En su trabajo Deuda y gasto estatal ¿para qué? del Centro de Análisis de Políticas Públicas de México Evalúa, se consigna, en base a cifras oficiales, que los estados incrementaron en promedio un punto de PIB su deuda del año 2000 al 2010; siendo Coahuila, Quintana Roo y Nayarit los que más se endeudaron como porcentaje de su PIB. De hecho cada habitante del País debe entre 547.00 y 11, 948.00 pesos, según la entidad en la que habite. Si bien el Estado de Aguascalientes tiene el lugar 27 en población, cuenta con el sitio 24 en adeudos y, según el reporte, estos adeudos los han utilizado las entidades federativas con mayor profusión, para gasto corriente y subsidios que para gastos de inversión.
La creación del Ramo 33, redujo la importancia relativa de los ingresos propios de los estados desde 1998, con el incremento de las transferencias de la federación. También se transfirieron facultades y responsabilidades nuevas a los gobiernos locales, pero los recursos no han servido para solventarlas. México Evalúa consigna: los resultados del nuevo federalismo hablan de un alto costo con un bajo desempeño. Los estados han más que duplicado del 2000 al 2010 sus ingresos por transferencias y participaciones federales.
¿Qué han logrado?
El total de carreteras federales prácticamente ha sido el mismo desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tal vez con excepción de Durango, Chiapas y Oaxaca. Aún en las carreteras estatales sólo creció la infraestructura de comunicación en un 26 por ciento y sólo en algunas entidades, como Yucatán Guanajuato, Guerrero y Veracruz. En Aguascalientes el incremento ha sido muy marginal.
En algunos casos las deudas se han traducido en un incremento importante en redes de servicios faltantes, como agua potable y drenaje, particularmente entre los estados con mayor número de localidades de alta y muy alta marginación. Aguascalientes, desde los programas de Solidaridad, incrementó mucho su cobertura en servicios y es uno de los que cuenta con un porcentaje mayor de viviendas particulares que cuentan con agua, drenaje y energía eléctrica.
El aumento de las deudas estatales y municipales no se ha traducido en general en más y mejores servicios para la población. El gasto en educación se ha incrementado por 1.8 veces de 1995 al 2011; las transferencias por alumno aumentaron 2 mil 97 pesos en promedio en el país durante los últimos 10 años. En Aguascalientes el monto de las transferencias ha sido mayor al de la media, siendo los más altos Oaxaca y Zacatecas (3 y 4 mil pesos) y los menores: Quintana Roo y las Baja Californias, por debajo de mil pesos.
En específico, de 1995 al 2010, la inversión educativa se tradujo en 2.3 años adicionales en escolaridad; 2.4 en el caso de Aguascalientes, pero aquí el año adicional educativo se obtuvo a un costo mayor al costo promedio nacional, incluso muy por encima de lo invertido por alumno en Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí. Hay que señalar que algunos estados gastan hasta el triple de otros, para lograr un avance similar (Guanajuato vs Baja California Sur son los extremos) y en términos de calidad los avances son exiguos.
En Oaxaca, nueve de cada 10 alumnos presentaron en el examen “ENLACE” un nivel entre “insuficiente” y “elemental”. El único estado en donde los alumnos en más de un 50 por ciento obtienen niveles de “bueno” y “excelente” es el estado de Sonora; el resto se encuentran con sólo cuatro o tres de cada 10 con estos niveles (37 por ciento nacional) Aguascalientes se encuentra a media tabla.
También tenemos el problema en México y Aguascalientes de que sólo una minoría de los adolescentes en edad de acudir a la preparatoria se encuentran matriculados en algún plantel, contra un mejor porcentaje en Brasil, Chile o Costa Rica. Un reto inmediato consiste en proveer de educación media y media superior a la población.
Incluso el gasto en servicios médicos se ha incrementado notablemente en los últimos 15 años, pero este gasto público es tan ineficiente que no ha sustituido al gasto privado en materia de salud (48 por ciento público vs 52 por ciento privado) lo que sería muy valorado por las familias, dado el carácter catastrófico de gran parte de los gastos médicos. Aunque hay que abonarle que ha beneficiado en forma importante a la población sin cobertura (Seguro Popular) en Aguascalientes el índice de eficiencia (usando método DEA de Data Envelopment Analysis) es menor al del promedio nacional con y sin seguridad social.
México Evalúa reconoce méritos del sector salud, como una sustantiva reducción de la mortalidad infantil, pero manifiesta preocupación por tener 2.3 médicos por cada mil habitantes y haber reducido el número de camas también por cada mil personas de 1995 al 2010. Los especialistas proyectan que en México el gasto público y privado en salud continuará a la alza durante las próximas dos décadas, pero el público crecerá de 600 mil a 900 mil millones de pesos; cuando el gasto privado deberá incrementarse de manera tal hasta aportar otros 900 mil, para llegar a 1 billón 800 mil millones de pesos, sin que en el análisis se perciba una mejora sustantiva en los próximos resultados.
¿Qué se necesita?
Se requiere mayor observación, más control y mejor rendición de cuentas.
Las recomendaciones de México Evalúa parecen de lo más pertinentes:
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Ajustar el reglamento del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, solicitando un registro completo, confiable y actualizado de los financiamientos, pasivos y obligaciones adquiridas por los estados. La Secretaría de Hacienda y la CNBV deben dar este seguimiento.
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Que los congresos estatales corroboren que los recursos se utilicen en proyectos soportados por sus anteproyectos, con horizontes de tiempo, retorno esperado y objetivos concretos y medibles.
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Evaluaciones antes y después de programas federales para medir su impacto y replicar las experiencias exitosas atendiendo rezagos específicos y para no repetir aquéllas que no resultaron. Atender las recomendaciones de la ASF y Coneval a este respecto es un primer paso.
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Impulsar el Sistema Nacional de Fiscalización que permita conocer con oportunidad la información, reportes, auditorías y recomendaciones de los órganos de control y fiscalización superior de los estados y la federación al respecto del ejercicio de recursos.
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Mejorar el desempeño de programas específicos y la coordinación intergubernamental con una Ley de Presupuesto y Gasto Federalizado que ayude a fortalecer las finanzas públicas locales a la vez de elevar la calidad del gasto.
En resumen: el asunto de las deudas y los problemas de eficiencia en el gasto requieren mayor control y mejor evaluación por parte de:
• Autoridad federal
• Autoridades estatales
• Órganos de Control y Fiscalización Superior y
• Ciudadanos
