Fiel a su historia, el retorno del PRI a la Presidencia de México fue marcado por grandes contrastes. Por un lado, la puesta en escena de una realidad virtual que la radio y televisión montaron en la difusión de los momentos “más blancos” de la asunción de Enrique Peña Nieto y por otro la realidad brutal teñida de rojo expresada en la calles de la ciudad de México y las protestas que al interior del Palacio Legislativo realizara la oposición al lanzar billetes falsos al paso del presidente electo.
Así, entre luces y sombras, aplausos y violencia, transcurrió la toma de protesta de un presidente de cuello blanco que compró la presidencia para beneplácito del crimen organizado que desde la fundación del PRI se asoció a la clase política para introducir en el sistema financiero nacional las ganancias provenientes del narco. Desde entonces la cultura del narcotráfico ha impregnado los reflejos y el pensamiento de muchos gobernantes emanados de ese partido. La narcoeconomía en México se desarrolló con los gobiernos del PRI y de ello sobran estudios académicos, testimonios históricos e investigaciones periodísticas. Lo legal e ilegal se entrelazaron a través de bases, redes y circuitos delineados entre narcotraficantes y funcionarios públicos logrando una gran rentabilidad y una altísima tasa de acumulación de capitales que acabaron, más temprano que tarde, insertados “legalmente” en la economía, sociedad y sistema político con la aceptación de las élites y grupos dominantes. Ello explica el fracaso rotundo de la guerra genocida que Felipe Calderón sostuvo contra el narco a sabiendas de que enfrentaba a los mismos grupos e intereses que legitimaron su ascenso a la presidencia de la república.
Bajo este contexto, no extraña que Enrique Peña Nieto haya nombrado en su gabinete para ocupar la Sagarpa al ex gobernador de Coahuila Enrique Martínez y Martínez, quien fuera integrante del Tucom, mejor conocido como “Todos Unidos contra Madrazo” junto con los ex gobernadores del Estado de México, Arturo Montiel Rojas; de Hidalgo, Manuel Ángel Núñez soto; de Tamaulipas, Tomás Yarrington, y de Nuevo León, Natividad González Parás, mismos que lucharon para impedir que Roberto Madrazo Pintado obtuviese la candidatura y lanzar como candidato a Arturo Montiel Rojas, tío del hoy presidente de México.
Es del dominio público que desde el Penal del Altiplano, Osiel Cárdenas Guillén ordenó a Eduardo Costilla Sánchez El Coss y a Heriberto Lazcano El Lazca enviar varios millones de dólares a integrantes del Tucom para la precampaña del PRI en 2005, según lo revelara un ex colaborador del Cártel del Golfo en Estados Unidos.
Tampoco es casualidad el nombramiento de Miguel Osorio Chong, ex gobernador de Hidalgo, en la Secretaría de Gobernación, a quien se pretende delegar a su despacho las labores de inteligencia que hoy se encuentra bajo el control de la PGR. Hay que recordar que en 2010 fue acusado, según la revista Proceso 1745, de tener nexos con los zetas. Por alguna razón, el también ex gobernador de Hidalgo Jesús Murillo Karam fue nombrado Procurador General de la República. Analizando su perfil, muchos aseguran que lo que más le importa no es procurar justicia, sino pacificar las revueltas de las redes del narcomenudeo y el trasiego de drogas de los distintos cárteles que se disputan el control de las principales plazas del territorio nacional.
Por otra parte, con el nombramiento de Claudia Ruiz Massieu Salinas en la Secretaría de Turismo, Enrique Peña Nieto y la mafia del PRI saldan una cuenta pendiente dejada por el Salinato: el asesinato del Secretario General de ese Partido, José Francisco Ruiz Massieu. De la misma forma el crimen de Luis Donaldo Colosio Murrieta fue pagado con una senaduría al padre de éste. Basten estos ejemplos para advertir que el gabinete de Enrique Peña Nieto más parece un cártel que regresa por sus fueros. El PRI que no conoce de códigos morales y sí de narcotráfico o crímenes de Estado está de vuelta y un nuevo sendero de impunidad se abre en nuestro país. Esperemos que no sea para instaurar un Narco Estado.
