El estudio de las finanzas de la Corona española y la Nueva España puede aportar valiosa información para explicar las causas de nuestra Independencia. Por eso llama la atención el que no sea un tema especialmente divulgado.
Desde antaño, la opinión mayoritaria con respecto al proceso independentista ha sido que fue originado a partir de un conjunto de elementos políticos, sociales, e ideológicos; no económicos. Por el contrario, el profesor Carlos Marichal nos propone pensar en la bancarrota como una precondición fundamental para el derrumbe de un régimen, un enfoque que se ha utilizado con éxito para explicar la caída del Antiguo Régimen francés y la independencia de los Estados Unidos. ¿Pasó algo así en Nueva España?
Marichal detalla cómo fueron creciendo las exigencias fiscales y financieras en la población del virreinato a fines del siglo XVIII y principios del XIX, y plantea la íntima relación que existe entre las exacciones fiscales, el estado de las finanzas públicas, y la inestabilidad política y social de esos años.
La carga fiscal en la Colonia aumentó de forma constante desde las reformas borbónicas que impulsó el Visitador José de Gálvez. Aumentó tanto la recaudación que a fines del siglo XVIII la población del virreinato contribuía a la Real Hacienda 70 por ciento más, per cápita, que los habitantes de la propia España.
Sin embargo, el aumento de la percepción fiscal por impuestos tradicionales tenía un límite que se alcanzó hacia 1790, justo cuando España tenía que solventar nuevos y cuantiosos gastos militares, producto de sus campañas contra Inglaterra y Francia. La respuesta a estos conflictos, que provocarían a la postre una crisis financiera, afectó duramente la economía de los novohispanos.
El gobierno español ordenó a los virreyes instrumentar una nueva política recaudatoria basada en dos instrumentos: donativos y préstamos (ambos, obligatorios) que irían a la Península y a los “situados” militares españoles en el Caribe. Préstamos y donativos no provenían sólo de las clases adineradas, sino que recayeron por igual en los más humildes y explotados, en una época donde los salarios de la población trabajadora caían. Incluso a pastores o peones se les quitó un peso de su “raya” mensual como parte de uno de estos donativos.
Algo que indignó al propio barón von Humboldt fue que se les exigiera a los indígenas utilizar sus fondos comunitarios para hacer frente a estas obligaciones. Para Marichal, que el gobierno resolviera utilizar dichos fondos era indicativo de que la Real Hacienda comenzaba a tocar fondo, pues los dineros de estas cajas populares eran no sólo la fuente principal para el pago del tributo indígena (una de las rentas más importantes del virreinato), sino un colchón que aseguraba la supervivencia de los campesinos en épocas de crisis agrarias.
Ante la situación financiera cada vez más crítica de la Corona, una de las pocas medidas restantes para obtener fondos y sufragar la deuda causada por las guerras fue recurrir a la Iglesia novohispana. A partir de 1805, esto se hizo a través de la llamada “Consolidación de Vales Reales”. La medida, una de las más repudiadas, disponía que las catedrales, parroquias, conventos, cofradías, hospitales y colegios, se desprendieran de los bienes raíces y capitales de inversión que poseían y los depositaran en la Tesorería Real. De igual manera debía procederse con los capitales de capellanías de misas y obras pías. Un golpe enorme a la economía de la Iglesia… pero también a las clases propietarias novohispanas, vinculadas directa o indirectamente con diversas fundaciones religiosas. De ahí el número inusitado de protestas que pedían la suspensión de la medida.
De acuerdo con la historiadora Gisela von Webeser, la Nueva España aportó 10.5 millones pesos vía la Consolidación (750 mil pesos vinieron de las instituciones comunitarias indígenas, lo que fue para ellas el golpe de gracia): 70 por ciento de lo que dio todo América. Una fortuna que ni siquiera ayudó a amortizar la deuda de la Corona porque acabó enviándose, por medio de una operación secreta, al Tesoro de Napoleón.
Ahora bien, ¿pudo toda esta “sangría” impulsar a los distintos sectores sociales novohispanos a tomar partido en favor de la Independencia? Probablemente.
Las exacciones fiscales y los sucesivos préstamos y donativos forzosos fueron afectando a todas las clases sociales, lo que seguramente fomentó el descontento. Ello puede ayudar a explicar algunas de las motivaciones económicas detrás de la rebelión: los insurgentes más pobres habrían luchado no sólo en contra de su explotación en haciendas o minas, sino contra un Estado expropiador que se apropiaba de sus escasos recursos.
¿Y las clases adineradas? Igualmente expoliados por la metrópoli, en principio tenían que apoyar a la Corona para evitar cambios que pusieran en peligro su posición privilegiada. Marichal define así su disyuntiva: el Estado colonial era, a la vez, su defensor (en cuanto a sus privilegios) y su opresor (en términos fiscales y financieros). Pero su situación cambió en 1820, con la vuelta de la Constitución de Cádiz a España. En ese momento, la Independencia pasó a significar para la élite conservadora novohispana, a la vez la liberación del yugo fiscal exterior y la protección de sus privilegios en casa (amenazados ahora por el liberalismo peninsular).
Este hecho fundamental hace más comprensible la particular forma en que se llevó a cabo la consumación de nuestra Independencia: un golpe de Estado conservador contra la Metrópoli liberal, legitimado por la participación en él de algunos insurgentes auténticos. Aunque no lo cuente así la Historia oficial.
@MaxEstrella84
