- Narcotráfico y narcoviolencia no son lo mismo, ni necesariamente van de la mano
En el marco del Tercer Seminario sobre Política de Drogas en América Latina (Sepodra) organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (Cupihd), la Universidad de los Andes, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed), y la Escuela de Graduados de Administración Pública (EGAP) del Tecnológico de Monterrey, Diana Guzmán, de Colombia, explicó que el uso del derecho penal en el combate al narcotráfico no está resultando efectivo, puesto que “se castiga un acto que de por sí no causa violencia”, como lo es el tráfico de estupefacientes.
Expuso que la punibilidad excesiva ha traído consigo que se castigue no a los “grandes beneficiarios del negocio de las drogas, sino a los pequeños, que tienen condiciones sociales de marginación”.
En entrevista con La Jornada Aguascalientes apuntó que entre más se prohíba, más se castiga, sin que necesariamente se esté persiguiendo el origen de la violencia que hoy sufre el país. En regiones como Aguascalientes, cuya condición es más de paso que de consumo o producción, apuntó que “es muy complicado tener alternativas adecuadas porque estamos en el marco del prohibicionismo, y porque se tiende a responder la violencia causada por el narcotráfico con más violencia”, su recomendación, reiteró, es la responder “con alternativas al derecho penal, con una estrategia democrática, fuerte pero no autoritaria”.
Aclaró que si bien en un posible contexto de la abolición del prohibicionismo, los problemas no terminarían, mucha de la violencia y de los costos de ésta podrían ser superados, aunque “para ser realistas, estamos hablando de no menos de 20 o 30 años para que esto suceda”.
En el fondo, apuntó, la apuesta debe ser encontrar otros modelos para la regularización de las drogas, que sean más eficientes y que permitan el combate a las causas, no a los efectos, que es el caso de la narcoviolencia, que es más un efecto de la prohibición que un fenómeno por sí sola.
Según su presentación, los riesgos que se corren a nivel judicial de esta persecución del tipo penal de narcotráfico es la “adopción de medidas altamente restrictivas de garantías penales, mediante normas de excepción, al tiempo que han aumentado las conductas tipificadas, también han aumentado las penas”.