El jueves 4 de este mes nos enteramos del crimen del hijo del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, el joven José Eduardo Moreira Rodríguez, que recién se había casado, dejando a su viuda y lo mismo que a su pequeño hijo de nueve meses de nacido en la orfandad. Esto es terrible y mandamos nuestro más sentido pésame a esta familia que sufre hoy la pérdida de un ser querido, asesinado de una manera brutal.
Desde luego que lo anterior ha desencadenado una serie de reacciones en el ámbito político e incluso familiar al ventilarse públicamente situaciones difíciles en su seno. Se exige que se encuentre a la brevedad posible a los culpables y se les castigue de manera ejemplar. Por otro lado, la sociedad, a través de las redes y de sus opiniones en algunos medios de comunicación, exige que así como a raíz de este asesinato se movilizaron policías de los tres niveles y de las fuerzas armadas, así también se apoyen las investigaciones y la persecución de los culpables de la desaparición o muerte de sus familiares, y en esto suman miles, y que no sólo se actúa con esta rapidez cuando se trate de una persona importante o ligada a gente de la clase política, que es cuando se observa cómo se despliegan todas las fuerzas del estado en busca de los responsables .
Esto nos lleva a la conclusión de que al salir a dar sendas conferencias de prensa, tanto el procurador de justicia de ese estado, Homero Ramos, y el Secretario de Seguridad Publica, Jorge Luis Morán, sólo pudieron informar del suceso y decir que las autoridades federales se harían cargo de las investigaciones así como de la persecución de los delincuentes. Es sorprendente que siendo gobernador el tío del asesinado no pueda ofrecer seguridad y justicia a su propia familia. Con esto sus gobernados deben estar muy preocupados, pues se ha mandado el mensaje de que los ciudadanos de Coahuila no pueden esperar gran cosa en materia de seguridad para sus familias. El actual gobernador Moreira muestra con creces que no ha hecho lo que prometió en campaña en cuanto a seguridad pública.
A pesar de esto, en el ámbito nacional, el INEGI reporta que durante septiembre la percepción de Seguridad Pública pasó de 97.7 a 105.5; esto significa que los graves problemas de seguridad se encuentran focalizados en determinadas zonas de nuestra Patria.
Tenemos también datos muy preocupantes que a raíz de estos hechos se están analizando de manera más precisa, y son entre otros, luego de la reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, el otorgamiento de facultades de investigación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, facultad que anteriormente sólo la tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con base en esto, la Comisión ha logrado documentar que, desafortunadamente, se realizan acciones a nombre de la justicia que son verdaderas injusticias: detenciones arbitrarias; retenciones ilegales; desapariciones planeadas; torturas; tratos crueles, inhumanos y degradantes; incomunicación; uso excesivo de la fuerza; privación de la vida; cateos sin orden de algún juez; participación en estos actos por personal no identificado y encapuchado, tal y como lo hacen los delincuentes, que traen los mismos uniformes, insignias y armas, y que actúan igual como si se tratara de una detención, cuando en realidad es “levantón”. En todo esto han sido documentadas acciones realizadas por elementos de las fuerzas armadas permanentes, policías federales, policías estatales y municipales. Entre éstos está el de la señora Miriam López Vargas, un caso gravísimo, que de acuerdo con la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dirigida al Secretario de la Defensa y a la Procuradora General de la República, se confirma, y se prueba, que la señora López fue detenida de manera arbitraria, violando sus derechos, luego retenida ilegalmente, torturada y violada por militares y policías ministeriales adscritos a la PGR, para que reconociera que es narcotraficante.
Lo anterior es sólo la punta de un iceberg que se irá poco a poco descubriendo y que deberá desembocar en que en México, tanto la autoridad como los ciudadanos, respetemos verdaderamente las leyes.
Durante la visita de las Euro-diputadas Finlandesas Satu Hassi y Ska Keller, junto con cuatro asesores, recorrieron el estado de Guerrero, encontrando que las violaciones arriba mencionadas son una práctica constante en ese estado; también se percataron de la desesperante lentitud que existe en la administración de Justicia, tanto a nivel Estatal como a nivel Federal.
Observando estas situaciones, cada día me convenzo más de que fue un error grave el haber legislado en el Senado, y en donde yo apoyé, sobre la figura del arraigo. Reconozco que di mi voto a favor y ahora me doy cuenta que esta figura ha servido para que se realicen muchos excesos, al grado de que la ONU nos pide que sea eliminada esta práctica precisamente por todos los excesos que se cometen.
La información que tengo es que en nueve meses, de septiembre de 2011 a junio de 2012, se arraigaron mil 30 personas, 100 por mes; todas las personas estuvieron a disposición del Ministerio Público Federal y no se informa cuántos resultaron culpables y cuántos inocentes de todos esos arraigados. Tampoco se sabe, aunque nos imaginamos, cómo se les trató, pues fueron detenidos “legalmente”. Tampoco se tiene el dato de cuántos son los arraigados por entidad federativa. Creo que el dato es alarmante y debería conocerse.
Hay un aspecto que debemos de considerar en medio de este clima de violencia: reconocer, agradecer y honrar a los caídos en el cumplimiento del deber defendiendo a la sociedad de los criminales y revisar que los tres niveles de gobierno, el ejército Mexicano y la Marina, que ahora están auxiliando a las policías que han sido rebasados, hayan cumplido puntualmente con las familias de los caídos en lo referente a cumplirles con sus pensiones, su casa y las becas para sus hijos, pues en este momento, del 1 de septiembre de 2006 al 20 de septiembre de 2011, de acuerdo a datos de la PGR, han dejado en la orfandad a sus familias 3 mil 114 elementos, a los cuales, repito, nunca dejaremos de agradecer su sacrificio en aras de brindar seguridad a la población.
En otro orden de cosas, vemos que a pesar de estos sacrificios y esfuerzos de las autoridades, el crimen organizado hizo de septiembre uno de los meses más sangrientos al asesinar a mil 295 personas; con esta cifra tenemos que en lo que va del año son 8 mil 754 ejecuciones. Todos estos asesinatos, esto según las autoridades, se han suscitado en “ajustes de cuentas”.
Por todo lo anterior, hoy más que nunca el papel de la sociedad es de vital importancia: presionar para que la seguridad ciudadana sea la prioridad gubernamental.
