derechos humanos. Si en algún estado crean una ley para prohibir, por decir sólo un ejemplo, a las personas con discapacidad conducir un vehículo, cualquier persona puede ampararse, pues se está afectando el derecho a la no discriminación, incluso, aunque el amparado no sea un sujeto con discapacidad. Si la Suprema Corte determina que sí se violó este derecho, la sentencia aplicaría para todos los ciudadanos.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se refirió además a la limitación del amparo para empresas que exploten recursos del Estado y como ejemplo dijo que en el caso de las compañías que utilizan la atmósfera para emitir señales de televisión o celular, anteriormente si algún órgano del Estado, algún órgano regulador, determinaba que la empresa estaba abusando de alguna forma, éstas se amparaban y entonces la multa o resolución del organismo de competencia, no se ejercía hasta que el sistema judicial resolvía el amparo que la empresa había interpuesto.
Con la nueva ley, las empresas podrán seguir amparándose, sin embargo, mientras este proceso termine, tendrían que cumplir con la resolución que el organismo de competencia interpuso, si se tratase de suspensión de explotación del recurso natural, tendrán que acatar la resolución original hasta que un juez determine si concede o no el amparo. Esto permitirá que las empresas, que generalmente son muy poderosas, se ciñan al imperio de la ley y puedan gozar además de procesos judiciales justos.
Consideró que el reto de esta nueva ley radica en el eficiente funcionamiento del aparato judicial. Los jueces contarán con más recursos jurídicos para beneficio de los ciudadanos, pero aunque los ciudadanos contemos con más herramientas para defendernos de decisiones de gobierno inaceptables, si el sistema judicial no hace una buena acogida de la ley, sus efectos benéficos quedarán en letra muerta; hasta antes de la nueva Ley de Amparo, un proceso de éstos se extendía en ocasiones de tres a 10 años, hoy serán meses en los que los jueces tendrán que resolver, por ello su adecuada aplicación sin duda transformará para bien la vida de los mexicanos.
Con información de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
