El pasado jueves 6 de septiembre de 2012, durante noticiero Noticias MVS que conduce la periodista Carmen Aristegui, tres periodistas y la conductora trataron el tema de los dineros manejados durante la campaña presidencial. Jesusa Cervantes, de la revista Proceso, Adriana Amezcua, de Reporte Índigo y Sheila Amador del propio equipo de noticias de MVS, expusieron un resumen de sus indagaciones periodísticas realizadas en torno a los a las denuncias que interpusieron el Partido Acción Nacional y la coalición Movimiento Progresista para impugnar la validez constitucional de la elección por supuestos manejos ilegales recursos económicos por parte del equipo de campaña del candidato Enrique Peña Nieto. Independientemente de la resolución de la máxima y última instancia jurídica, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), señalaron que hay situaciones que no terminaron de resolverse ni han concluido las investigaciones.
La tarea realizada por estas periodistas y sus medios de comunicación ha sido muy relevante para conocer y saber la existencia de lo que Carmen Aristegui denominó “un modelo de triangulación de empresas fantasma, de vinculaciones o indicios importantes, de vinculaciones entre una campaña política por la presidencia y una estructura inquietante, por la modalidad propia de quien lava dinero, en este caso a través de [la empresa Monex, caso periodísticamente llamado] Monexgate”. La periodista indicó que mediante sus indagaciones ha concluido que hubo personas, vinculadas a la campaña de Peña Nieto, “detrás de estas empresas asociadas a mecanismos de dispersión de recursos masivos, y demás cuestiones.”
Según Adriana Amezcua, Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal de la federación, entrevistado por Reporte Índigo, señaló que “los tres grandes lavadores de dinero en México son Monex, HSBC y Consultoría Internacional”.
Poderoso caballero es don Dinero. Pero su indudable poder puede tomar niveles y consideraciones muy distintas según su origen y qué hilos y voluntades puede mover. A menudo los candidatos a puestos de elección popular buscan apuntalar sus campañas con recursos de partidarios o simpatizantes. La permisibilidad de este tipo de financiamiento se encuentra comúnmente en esa frontera borrosa entre la legalidad y la ilegalidad.
El Partido Revolucionario Institucional ha denunciado que el Movimiento Progresista obtuvo cerca de 100 millones de pesos para mantener al candidato López Obrador y su equipo proselitista durante 6 años. Parte de ese dinero, señaló en su denuncia, pudo provenir de dinero público proveniente de gobiernos emanados de la izquierda.
Urge atender, en aras de la transparencia electoral dicha denuncia. Por lo mismo, también urge atender y resolver las denuncias por el supuesto manejo ilegal de recursos para la campaña de quien fue ungido como vencedor. En este caso la cantidad que habría manejado el actual presidente electo supera en más de cuarenta veces la cantidad que utilizó el candidato de las izquierdas.
El último día de agosto, el tribunal dictó su veredicto dando validez a la elección presidencial con la ponencia de cada uno de los siete magistrados. En su oportunidad, el magistrado Flavio Galván manifestó: “ ¿habrá hechos que se hayan cometido ilícitamente? Puede ser, serán las autoridades hacendarias, las autoridades administrativas electorales, las autoridades de procuración de justicia, o a la que corresponda, las que en su momento también arriben a sus respectivas conclusiones.”
Puede ser, dijo, que hubiera habido actos ilícitos refiriéndose a la campaña del ganador. Pero además, según el doctor en derecho constitucional Jaime Cárdenas, lo dicho por el magistrado Galván es un error. El TEPFJ es un tribunal de plena jurisdicción y ellos estaban obligados a investigar, tenían esa posibilidad, y “abdicaron a hacer un Tribunal Constitucional”; la máxima autoridad jurídica no debe dejar nada pendiente a otras instancias.
Hay, sin lugar a dudas una investigación inconclusa. El dinero aún sin haberse aceptado legalmente que se haya usado para coacción electoral o cooptación de votantes, como lo pretendió demostrar el Movimiento Progresista, según Jesusa Cervantes, hay todos los indicios de que el dinero sí fue manejado por el partido ganador, “está el Sistema de Administración Tributaria que sabe, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cómo han intervenido los distintos bancos, los famosos SPEI” (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios).
Hay varias omisiones atribuibles al actual gobierno federal que curiosamente, aun proviniendo de partido distinto, con Peña Nieto garantiza su continuidad económica y política. Adriana Amezcua, indicó que, además “está este asunto (…) que tiene que ver con el Banco de México, que corrigió un asunto, a petición del banco relacionado con una cuenta que giró 50 millones de pesos primero a un particular, luego le corrigió a ese particular para que quedara en el entorno del propio Estado de México.”
Jesusa Cervantes señaló que “Proceso tuvo (…) acceso a una indagatoria primera que hizo el Sistema de Administración Tributaria de cómo era el camino de todo este dinero, (…) del crimen organizado, (…), de comisiones que se pudieron haber obtenido de todos estos contratos que entregó Enrique Peña Nieto durante su gestión” en el Estado de México.
Concluyendo, Adriana Amezcua señaló que “ya hay una Presidencia que está asumiéndose y es muy relevante saber qué tipo de gobierno se puede tener en función del tipo de compromisos que se pudieron haber establecido al desarrollar una campaña política que a todas luces fue una campaña millonaria, que no parece fácil a simple vista justificar con los recursos públicos que se le asignaron oficial y legalmente al PRI”.
“Finalmente”, concluyó a su vez Jesusa Cervantes, “tenemos que investigar nosotros cuánto le costó económicamente [a Peña Nieto] y qué vínculos implica con algunos poderes fácticos el que él esté.” n
Twitter: @jlgutierrez
