Durante los últimos meses, la ciudadanía española ha asistido a una interminable serie de revelaciones de presuntos actos de corrupción que involucran a integrantes de los tres poderes de gobierno así como a miembros de partidos políticos, del sector privado e incluso de la monarquía. Ello en momentos en que el país enfrenta la mayor crisis económica y social de la época democrática. Una encuesta realizada recientemente entre la población ibérica por la empresa Metroscopia indica que el 96 por ciento considera que “hay mucha o bastante corrupción” en la vida política española.
Italia enfrenta una situación similar: casos clamorosos de cohecho en los que se han visto envueltos dirigentes de importantes partidos políticos, connotados empresarios y banqueros así como funcionarios públicos, lo que crea un marco que evoca el ambiente que vivió el país hace dos décadas cuando a través de la operación Mani pulite se procesó a una extensa red de corrupción en la que participaban miembros de importantes grupos políticos y empresariales.
Contra lo que se pudiera pensar, en Europa los casos de corrupción afectan a un extenso número de países, incluso en algunos pareciera que esta práctica ha echado raíces. El Índice de Percepción de la Corrupción 2012 de Transparencia Internacional, constituye un importante termómetro respecto a las significativas diferencias que prevalecen en este terreno entre los países del Viejo Continente. Así, mientras Dinamarca, Finlandia y Suecia -“con robustos sistemas de integridad”- ocupan respectivamente el primero, segundo y cuarto lugar de las naciones más virtuosas; Italia se ubica en la 72ª posición; Bulgaria en la 75ª y Grecia en la 94ª; este último país compartiendo sitio con Senegal y Djibouti.
Dicha ONG publicó recientemente el estudio Money, politics, power: corruption risks in Europe, que evidencia el grado de penetración que las prácticas ilícitas han alcanzado en diversos sectores de la sociedad del Viejo Continente. Ello, considerando la corrupción en un sentido amplio, no sólo en término de sobornos y de tráfico de influencias, sino también en aspectos como el traslape de actividades e intereses públicos y privados de funcionarios gubernamentales.
El estudio -que evalúa el nivel de transparencia en 25 naciones- estima que en el continente prevalecen, grosso modo, dos diferentes enfoques hacia la corrupción los cuales parecen estar marcados por la geografía y por variables culturales. En tal sentido, resaltan los significativos retos que confrontan en este campo algunos países de Europa Central y Oriental, al tiempo que advierte que varias naciones mediterráneas “enfrentan serios déficits de transparencia en sus sectores públicos, además de problemas de ineficiencias, malas prácticas y corrupción las cuales no son suficientemente controladas ni sancionadas”.
El documento añade que frecuentemente en algunos de los países mediterráneos más afectados por la corrupción, ciertas prácticas indebidas son vistas como legales, aunque no éticas; siendo los sectores más vulnerables los partidos políticos, las administraciones públicas y el sector privado. El estudio reconoce que sólo Noruega y Suecia disponen de mecanismos adecuados para prevenir los actos de corrupción.
En términos sociales, una de las más serias implicaciones de estas prácticas es la pérdida de confianza de los ciudadanos, expresada a través de rechazo o indiferencia hacia la actividad política, lo cual en última instancia contribuye a minar la credibilidad en el sistema democrático. Pero también la corrupción tiene sus consecuencias en el terreno económico, no sólo en términos de costos sino también en tanto que genera desconfianza por parte de los inversionistas. Por ello, Transparencia Internacional estima que el apego a la legalidad constituye un elemento esencial en las aspiraciones de desarrollo de toda sociedad.
Evidentemente que la presencia de un marco legal adecuado para combatir la corrupción no basta, se requiere de un enfoque integral que incorpore procedimientos transparentes, instancias sancionadoras efectivas y medios de control que involucren a toda la sociedad. La presencia de un contexto social que valore la ética y los principios constituyen otro elemento decisivo. En este marco, los medios de comunicación juegan un papel central en términos de ayudar a transparentar y de concientizar al ciudadano respecto a la importancia de reconocer el valor del bien común, de aceptar y reconocer la relevancia de la responsabilidad, de la ética del actuar correctamente.
Desde un punto de vista jurídico y social la ausencia de medidas sancionadoras contra actos de corrupción, crea impunidad y contribuye a reforzar este tipo de prácticas. Desde la perspectiva ética, el relativismo y la flexibilidad con los que la sociedad actual percibe algunos tipos de comportamiento ilícitos favorece la corrupción. Algunos sociólogos contemporáneos, como Giner recuerdan al respecto que la responsabilidad moral siempre tiene una dimensión individual, incluso en situaciones en las que prevalezcan estructuras perversas.
Valencia, España, febrero de 2013
