Se ha reconocido que tal vez uno de los muy escasos logros de un gobierno fallido como el del hoy ex panista Vicente Fox, fue la reforma y adición al artículo 6° Constitucional, que introdujo la transparencia a nuestro texto constitucional:
“Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad…”
Así se elevaba al rango de garantía individual y luego a la categoría de derecho fundamental de los gobernados. Lamentablemente, los cambios en la realidad social de un país con añeja experiencia en la materia, no ocurren sólo con el cambio de las reglas del juego, ni con los cambios de gobierno, y ni siquiera ni con la instauración de comisiones novedosas.
A la luz de una multiplicidad de estudios y diversas evaluaciones de organizaciones gubernamentales, ONG e instituciones nacionales e internacionales dados a conocer recientemente, la transparencia, después de 12 años de gobiernos de alternancia en México, no sólo no aumentó, sino que ni siquiera se mantuvo; y para ser más precisos decreció. Es decir, México es un país menos transparente y más corrupto que hace 12 años según diversos indicadores. Así, según la organización Transparencia Internacional, que mide anualmente algo que ellos denominan: “precepción de la corrupción”, México se situaba en el último año de la administración de Zedillo en el lugar 70 del ranking que mide la corrupción de 176 países. Hoy, más de 12 años después, se sitúa en el lugar 105.
Así por ejemplo, según el Consejo Coordinador Empresarial, el costo de la corrupción duplica al de las ganancias del crimen organizado, lo que significa más o menos el 10 por ciento del valor total de la economía mexicana. Por su parte, la ONG No Money Laundring, cifra en el 5 por ciento del PIB las ganancias de los grupos criminales de diversa índole. Y por si hiciese falta mayor confirmación, allí está el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, donde México ocupa un lugar más que modesto en todos los indicadores evaluados, tales como: derecho de propiedad, protección de patentes, desvío de fondos públicos, favoritismo de autoridades, sobornos o independencia judicial (La Jornada, 17 de abril de 2012).
Para el Centro de Estudios del Sector Privado el costo de la corrupción en México es de 1.5 billones de pesos al año. Y no se piense que el fenómeno es privativo de las instituciones públicas. Por ejemplo, según el influyente diario The New York Times, la trasnacional Walmart México propuso y realizó pagos ilegales por 24 millones de dólares entre 2002 y 2005 para facilitar toda índole de trámites locales (CNN, El Fantasma de la Corrupción, 18 de julio de 2012).
Por su parte, el indicador de Gobernabilidad del Banco Mundial reporta que el control de la corrupción en México disminuyó en más de cinco puntos entre 2008 y 2010 (ADN Político, ¿Cuánto le cuesta la corrupción a México?, abril 5, 2012). Según el Imco, en 2010 sólo seis entidades de 32 desglosaron en su presupuesto de egresos el número de plazas en la administración local.
¿Cómo anda Aguascalientes en este universo de transparencia y corrupción?
El estado aparecía bien evaluado en la medición de Transparencia Internacional en el ya un poco lejano 2007, donde el peor evaluado fue el Estado de México, con un índice de 18.7, y Aguascalientes en el lugar 31, con 4.7.
Por otra parte, y de manera más reciente, para Price-Waterhouse, en el estudio México y sus estados de oportunidad 2012, Aguascalientes ocupa un lugar mediano en materia de transparencia, con un índice poco encima del 60, donde el Valle de México, como región por ejemplo, excede los 80 puntos.
En diferente escala de medición, la del Instituto Mexicano de la Competitividad, (Imco) el Municipio de Aguascalientes en transparencia anda en 73.5, en el lugar siete de 18 municipios analizados, con importantes retos y oportunidades por concretar que en dicho estudio se describen a detalle. Así, si nos atenemos al estudio en mención, Aguascalientes estaría por encima de la media, en el lugar ocho del ranking por entidades en 88 indicadores analizados. Históricamente, la ciudad alcanzó el puesto cinco en el ranking de 2006, para bajar después al noveno puesto en 2007 y 2008.
Sin embargo, algunos retos importantes en transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción están hoy a la vista: dotar de autonomía constitucional a los organismos garantes de los derechos fundamentales a nivel local es una asignatura pendiente, lo mismo que “despolitizar” su función pública. Hay que adaptar también la contabilidad pública y privada a los protocolos de la Convención de Palermo (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional) en materia de crimen organizado y a la Convención de Mérida (Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción) en materia de corrupción y rendición de cuentas; ambos tratados internacionales de los que México es parte signante y que han quedado relegados por falta de interés de los gobiernos de la alternancia en su seguimiento y adaptación al régimen interno, pero que en términos de nuestra constitución forman parte vigente de nuestro sistema normativo al mismo nivel que la Constitución. Y éso es sólo para empezar. Agradezco a los amables lectores su constante retroalimentación y comentarios durante este 2012 que casi termina. Felices fiestas y nos encontramos en enero próximo.
