Dios nos dio el agua y es gratis, sólo que se le pasó el pequeño detalle de entubarla, es ahí en donde pecan de gandayas empresarios avorazados que saben que el agua es vida y no podemos prescindir de ella.
La privatización del agua no es un tema exclusivo de Aguascalientes, pues dicha modalidad se extiende en el país mediante al menos cinco rubros que van desde los servicios municipales de agua potable y la edificación de plantas de tratamiento de residuos hasta la expansiva construcción de presas.
El agua se ha convertido en un negociazo y es tan cara su extracción o manejo en infraestructura, que gobiernos se han deslindado de su manejo y lo han dejado en manos de la iniciativa privada. Sin embargo, no ha sido la solución al problema de abasto. La línea de ceder al sector privado la extracción, distribución y cobro del líquido potable va en retroceso en el mundo, debido a las malas experiencias que ha dejado a las empresas al excederse y manipular a su libre albedrío el costo del agua.
Y no sólo la que entubada llega a nuestras casas, es la que se considera una moneda de cambio, la venta de agua embotellada es otro camino de privatización y, de acuerdo con datos del organismo internacional Beverage Marketing Corporation, México ocupa el primer lugar a escala mundial, con un consumo per cápita anual de 234 litros, 20 por ciento más que los italianos, quienes se sitúan en segundo lugar, con 191 litros.
En Aguascalientes no sólo padecemos la monopolización del agua, sino que la contaminación de la misma es también algo que nos ha empezado a afectar, no llegando a los domicilios con la calidad que la ciudadanía desea, pero sí es cobrada como artículo de lujo.
Pese al costo y la carestía, se tiene un elevado consumo de agua entre la población aguascalentense, situación que ha llevado a tener extracciones de 130 metros de profundidad, es decir, 100 metros más de lo que se hacía hace unas cuatro décadas, teniendo un producto de mala calidad, fosilizado y con un alto costo.
Bajo tales circunstancias y con el argumento de la insostenibilidad del servicio por parte del Municipio, hace prácticamente 20 años se maquiló un contrato para concesionar el manejo del vital líquido, quedando así en manos de inversionistas franceses y con el manoseo de uno que otro mexicano.
Al principio, ésta parecía ser la solución más adecuada al problema de abastecimiento en la capital, en donde se concentra más del 70 por ciento de la población total del estado. Las cosas transcurrían con una singular mejoría, la extracción aparentaba ser responsable y cuidadosa y el anuncio de grandes inversiones para modernizar las redes esperanzaba a los aguascalentenses que veían día a día agotarse el agua.
Las quejas por cobros indiscriminados, consumos fantasmas y tarifas desfasadas al servicio no se hicieron esperar, aunque a un nivel muy bajo, que incluso se justificaba con el acomodo del sistema y demás detalles que implicaba la incursión de la empresa al tema del agua. Hasta ahí todo iba relativamente bien, con sus asegunes, pero con un rumbo que parecía prometedor.
El flamante Titulo de Concesión parecía un traje a la medida de Aguascalientes, con beneficios que aparentemente disfrutaríamos en el corto y largo plazo. Pero no contábamos con las circunstancias que viviríamos un par de años después de otorgar dicho contrato, la situación económica del país se tambaleó, la cosa política en nuestro estado tuvo vertiginosos movimientos, dando pie a que la empresa francesa utilizara dichos acontecimientos para extorsionar y manipular a las autoridades en turno, con la finalidad de sacar ventaja de una severa crisis y acomodar las piezas de manera que se favorecería por los próximos 30 años, con ganancias multimillonarias, sin compromiso de servicio y el agua como manera de presión para enriquecerse a costa de la ciudadanía, bajo el aval y amparo del gobierno, que ya a esas alturas estaba sometido.
Fue así que el Título de Concesión sufrió una serie de modificaciones, dando origen al sinfín de excesos, abusos, robos y arbitrariedades en contra de los consumidores del agua potable, es decir, todos nosotros.
Filas de ciudadanos que acudían a mendigar un descuento en la Presidencia Municipal se comenzaron a ver diariamente. Miles más acudían, inútilmente, a interponer quejas y denuncias. Cientos de inconformes atiborraban las oficinas de los regidores en busca de alguien que escuchara y buscara solución al problema.
Tuvieron que pasar 19 años para que las autoridades voltearan a ver a CAASA y aceptaran que realmente es un problema, que son tranzas, abusivos y voraces.
En un acto de voluntad política y sensibilidad, el Ayuntamiento capital encarga al Tecnológico de Monterey un análisis y auditoría para conocer a detalle cuál es la situación actual y real de la concesionaria, el manejo que le da al agua y la certeza de sus cobros con respecto al servicio.
Este estudio ha sido el tema de moda estos días, pues arrojó lo que ya todos sabíamos y padecíamos, sólo que ahora lo hizo de manera oficial, generando 109 observaciones, 25 de las cuales, se publicó el 27 de septiembre en este mismo medio, “son para la concesionaria, quien entre otras cosas adolece de ocultamiento del padrón de usuarios, cobros que generan excedentes mensuales por un total de 8.9 millones de pesos, comodidad para invertir en la reparación de ductos, implementación de tandeos bajo el argumento de ‘razones estratégicas’ cuando aumenta el costo de la energía eléctrica, además de la adopción de tarifas a modo”. Es decir, que el costo que como ciudadanos asumimos por tan mal acuerdo no va de acuerdo al servicio que se presta; la inversión ha sido deficiente y la calidad del vital líquido es mala, nada nuevo.
Más de 80 millones de metros cúbicos de agua que se extraen cada año, dejando a los mantos acuíferos cada vez más devastados y vacíos por la sobreexplotación, teniendo una recuperación por facturación apenas superior al 40 por ciento, y, por las condiciones económicas y los excesivos cobros, recaudando en recibos menos del 30 por ciento.
250 mil tomas se han convertido en la pesadilla de los aguascalentenses, mismos que esperan que a la par de esa voluntad de la Alcaldesa para exhibir los atropellos, le entre con los mismos pantalones a buscar frenarlos y desaparecerlos.
La revisión y readaptación del título de concesión es inminente. Nuevas empresas deben entrarle al mercado del agua para generar competencia, pues CAASA es omnipotente e intocable, un monopolio en cual la ciudadanía paga los platos rotos. Esperemos pronto que esos abusos sean sólo un mal recuerdo.
Presidente del Movimiento Ciudadano
