El juez federal Alejandro Caballero Vértiz notificará este lunes el auto de formal prisión en contra de la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales, por su probable responsabilidad en operaciones de procedencia ilícita, aunque hasta el cierre de esta edición el juzgador analizaba decretar la libertad por falta de elementos para procesar a la maestra por delincuencia organizada, revelaron fuentes del Poder Judicial Federal (PJF).
Las mismas fuentes indicaron que el juez ya tiene listo el proyecto de resolución –que firmará en el transcurso de este lunes– con el cual sujetará a proceso a la maestra al menos por uno de los dos delitos que le imputa la Procuraduría General de la República (PGR), lo que implicará que Gordillo permanezca en prisión.
Aunque aún se puede modificar el sentido del proyecto, son prácticamente inexistentes las posibilidades de que el fallo judicial favorezca a Gordillo, pues en todo caso, si el juez cambia la redacción del documento, será para incluir el cargo de delincuencia organizada en el auto de formal prisión –que ayer ya estaba listo–, indicaron los funcionarios del PJF consultados.
Por otra parte, ayer el juez Caballero Vértiz multó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Alberto Bazbaz, así como a otros funcionarios de esa dependencia, por incumplir con un ordenamiento del mismo juzgador para que acudieran durante el fin de semana a las instalaciones de un juzgado en el Reclusorio Oriente, como parte de las pruebas de descargo que solicitó la lideresa magisterial.
Según el abogado Rigoberto González, defensor de la maestra –entrevistado al abandonar el área de juzgados del reclusorio–, los funcionarios de Hacienda no se presentaron al juzgado sexto de distrito de procesos penales federales ni enviaron algún justificante para su ausencia, por lo que el juez procedió a multarlos.
Una vez que concluyó la audiencia de ayer, autoridades penitenciarias del Gobierno del Distrito Federal trasladaron a Gordillo de vuelta a la torre médica de Tepepan, ubicada en el reclusorio femenil de esa zona.
A decir del litigante, las ausencias de los funcionarios de la SHCP afectan a Gordillo Morales, pues la idea era hacer que cayeran en contradicciones al momento de ser interrogados en el juzgado, por lo que ahora el juez sólo podrá resolver la situación jurídica con base en lo que obra en el expediente.
Expuso que una de las pruebas con las que pretende demostrar la inocencia de la lideresa sindical es un dictamen pericial en contabilidad, que supuestamente comprueba violaciones a la Ley Federal de Instituciones de Crédito en que habrían incurrido los funcionarios de Hacienda al hacer sus imputaciones contra la profesora chiapaneca.
Dijo que el dictamen presentado se basa en las violaciones al artículo 100, que rige a las instituciones de crédito, por falta de fundamentación de los que certificaron los documentos presentados, porque no aparece su autorización, como señala la ley, y tampoco el cargo con el que hicieron esas certificaciones.
Precisó que los recursos que supuestamente lavó la maestra, con el apoyo de personas de su confianza, son de procedencia lícita y no derivan de desvíos de recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El abogado González dijo desconocer si se han efectuado nuevos cateos en propiedades de su defendida y aclaró que tampoco sabe si le han congelado alguna cuenta bancaria.
Funcionarios de SHCP, ausentes en el juzgado
Precisó que ni Bazbaz ni el director general de la UIF ni los representantes de dos empresas implicadas acudieron a ampliar su declaración, como les fue ordenado por el juez. En las diligencias, que empezaron a las 11 de la mañana, los abogados presentaron un dictamen en materia contable a fin de probar que los recursos tuvieron un origen y un uso lícito.
La PGR capturó el pasado martes en el Aeropuerto Internacional de Toluca a la dirigente del SNTE, por supuesto lavado de al menos mil 978 millones de pesos procedentes de las cuentas del gremio.
