- SESNSP evaluó lo ejercido durante 2011, la entidad se colocó en el peldaño 26
- Promedio nacional de cumplimiento fue de 65.2%. La entidad obtuvo 45.5%
Al concluir -durante el último trimestre de 2012- la revisión del Informe Anual de Evaluación de los recursos ministrados al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2011, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) determinó que Aguascalientes y otras 28 entidades adolecían de la supervisión de dicha bolsa, pues el promedio nacional de “cumplimiento” fue de 65.2 por ciento.
Dentro de un ranking que no contempla a Yucatán, Veracruz y San Luis Potosí, pues éstos no realizaron informe alguno, Aguascalientes se ubicó en el sitio número 26, con 45.5 por ciento.
El Informe Anual de Evaluación, según el propio SESNSP, tuvo por objeto “dar cumplimiento a la obligación constitucional y normativa derivada de evaluar y transparentar el resultado del ejercicio de recursos federales a cargo de estados, municipios, el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales”.
El lunes 30 de enero del año pasado, la Secretaría de Finanzas publicó en el Periódico Oficial la Cuenta de la Hacienda Pública de Gobierno del Estado. En el documento se indica que a través del FASP, en 2011 ingresó a Aguascalientes un “acumulado” de 114 millones 720 mil pesos.
Un total de 37.9 millones llegaron a este fondo producto de una reasignación federal firmada precisamente en 2011.
Con el 45.5 por ciento logrado en esta evaluación, Aguascalientes sólo superó al estado de México (43.8 por ciento), Tabasco (38 por ciento) y Colima (18.3 por ciento).
En lo tocante a transparentar el destino y la ejecución de los recursos la entidad se colocó a casi 20 puntos por debajo de la media nacional, no obstante al haber presentado de manera oportuna información sobre los 33 “programas obligatorios” del ramo de la seguridad pública.
Coahuila fue destapado como el estado con “el mayor nivel de incumplimiento… al no entrar al estudio del 26 por ciento de sus programas con inversión 2011”.
Tras analizar estos 29 informes, y toda vez que la mitad no contenía la evaluación por programa o proyecto en apego a lo estipulado por la Federación, el SESNSP determinó que se quebrantaba otro de los objetivos de derivados del FASP, ya que “con este nivel de cumplimiento no es posible técnicamente elaborar conclusiones representativas respecto de los resultados e impactos generados con la inversión de recursos federales para la seguridad pública durante el año 2011”.
El mismo órgano señaló que en el 80 por ciento de los documentos generados por los estados había “desviaciones”: “es decir, no se ejercieron al 100 por ciento los recursos programados y/o no se alcanzaron las metas comprometidas”.
Antes de recibir una ministración federal cada entidad se compromete a contratar un auditor externo que indague sus programas en materia de seguridad pública. Sólo la cuarta parte de estos actores investigó la causa de las “desviaciones” en comento.
A su vez el Secretariado Ejecutivo enfatiza que los estados no se esfuerzan por desentrañar el entorno de los delitos menores.
La mayor deficiencia se encuentra en el “comportamiento de la incidencia delictiva del fuero común”; en la mayoría de los casos únicamente se transcribe la estadística pública, sin entrar al estudio de la relación que existe entre los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la tendencia observada”.
Se patentiza también que la mayor parte de estos sujetos no redactó objetivos o estrategias que a la postre facilitaran la toma de decisiones.
“Es importante señalar que el 93 por ciento de las entidades federativas aún registra ejercicio de recursos federales comprometidos en ejercicios anteriores”.
Por último el SESNSP declara que los revisores externos sufren “limitaciones técnicas” que les impiden medir la efectividad de la aplicación del dinero público y que, a la par, estos personajes alegan que tanto secretarías de seguridad como procuradurías generales no están comprometidos con la obligación de evaluar los programas puestos en marcha.
Una de las recomendaciones emitidas por esta dependencia de la Secretaría de Gobernación fue la de “cambiar el paradigma del Informe Anual de Evaluación como un requisito a cubrir, por el de una valiosa herramienta para la toma de decisiones en la entidad, que le permitirá impactar en los servicios que se brinda a la ciudadanía”.
