Los procesos electorales en nuestro país viven, todavía a la fecha, una notable indefinición; con las reformas políticas y electorales iniciadas en el año 1978, los partidos políticos fueron ganando en las elecciones posiciones estatales y federales que, a su vez, también les fue permitiendo participar en la confección de las mismas reformas electorales.
En la medida en que ha crecido la participación de los partidos políticos en la elaboración y reforma de las leyes electorales federales y estatales, se ha ido avanzando –no obstante la indefinición de los procesos actuales- en el mejoramiento de las elecciones; la indefinición la percibo a través de varios puntos que cotidianamente se están presentando, por ejemplo, en el proceso electoral que estamos viviendo en Aguascalientes. Por supuesto que no es una indefinición en el texto de la ley, sino en las implicaciones no resueltas que presenta la acción política en el proceso electoral.
No obstante la precisión de las etapas del proceso electoral y los tiempos de campaña, pareciera –ya en la acción misma- que no se acatan sus tiempos, según lo denuncian algunos actores partidistas; el motivo de las quejas de estos actores se debe a que consideran que algunos otros actores partidistas están ya en actividades y actos de campaña.
La diputada priísta, Citlalli Rodríguez, señala que “las dirigencias de partido han fallado por no poner freno al proselitismo en Aguascalientes; desde allí viene el problema de las precampañas disfrazadas” (LJA, 23 enero), al mismo tiempo que en esa misma edición aparece la foto de un evento realizado por Roberto Tavarez, en el que se reunió con mil 200 ex compañeros del Municipio de Aguascalientes.
De la misma forma, el dirigente estatal del PRI, Guadalupe Ortega, hace ya algunas semanas, acusó al delegado federal de la SCT, Enrique Peralta, de haber pedido dinero a empresarios constructores para apoyar los actos de campaña anticipada de Antonio Martín del Campo, declaración que fue cuestionada por correligionarios como el diputado Mario Guevara, y por el dirigente empresarial de constructores.
En diversos espectaculares de la ciudad, desde hace ya tiempo, hemos observado las fotografías que presentan, curiosamente, a políticos que ahora buscan alguna candidatura: Paco Guel, Antonio Martín del Campo, Enrique Rangel, Alejandro Alba, José Luis Novales y Rubén Camarillo, considerando también el letrero de qué suma Tavarez. Algunos de estos espectaculares son de revistas sociales, y otros son de informes presentados debido a sus actividades políticas. Otros espacios donde suelen presentar publicidad son los medallones de los camiones urbanos y las bardas.
La discusión de si estas actividades son legales o no, de si deben ser impugnadas o sencillamente dejarse pasar, también la apreciamos en medios de comunicación; ante la respuesta de Óscar López Velarde, Secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, ratificando sus aspiraciones a la alcaldía capitalina afirma que “andan muchos acelerados” (LJA, 31 Enero), nuestro compañero Carlos A. López le pregunta: “¿le parece ético que ya haya acelerados?” (LJA, 31 enero). Es decir, el aspirante pide que haya apego a la normatividad.
El panorama que apreciamos, por lo tanto, muestra dos posiciones con un solo trasfondo. Las posiciones son muy sencillas: la primera es que -dicen los aspirantes- las acciones que realizan, no son actos de precampaña; y, la segunda, que cada uno de ellos y sus partidos, afirman que están cumpliendo la ley electoral. El trasfondo en todos es que, efectivamente, externan sus aspiraciones y se mueven para ganar la candidatura de sus partidos a la presidencia municipal de Aguascalientes.
En este tenor, la “Presidenta del IEE declara no contar con ninguna denuncia de actos anticipados de precampaña; los partidos políticos tendrían que anteponer una queja, de otra manera no se puede sancionar; Georgina Barkigia supone que los partidos esperarán a registros oficiales para levantar alguna acusación” (LJA, 27 enero).
En la presente reflexión podemos agregar otro dato interesante respecto a las pistas desde donde se expresan las quejas: entre los mismos partidos, y dentro de cada partido, particularmente el PAN y el PRI. La significación de este punto es que, en ocasiones se busca evidenciar a otro partido por realizar los supuestos actos de precampaña; y también sucede que dentro de un mismo partido se pretende evidenciar con la queja a un determinado aspirante. En el PRI encontramos resumidamente dos grupos: el del gobernador del estado y el de la presidenta municipal de Aguascalientes. En el PAN es más complejo, porque cada uno –en un primer momento- considera que puede aspirar, aunque sea solo; ya en un segundo momento se destacan los aspirantes por grupos.
En este horizonte encuentro varios puntos que considero importante comentar: uno es el que las leyes y reglas todavía no están en el “quicio” necesario para abrir los espacios indispensables para permitir la libre competencia interna en los partidos políticos. Vivimos la incertidumbre de “los actos anticipados de campaña” que son sancionados por la ley, y ponen a los aspirantes en manos de las denuncias presentadas por otros partidos políticos.
Otro punto es que los partidos políticos tienen que mover a sus aspirantes tanto “por debajo de la mesa” como por fuera de los espacios partidistas, como hoy son moda las revistas sociales; este condicionamiento, no obstante las acciones que lleven a cabo los aspirantes, no facilita que puedan darse a conocer a los ciudadanos como tales.
El siguiente punto es que los ciudadanos, desde sus puntos de observación, se confunden y también son confundidos; por un lado escuchan a los aspirantes, y, por el otro, en la opinión pública también escuchan que no debe ser así y que están violando la ley.
Como punto final, todos los políticos pueden y tienen justificación de aspirar a cargos de elección; de ahí la necesidad de que las leyes electorales se perfeccionen y que sean una regulación idónea y adecuada que favorezca, con transparencia y libertad, tener mejores gobernantes.
