La mayoría de los políticos o funcionarios están más preocupados por agradar a otros políticos que en atender las verdaderas demandas ciudadanas, una de ellas es el tema de hoy: la corrupción. Cuando alguno de estos políticos (as) toma conciencia y denuncia actos de corrupción por parte de otro u otros políticos son considerados como altos traidores, se les separa de sus cargos y son enviados al ostracismo.
Es incuestionable que el desgaste social se acentúa cuando no existen las prácticas reales y tangibles que promuevan la transparencia gubernamental.
Hace algunos días fue enviada al Congreso una iniciativa laboral para “regular” en cierta forma el actuar del aparato sindical en México. ¿Necesario? Bastante, claro está, que existe la autonomía sindical, sin embargo, son muchos los ciudadanos y propios sindicalizados (sobre todo los que están fuera de los círculos de poder) quienes quieren saber qué fin tienen sus aportaciones “voluntarias”.
Los actuales diputados y senadores tienen esta importante e histórica tarea para redireccionar las prácticas sindicales actuales referentes al manejo de sus recursos; si bien algunos consideran completa la iniciativa; es importante señalar, que ésta surge en gran medida por los Sindicatos poderosos de este país: el de los maestros (SNTE) y el de los petroleros (STPRM).
Estos sindicatos tienen ingresos millonarios y un poder de presión real sobre el gobierno. Es importante no olvidar que existen otros sindicatos (no charros) que realmente velan por los intereses de los trabajadores (como los universitarios), pero, imaginemos por un momento que de forma reiterada los ingresos, aportaciones y gastos de estos poderosos sindicatos fueran del conocimiento público; las suposiciones siempre son millonarias, sin embargo, más allá de un asunto de dinero y bienes que tienen los sindicatos, es la falta de transparencia lo que impulsa iniciativas como esta ¿Cuál iniciativa?.
Transparentar el origen y uso de los recursos de los sindicatos (esta) es una deuda histórica con los ciudadanos y con los propios trabajadores sindicalizados que efectuaron (realizaron o realizan) sus aportaciones sin beneficiarse en (de nada), incluso muchas veces amenazados por expresar de manera crítica sus opiniones.
Por otro lado tenemos a los partidos políticos, sabemos que son auditados por el IFE o los institutos electorales en su caso, pero ¿qué pasaría si estas auditorías fueran acompañadas de una auditoría ciudadana? Por supuesto que nada malo, al contrario, México generaría condiciones de mayor y mejor transparencia.
Se sabe del presupuesto que se les otorga para sus ejercicios anuales, pero no existe aún la plena certeza y transparencia del uso que se le dan a estos titánicos presupuestos.
Finalmente, encontramos el tercer eslabón en materia de corrupción, los gobiernos, en todos sus órdenes. Se tiene que promover local y nacionalmente leyes que por fin hagan no rentable económicamente el hecho de ser político en México.
La transparencia es un tema global, hemos avanzado, pero seguimos muy lejos de las verdaderas prácticas que disminuyan la corrupción, hoy mismo las cifras internacionales nos ubican en el lugar número 100 en la evaluación de naciones transparentes; ocupamos ese lugar porque significa la existencia de miles de formas de hacer actos de corrupción en México; resulta grave el hecho de ver que países como El Salvador, Colombia y hasta Cuba aparecen como países más transparentes que México.
No se le puede exigir a los sindicatos que sean transparentes cuando en el propio gobierno encontramos por todos lados a los hijos de la corrupción, como son el abuso de poder, nepotismo, favoritismos, contratos a puerta cerrada, desvío y desperdicio de recursos, discriminación, funcionarios incompetentes, policías corruptos, etcétera. Por ello la idea de una cruzada nacional anticorrupción o una ley en vías de favorecer la transparencia en los tres poderes no es un proyecto al vapor, es la necesidad más urgente que tiene México.
