Desde finales de la década de 1960 y prácticamente todos los años 70, cuando una nueva generación de seres humanos que vivió el despertar de conciencia civil rechazando el orden establecido sobre el autoritarismo (gubernamental y en otros ámbitos), surgieron nuevos conceptos que habrían de sentar las bases para diferentes formas de gobierno. La necesidad de encontrar una forma de democracia, a partir de la participación de los ciudadanos en las decisiones que atañen a todos, también dio origen a nuevos conceptos y términos. Una forma de definir lo que la sociedad más consciente de su poder quería requirió la acuñación del término gobernanza.
Traer a la memoria aquella época en la que cayeron dictaduras (como hoy) y la juventud tomó las calles, bañándolas con su sangre en ocasiones para exigir cambios que aún no se dan (como hoy), viene a cuento ante el inminente regreso del PRI a la presidencia de la República. La incógnita sobre qué tanto se democratizó el PRI durante los 12 años que estuvo lejos del poder presidencial espanta. Sobre todo cuando apenas la semana pasada se articuló desde ese partido la negativa a la democratización de las organizaciones sindicales. Si éste es el botón de muestra, la sociedad civil bien hace en buscar nuevos caminos para lograr el avance democratizador que se pensaba haber alcanzado.
La idea de que el poder emana del pueblo se encontraba ya en nuestra constitución pero carecía de vida en la práctica. Había que concretar mucho más esa idea abstracta. Entre varias definiciones de gobernanza, la de Renate Mayntz resume: “un nuevo estilo de gobierno, distinto del modelo de control jerárquico y caracterizado por un mayor grado de cooperación y por la interacción entre el estado y los actores no estatales al interior de redes decisionales mixtas entre lo público y lo privado.”. Otros autores, como Luis Aguilar Villanueva, privilegian la capacidad de la gobernanza por sus resultados, considerándola un proceso que “implica la intencionalidad social y la capacidad social de transformar los propósitos en realidades.”
Las tendencias sociopolíticas en el mundo actual marcan ya un avance en la puesta en práctica de estos criterios, términos y conceptos de tal manera que resultaría difícil para el próximo gobierno mexicano aplicar freno y reversa en las prácticas democráticas. Organismos de alcance continental, como el Banco Interamericano de Desarrollo establecen en sus principios rectores que “la política pública debe incluir la construcción de una sociedad y economía basada en el conocimiento, para lo cual el eje de la transformación es la gobernanza (gobierno/gestión) “.
De hecho, en la Plataforma Federal Electoral y Plan de Gobierno de Enrique Peña Nieto se retoma el concepto de gobernanza: “Reconfigurar el sistema de planeación del desarrollo, para armonizar los principios de rectoría del Estado con una gobernanza efectiva de la economía, la promoción del desarrollo social y la investigación y educación superior.”
Para no dejar nada al azar, la sociedad civil mexicana se ha movilizado. A partir de la Cumbre Ciudadana por un México Pacífico y Justo, en mayo pasado, se buscó dialogar y acordar una agenda común desde la ciudadanía que contemple entre otros puntos: demandas sociales para nuestros gobernantes, una visión compartida de lago plazo para el país e integrar un frente común desde la diversidad. Asimismo, de forma paralela, más de 60 organizaciones de la sociedad civil de todo el país, articulándose en coordinación con el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) llevaron a cabo cuatro foros regionales y uno nacional, bajo el tema “La sociedad civil frente al cambio de administración federal”. Reunidos para reflexionar sobre los logros de la sociedad civil en la creación de espacios institucionalizados para la participación ciudadana e incidencia política, obtuvieron propuestas y avances concretos ante los retos que la sociedad civil enfrenta de cara al cambio de administración federal.
Tanto en la Cumbre Ciudadana como en los Foros frente a la siguiente administración federal, se plantea que la sociedad civil se ha constituido como un actor clave e interlocutor necesario entre la ciudadanía y el gobierno. Reconoce que el de 2012 es un México muy distinto al de hace tres décadas, integrado por una ciudadanía articulada y responsable, que pretende participar en la construcción del país que desea en corresponsabilidad con el gobierno y los partidos políticos y ya no como mero objeto. Donde todos los ciudadanos deseamos fincar la confianza en nuestras instituciones a partir del acceso pleno a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas.
El sentir general es que precisamente en este momento de transición resulta necesario aprovechar una triple oportunidad histórica: 1. El cambio de administración ofrece al gobierno la posibilidad de demostrar que sabe hacer suyas las demandas de la sociedad. 2. Las condiciones sociopolíticas han unido grupos diversos de la sociedad para presentar una agenda común 3. Existen las bases para construir un modelo de interlocución entre la sociedad civil y el poder público que contribuya a la gobernanza, o sea, a la gobernabilidad democrática.
Esto llevaría a lograr los siguientes resultados: inclusión del enfoque y los temas de de la sociedad civil en el Plan Nacional de Desarrollo. Generar un proceso de evaluación objetiva desde la sociedad a las acciones de gobierno. Convertir algunas de las demandas ciudadanas en acciones de política para los 100 primeros días de gobierno. Definir qué reformas legales podemos impulsar conjuntamente en el Congreso de la Unión. Es momento de legitimar, con hechos, lo que el pasado 1 de julio quiso expresar la sociedad.
Twitter: @jlgutierrez
