¿Por qué Elba Esther Gordillo? / De política, una opinión - LJA Aguascalientes
16/04/2025

La historia, a pocos días de sucedido el hecho de la aprehensión de la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, maestra Elba Esther Gordillo, es ya suficientemente conocida; las explicaciones de los motivos que tuvo el gobierno del presidente Enrique Peña, son innumerables. Como suele ocurrir, no siempre son coincidentes o efectuadas desde una sola perspectiva. De ahí la necesidad de establecer algunos planos de acercamiento al conocimiento e interpretación de la aprehensión y de los motivos aducidos para ello.

El primer plano, obligado y a su vez sin mayor complicación, es el del gobierno del presidente Peña, a través de la Procuraduría General de la República; la información dada por Jesús Murillo, Procurador General de la República, indica que la dirigente Gordillo fue aprehendida por el “delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita [lavado de dinero]…, que fueron desviados de las cuotas que pagan los docentes a su organización gremial, y se emplearon para pagar cirugías, mantenimiento de aeronaves, entrenamiento de pilotos, pagos de tarjetas de crédito y compras en una tienda de artículos de lujo de Estados Unidos” (La Jornada, 27 de febrero).

El presidente Peña da su explicación: “El Procurador General de la República ha iniciado un proceso legal en contra de diversas personas, resultado de una investigación que hace presumible la comisión de diversos delitos del fuero federal… el proceso que se sigue es estrictamente legal… la actuación de la Procuraduría General de la República se realiza en defensa de los derechos del magisterio y del patrimonio de los maestros… [al inicio del video] la ley nos obliga a todos por igual, y nadie puede estar por encima de ella, ése es el principio básico del estado de derecho” (la Presidencia de la República refiere este video a YouTube).

En el análisis de perspectivas y explicaciones, la pregunta consecuente es ¿cómo saber si los argumentos indican un cambio, o coinciden con el cuadro general de la política priísta? La utilidad de esta respuesta nos llevaría a pasar de la superficialidad del discurso político, a la realidad cruda; es decir, ¿damos crédito a la información del gobierno federal de que la detención de la maestra y su proceso es estrictamente legal, de que se están defendiendo los derechos de los trabajadores, de que nadie puede estar por encima de la ley?

La respuesta a esta segunda pregunta nos lleva a considerar diversos referentes necesarios para enmarcar y comprender lo que sucedió, realmente, con la dirigente del SNTE, y, de esta manera, evitar quedarnos en la sorpresa noticiosa del nuevo gobierno; no obstante, es necesario asentar que el procesamiento de la dirigente sindical, en sí mismo, es una respuesta que la sociedad esperaba y que merece el reconocimiento de los ciudadanos hacia el gobierno federal.

Un primer referente es la posición tenida por el PRI en la reciente reforma laboral, que rechazaba las propuestas de elección de dirigentes sindicales, la transparencia y la rendición de cuentas; el senador Armando Neyra decía que no era momento para tal reforma (La Jornada, 13 octubre 2012), posición que contrasta con la muestra de celo sindical expresada por el presidente Peña.

Otros referentes: muchos candidatos a gobernador por el PRI recurrieron a la maestra Gordillo para poder consolidar sus triunfos, incluido el candidato Enrique Peña; el caso más significativo fue el gobernador de Coahuila, el profesor Humberto Moreira, quien, con el apoyo del gobernador del Estado de México, fue elegido presidente nacional del PRI.

El corporativismo ejercido por las organizaciones sindicales en la política mexicana, fue obra muy preciada de los gobiernos priístas; la larga permanencia de los dirigentes en los puestos directivos sindicales, fue impulsada por el priísmo, ya que en ellos encontraba una base sólida para su sustentación. Los excesos cometidos por muchos de estos dirigentes sindicales corporativistas –sobra dar ejemplos pues los seguimos viendo-, fueron tolerados y cubiertos por los gobiernos priistas, posición que contrasta con la mostrada en este caso con la maestra.

El control político priísta se basaba, por lo tanto, en el conocimiento de esos excesos, ya que se convertían en la posibilidad de la inhabilitación y la sanción del dirigente sindical, cuando fuera necesario hacerlo; este recurso también fue utilizado contra otros políticos priístas, incluidos gobernadores.


Entonces, ¿qué sucedió con la presidenta vitalicia de los maestros? Recordemos el referente del anterior dirigente petrolero, Joaquín Hernández Galicia (no obstante que en sus declaraciones se ha considerado diferente): en tiempos del presidente Miguel de La Madrid, La Quina se atrevió a cuestionar el poder presidencial respecto a la política petrolera, y, posteriormente, cuestionar la candidatura presidencial de Carlos Salinas de Gortari. La respuesta de Salinas, una vez llegado a la presidencia de la república, fue incriminar a Hernández y destituirlo del liderazgo del sindicato petrolero. El motivo jurídico también fue la comisión de delitos federales.

En otras palabras, los actuales dirigentes sindicales, por ejemplo, petrolero, de telefonistas, de trabajadores al servicio del estado, de ferrocarrileros, de la CTM, o ex gobernadores como Moreira o Granier, podrán estar tranquilos y no temer acciones penales, ya que mientras no cuestionen u obstruyan el poder presidencial, sus excesos serán tolerados y cubiertos bajo diferentes excusas (dígase lo mismo con empresarios de telecomunicaciones). En el caso del senador Carlos Romero Deschamps, y a su coordinador de bancada, Emilio Gamboa, en entrevistas televisivas, dice que el dirigente petrolero está tranquilo y que no tiene nada que ocultar. Gamboa agrega que si alguien tiene alguna prueba contra él, que presente la denuncia. Estas respuestas ya nos indican el porqué de la actuación para con Gordillo.

¿Por qué van a procesar a la maestra Elba Esther? ¿por sus excesos? O porque se atrevió a cuestionar y obstruir el poder presidencial aplicado a la reforma educativa. Si el plan renovador del presidente Peña es como lo afirma, los ciudadanos lo podremos apreciar en el corto plazo.


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