En México, salvaguardar la seguridad y la integridad de los ciudadanos es lo que menos importa al gobierno impostor de Enrique Peña Nieto a quien se le ha entregado la facultad para detentar el monopolio de la violencia legítima a sabiendas que la cultura de la legalidad es refractaria a la clase política del partido que le compró la presidencia de la república. Con el regreso del PRI a Los Pinos, la prevención del delito se ha transformado en un “cuento mágico” que los gobernantes tricolores contarán a la ciudadanía a través de los medios masivos de comunicación para venderlo como producto milagro. Con este propósito, el ejecutivo federal instaló el martes pasado en Aguascalientes, la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el parque Centro de Educación Ambiental, Cultural y Recreativo “El Cedazo” acompañado por los titulares de las nueve secretarías de Estado que colaborarán en esa estrategia de la prevención del delito cuyo objetivo es “construir juntos un país en paz”. Si Peña Nieto tomó como referencia lo que en Aguascalientes “se anuncia y no se hace” en materia de prevención del delito, pobre pueblo. Si los patéticos discursos de la alcaldesa Lorena Martínez que no receta a diario por radio y televisión sirvieron de guía al Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong para presumir que con la puesta en marcha de este programa se van a revertir los escenarios de violencia, pobre Aguascalientes. Si se pretende convertir la prevención social en un “movimiento colectivo para alentar la convivencia pacífica entre los mexicanos de hoy y de mañana” con modelos como la “Línea Verde” , pobre país. Nos queda claro que más allá de la podredumbre intelectual del gabinete, la prevención del delito frente al fenómeno del crimen organizado se tiene que reforzar con una verdadera Justicia Penal que resuelva de fondo no solamente los delitos vinculados al narcotráfico sino a la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, tráfico de armas, lavado de dinero y otros delitos que constituyen una barrera al desarrollo social, económico y político de la sociedad.
Según cifras oficiales, en “México existen alrededor de 350 mil elementos de policía que forman parte de mil 661 corporaciones en los tres órdenes de gobierno. El 89.3% de los cuerpos policiales preventivos a nivel nacional pertenecen a los ámbitos estatales y municipales, y son los que tienen mayor contacto ciudadano. En tanto, la policía de investigación representa apenas el 10.7%, con 37 mil 493 efectivos a nivel nacional”.
Desde la instauración del mando único policial en Aguascalientes, el gobernador del estado, José Carlos Lozano de la Torre, asumió en exclusiva el control absoluto en materia de seguridad pública y en consecuencia, las estrategias, logros y desaciertos han sido responsabilidad del ejecutivo estatal. Bajo este contexto, los municipios renunciaron lisa y llanamente a las facultades y obligaciones expresamente señaladas en la Carta Magna, vulnerando su autonomía al someterse a una estructura de mando único de cuerpos policiacos centralizador de los esfuerzos de operación y combate a la inseguridad. Si bien es cierto que el artículo 115 constitucional, en su fracción III, permite establecer los mandos únicos en las regiones donde se consideren viables, esto debe ser por la vía de la coordinación y no la subordinación de los municipios.
Una de las principales motivaciones que el gobierno calderonista formuló al crear el mando único fue reconocer que las policías municipales eran las más vulnerables ante el crimen organizado, mismo que supo aprovechar la ineficacia e incompetencia de los cuerpos policíacos al grado de corromperlos e infiltrarlos. Según Mayolo Medina Linares, ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y actual consultor en la materia, esa reforma constitucional que establece el mando único en cada estado de la República destruye “la célula básica del país, que es el municipio, ignora la historia federalista de la nación y, además, es incompleta, porque no incluye los soportes técnicos e indicadores para poder evaluar si realmente daría una solución al problema de inseguridad y violencia provocada por el crimen organizado”. Cuando el Municipio de Aguascalientes aprobó unánimemente el mando único a cambio de recursos caídos de la federación, no sólo aceptaron tácitamente encontrarse en estos supuestos sino que quedaron al mando del Gobernador o de quien éste designara. Con ello el Mando Único Policial, además de trastocar al Municipio Libre, es regresivo, pragmático y reactivo que responde a todas luces, a la lógica de una economía de mercado más que de un Estado garante de las libertades y del desarrollo. El cuento de la prevención del delito con el otro cuento del mando único no van al fondo del conflicto que plantea la seguridad pública y la justicia. Estos cuentos tienen que ver con el retiro gradual de las atribuciones del Estado consagradas en la Constitución y en los tratados internacionales para saciar el apetito de la rapacidad neoliberal. ¡Señor Peña Nieto, no me contéis más cuentos!
