Los medios de comunicación constituyen un elemento fundamental en el desarrollo nacional y, sobre todo, en la vigencia y profundización de la democracia, la institucionalidad y la gobernabilidad.
El periodismo es, ante todo, un servicio público. Por tanto, su ejercicio cotidiano implica una enorme responsabilidad social, cultural y ética. Precisamente a lo largo de estos cuatro años, La Jornada Aguascalientes ha cumplido a cabalidad con los mandatos ciudadanos a través de tres pilares imprescindibles: la honestidad, la confianza y la credibilidad, razón por la cual le expreso a Francisco M. Aguirre Arias y a todos quienes conforman el diario, mis más sinceras felicitaciones.
Ya entrando en el tema del día de hoy, le comento que el pasado 22 de noviembre participé en las conferencias organizadas por la Organización de la Democracia Cristiana de América, en la ciudad de Lima, Perú. El tema que escogí fue “La seguridad ciudadana como tarea legislativa”, pues es un tema latente y preocupante, en América Latina y el Caribe y en donde para nadie es un secreto que la inseguridad es un flagelo que ha avanzado a pasos agigantados y que ésta es la región del mundo con la mayor tasa de homicidios por habitante: 27.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras África, ocupó el segundo lugar con 22.2 homicidios, en tanto que el promedio mundial fue de 8.8 homicidios en el año 2000.
Por ello la percepción ciudadana refiere que en la región no funciona el Estado de Derecho en razón de que no se cumplen las leyes. En un rango en el que 1 significa que ninguna ley se cumple y 10 significa que todas las leyes se cumplen, en 2004 la región registró una opinión de 4.5 obteniendo la más alta calificación de 5.4 Chile y Colombia, y la más baja de 3.7 Paraguay, seguida por 3.8 de Guatemala, 3.9 Brasil y Perú. México registró un promedio de 4.8.
Con relación a este último factor me gustaría destacar la pérdida ciudadana de la confianza en las instituciones en la región. Por ello los asuntos que deberán ser evaluados, en mi opinión, son: escalamiento de los niveles de violencia en donde se ha acrecentado por la disputa por el control de plazas, rutas, territorios, por el cobro del paso de drogas, el tráfico de personas, autos robados y contrabando.
Cobrando por ello particular importancia el hecho de que una de las primeras leyes, marco que consolidó el Parlamento Latinoamericano, a través de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado, fue la Ley Marco de Armas de Fuego, Munición Y Materiales Relacionados, en 2008, con la cual se recomienda a todos los gobiernos de la región el fortalecer y actualizar su legislación en la materia, adoptando todas las recomendaciones hechas hasta esa fecha por los principales expertos en la convenciones y tratados internacionales encaminados a regular y controlar el uso indiscriminado de las armas de fuego.
El hacinamiento en los centros penitenciarios de nuestros países por un crecimiento de las actividades delictivas, el número de delincuentes procesados y sentenciados y la falta de inversión en este sector, ha dado lugar a la formación de autogobiernos y pérdida de control gubernamental sobre los reos. En respuesta se han implementado políticas de reducción de penas, preliberaciones e incluso indultos, mediante los cuales se ha buscado la despresurización de las cárceles. Esta política ha derivado en un problema de mayores sobornos y corrupción entre los encargados de llevar a cabo los programas de preliberación al no contar con un control y sanciones sobre los mismos.
Un ejemplo de la magnitud del problema lo tenemos en la Ciudad de México, donde la Subsecretaría de Sistema Penitenciario desconoce el paradero de mil 874 reos a quienes les fue concedido algún beneficio de libertad anticipada, y que entre enero del 2011 y septiembre de 2012 dejaron de firmar cada mes ante la dependencia para dar seguimiento a su caso. La dependencia tampoco sabe nada de otros 4 mil 5 que incumplieron su compromiso desde 1998. Existen sentenciados preliberados que tienen más de 14 años que dejaron de firmar mensualmente como los obliga la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social y que aún no son reaprehendidos.
La falta de cumplimiento de la ley, por parte de las autoridades, al no castigar de manera clara y contundente los delitos, provoca una serie de contradicciones de parte de los gobiernos al quedar rebasadas las policías locales y a veces nacionales por la violencia de la delincuencia en todos sus tipos.
En lugar de obligar al cumplimiento de los preceptos legales se recurre al uso de las fuerzas armadas en auxilio de la autoridad civil y no se castiga a aquéllos que por omisión o corrupción permitieron este fenómeno.
Se deja permanentemente a las fuerzas armadas con la misión de prevenir, perseguir y detener a los delincuentes, sustituyendo en definitiva a las policías responsables de estos trabajos y a sus mandos que no cumplen con las leyes que ordenan la depuración, profesionalización y certificación de todos los miembros de los cuerpos policiacos. En la región sigue creciendo la implementación de las estrategias militares contra la delincuencia organizada.
En los lugares neurálgicos el dinero sucio fortalece a los grupos criminales en la compra de voluntades imperando la ley de la “plata o plomo”. Tampoco se castiga a las policías o funcionarios hacendarios que permiten el lavado de dinero, el enriquecimiento ilícito e inexplicable.
Por tanto, se necesita redefinir las estrategias para fortalecer a las instituciones civiles del Estado. De lo contrario seguirá creciendo la impunidad, la violencia y el empoderamiento de la delincuencia organizada transnacional en nuestros países.
El problema es especialmente agudo en las fronteras donde los policías de aduanas no son castigados por permitir el tránsito de la droga, el contrabando de armas y pertrechos. También a través de las fronteras se produce el tráfico de personas, que después del narcotráfico, es lo que más recursos reporta a los criminales.
Por tal motivo conviene legislar para dar fuerza a los grupos de coordinación interinstitucional en las fronteras, con la creación de unidades más especializadas en los asuntos de puertos y fronteras, incluso la creación de unidades de inteligencia fronteriza como parte del desarrollo institucional en nuestros países, además de mejorar los mecanismos de control sobre los responsables de concretar la seguridad en nuestras fronteras.
Estimado lector: los Congresos Nacionales se encuentran ante la disyuntiva de legislar sólo con la información de lo que sucede en sus países o bien tomar el camino de los acuerdos internacionales relacionados con este problema, muchas veces incumplidos, tomando en consideración que esta problemática no es igual en un país y otro.
Frente a ello es recomendable buscar el punto de equilibrio y adoptar una estrategia legislativa nacional cosmopolita; es decir, mantener los principios en los que se sustenta el derecho nacional y adoptar aquellos principios producidos por el derecho internacional que no se contraponen al primero y más bien lo enriquecen y favorecen.
