- La democrática es la mejor de las sanciones para un mal gobernante: Sergio López Ayllón
- Sería beneficioso poner en marcha la figura de la reelección para cargos oficiales
“Sin información no hay rendición de cuentas” por parte de los actores de gobierno, razón que torna fundamental el robustecimiento de la transparencia de cara a la edificación política del país.
Sergio López Ayllón, secretario general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), concedió sentarse a charlar con La Jornada Aguascalientes momentos después de dictar, en el campus que esta institución tiene en la entidad, una conferencia sobre los efectos de la reforma a la Ley Federal de Transparencia que hoy día yace en manos del Senado.
“Se piensa que con poner institutos, tener sistemas de acceso a la información y entregar la información [al ciudadano que la solicita a determinada dependencia] ya se está rindiendo cuentas, y eso es quedarse corto, es una idea chata”, expuso en la sala de profesores, mientras acomodaba los codos en la mesa redonda que domina el propio sitio.
El principal problema con la transparencia en México, dijo, radica en que no se ha entendido que se trata de una política que constituye el primer paso para conseguir que los empleados de todo nivel de gobierno efectivamente respondan por sus actos.
En este sentido, apuntó que cuando lo que se desea es avanzar en el rubro de la rendición de cuentas, el sujeto obligado no sólo debe publicar lo que hizo, sino también el cómo y el por qué.
Sin “una política deliberada” las cosas no funcionan, refirió.
¿Cómo se cierra este circuito si nunca vemos funcionarios tras las rejas?
“Un elemento de una buena rendición de cuentas implica la sanción, pero por sanción no entendamos necesariamente la cárcel o el castigo; la sanción más efectiva al final del día es la sanción democrática. ¿Cuándo se ejerce la sanción democrática? Cuando el ciudadano ejerce su voto de manera informada, porque en ese acto, dadas las condiciones, lo que está haciendo es sancionando positiva o negativamente la acción de un gobernante”.
López consideró que el único punto faltante para ejecutar dichas penas es la instalación de mecanismos de reelección para presidentes municipales, diputados e incluso gobernadores.
En un marco como éste los representantes populares estarían constantemente en pos de un “incentivo”.
“No es que esto lo resuelva por sí y automáticamente, pero modificamos una regla que hoy sí está impidiendo una buena sanción democrática”.
Más adelante hizo una crítica a la ineficacia del régimen de responsabilidades que, en teoría, debería castigar los abusos cometidos por la autoridad.
“El gran déficit que tiene México es que a pesar de todo lo que hemos hecho sigue prevaleciendo la corrupción y la impunidad, esto es en parte porque nuestros mecanismos de aplicación de responsabilidades son mecanismos que no funcionan y que requieren un rediseño profundo”.
Un tenue golpe se dejó escuchar sobre la mesa, cuando el catedrático, doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, reparó en una de las iniciativas que ha punteado Enrique Peña Nieto, presidente electo.
Si bien el priísta ha expuesto la tentativa de crear una Comisión Nacional Anticorrupción, misma que perseguiría y castigaría esta clase de ilícitos, aún no hay un documento acerca del cual reflexionar.
“Lo único que sabemos de la propuesta es que lo quiere hacer, no hay iniciativa, ojalá pronto esté en el Congreso y a partir de ahí podamos discutir si es buena o mala”.
Al apuntar que inmediatamente después de los comicios federales del mes de julio todas las fuerzas políticas comenzaron a plantear nuevas plataformas sobre transparencia, señaló que la ola de interés obedece al clamor popular de quienes no han visto frutos en las múltiples adecuaciones legislativas practicadas al renglón.
“Vemos que los informes de la Auditoría Superior de la Federación traen documentados elementos importantes que suponen desvío de recursos o uso inadecuado de recursos y qué pasa, no pasa nada. Tenemos que conectar los sistemas para que haya consecuencias”.
A decir de la reforma a la Ley Federal de Transparencia, López Ayllón manifestó la posibilidad de que los partidos se conviertan en sujetos con obligación constitucional de informar de sus actividades directamente a la ciudadanía, en lugar de hacer lo propio mediante el Instituto Federal Electoral (IFE).
Si es mejor o peor, yo tengo mis dudas.
¿Es más fácil obtener la información?, preguntó La Jornada Aguascalientes.
“Yo pienso que es más fácil que lo hagas a través del IFE que a través del partido, porque el IFE tiene capacidades institucionales para supervisar que den respuesta, tiene mecanismos de sanción que el ciudadano no tiene”.
Por una situación similar a la de los partidos atravesaría el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), a quien se pretende dotar de autonomía constitucional.
“Esto sí nos garantiza cosas. Si hoy la Cámara de Diputados te niega información de la lana que se gastan los grupos parlamentarios te quedas en estado de indefensión… si hoy le preguntas al Senado cuánto costó su publicidad, lo más probable es que no te la den y te quedas sin respuesta… cuando le des la autonomía constitucional al IFAI, esas cosas van a empezar a cambiar, yo sí veo una enorme importancia en que el IFAI tenga ese estatus”.
Por último, Sergio López Ayllón refirió que a diferencia de otros entes de la gestión pública, el IFAI sí ostenta credibilidad ante la ciudadanía.
“Poco a poco se ha ido socializando la idea de que el IFAI es una institución en la que se puede tener confianza”.
