El affaire Petraeus desencadenado por la infidelidad conyugal que trascendió a la luz pública, de parte del recién defenestrado director de la CIA, David Petraeus, causa un gran impacto político al sistema de inteligencia de los Estados Unidos, que ameritó la intervención del Comité de inteligencia de la Cámara de Representantes, encabezado por Dutch Ruppersberger, representante demócrata de mayor rango en él. Grupo legislativo, que hubo de reunirse con el director de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) Robert Mueller; el subdirector de la misma oficina Sean Joyce, y más tarde con el director en funciones de la CIA, Michael Morelli, con el fin de allanar los pormenores del escándalo. (Fuente: EFE, Washington, Estados Unidos, 14 de noviembre, 2012)
El romance con Paula Broadwell, que fungía como biógrafa del célebre ex general máximo comandante del ejército norteamericano en Afganistán, alcanza un sensible mommentum, debido a la suposición de que ella hubiera podido acceder a información clasificada. Supuesto que descalificó el FBI al afirmar que ella no había incurrido en ninguna “violación de la seguridad”. Asunto que sí se complica, por el involucramiento del ex general en la explicación acerca del ataque que sufrió el consulado estadounidense en Bengasi, Libia, el pasado 11 de septiembre. Comparecencia planeada para este jueves pasado que confirmaba Dianne Feinstein, presidenta del Comité de inteligencia del Senado. (Nota de El Diario de Yucatán, “Presionan al FBI y la CIA para avanzar en el caso Petraeus”, Portada e lnternacional. Miércoles 14 de noviembre de 2012).
En una sucinta confesión de parte, Petraeus comunicó a sus colaboradores de la CIA la razón y el sentir de su dimisión: “Después de estar casado durante más de 37 años, mostré mucha falta de juicio al involucrarme en una aventura extramatrimonial”. La onda de choque de este escándalo alcanzó también al general John Allen, comandante de las fuerzas de la coalición internacional en Afganistán, al descubrirse que él intercambió correos electrónicos con Jill Kelly, una mujer que pidió ayuda al FBI por recibir mensajes amenazantes de la Srta. Boadwell. (Nota de El Economista, con fuente de la AFP, Washington, 15 de noviembre de 2012).
Esta hipersensibilidad de la sociedad norteamericana a la infidelidad conyugal acusa un mecanismo automático de reflejo contra aquellas conductas que ponen en riesgo la estabilidad del sistema de relaciones societales desde la autoridad, sobre todo cuando provienen de actores principales o estratégicos de su sistema de poder. Recordemos la reacción inmediata al escándalo sexual en la familia Clinton, estando en plenas funciones de la presidencia nacional; tuvo que afrontar la vergüenza pública y un “impeachment” airado desde la Casa de Representantes, por cargos contra el Presidente, por perjurio y obstrucción de la Justicia, al más puro estilo de aquel otro sostenido, acreditado y ejecutado contra Nixon, por el caso del espionaje de Watergate.
En esos precedentes, la rápida e inequívoca respuesta de impugnación ante tales conductas, no deja lugar a dudas de que en la cosa pública norteamericana, existe cero Tolerancia contra comportamientos que ponen en juego al sistema de equilibrios tanto sociales como políticos, homeostasidad le llaman los expertos. Actitud de dureza e intransigencia moral que sin duda dejará perplejos a los funcionarios mexicanos, dado que en nuestro sistema de mecanismos y reflejos automáticos de moralidad social, resbalan por el lado más lábil, de la fácil justificación que distingue dicotómicamente “lo privado de lo público”; en donde lo uno supuestamente no influye en lo otro. Sin embargo, esta interesada percepción no deja de ser falaz, imprecisa y disfuncional, ya que establece una diferenciación social fincada en los privilegios, impunidad y corrupción.
El famoso “American way of life” puede ser cuestionable y digno de rechazo por muchos lados, pero su fuerte cohesión societal y política obedece, precisamente, a estos mecanismos reflejos de sanción social ante conductas identificadas como atentatorias del buen funcionamiento de los aparatos de Estado, de moralidad pública y de Justicia. La defenestración pública de prominentes figuras ya sea de la vida política, empresarial, religiosa, educativa, y ya no se diga militar, es una constante en el desarrollo de su cosmovisión adherida profundamente a valores religiosos, así sea paralela a otra cosmovisión sumamente competitiva, pragmática y de entronización de la afluencia económica y el consumo.
Una prueba de ello, en el ámbito financiero global, ocurrió con motivo de la profunda crisis económica detonada en septiembre de 2008, que hundió a poderosas corporaciones bancarias e hizo tomar a la presidencia de la nación medidas sumamente restringentes contra aquellos capitalistas que sacaran especulativamente su dinero, para evitar cargas impositivas; el mismo Presidente Obama anunció, en su momento, medidas fiscales explícitamente punitivas contra tales conductas. Otra historia ocurrió por esas mismas causas en México, en donde los capitales fluyeron a raudales, éstos sí verdaderos, hacia afuera sin que hubiera acción alguna para frenarlos. El saldo de esta actitud inmoral y antipatriótica significó el incremento en la inflación interna y la depreciación de nuestro tipo de cambio.
El otro doloroso aspecto de la inmoralidad por inercia o por actitudes lábiles a los antivalores de la vida moral, la hemos constatado en nuestra sociedad de Aguascalientes, que tristemente acaba de testimoniar el irracional y cobarde homicidio de dos jovencitas: la primera, Andrea, en manos de su propio novio o pareja sentimental que no soportó el deslinde o la impugnación a sus actitudes inaceptables, por lo que ejerció una violencia extrema contra ella, y la segunda, Katy, por el infundado, patológico, imbécil e inadmisible razonamiento de estar a la par con el cómplice, para ser solidarios de silencio ante dos crímenes execrables.
En conclusión, las conductas que atentan contra la estabilidad del sistema de relaciones sociales, así como al principio de autoridad, que le permita a ésta ser digna de credibilidad, respeto y asentimiento de parte de la ciudadanía, mermen la instalación de un mecanismo autonómico de reacción inmediata, para no permitir que el equilibrio, la equidad, la justicia y la cohesión social sean amenazadas, por un factor disfuncional que causa daños personales y sociales de impredecibles y funestas consecuencias. El derecho al desarrollo humano integral merece este sistema de pesos y contrapesos, así se juzguen como estricta y rigurosamente vigilados.
