Las siguientes líneas tratan acerca de una situación específica, por lo que intentaré dar las suficientes explicaciones para que no se tergiverse y se quieran interpretar como defensa o ataque hacia determinados intereses particulares o tendencias políticas. Comenzaré con cuestiones de índole jurídica administrativa, y en específico con el análisis de una serie de resoluciones emitidas en fechas muy recientes por el Magistrado de Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial respecto de juicios de nulidad sobre denuncias presentadas por la antes contraloría del Estado, ahora elevada a nivel de Secretaría, las cuales fueron muy contrarias a las que se consideran serían las pretensiones del Gobierno Estatal sobre castigar a un grupo de ex funcionarios de primer nivel de la anterior administración como los Señores Armando Jiménez San Vicente, Ventura Vilchis, Florentino Reyes, entre terceros involucrados. A algunos los conozco un poco mejor que a otros, pero sobre quienes no emitiré juicio alguno, pues desconozco si son o no responsables de faltas o delitos, pero sí lo haré precisamente sobre los organismos administrativos que juzgan esta materia y que dependen del Poder Ejecutivo, y lo haré en términos lo más precisos posibles a mi capacidad pues a la fecha desconozco la fundamentación y motivación para haber revocado las inhabilitaciones que sobre estos personajes pesaban por parte del Juzgador.
El Licenciado Alfonso Román Quiroz, al emitir las resoluciones, obviamente evidenció de alguna forma las actuaciones de los organismos encargados de sancionar a los funcionarios que durante su gestión obraron de forma incorrecta y que tuvo como consecuencia la molestia de titulares y encargados de dichas aéreas lo cual se reflejó inmediatamente en declaraciones ante la prensa sobre la sospechosa actitud del Magistrado, quien desestimó mediante razones jurídicas seguramente sustentables tales sanciones.
Mi percepción personal, misma que es compartida por muchos colegas, gira en torno a que se intenta tender un velo de duda en la actuación de dicho Magistrado, no por incapacidad, sino por corrupción, pues así se actúa cuando alguien se cree dueño de la verdad absoluta gritando a los cuatro vientos el yo no fui, fue él. Así se trata de ocultar la incapacidad, o bien la imposibilidad de sostener jurídicamente acusaciones debido a deficiencias de la ley. Creo que éste es el caso pues conozco bien a algunos funcionarios que desarrollan estas tareas y son muy capaces pero siempre está presente el aspecto político de estos menesteres.
De igual forma, esto ha sucedido en otras instancias como la del derecho penal en donde recientemente la Procuraduría General de la República derivado del muy mencionado “michoacanzo” decidió iniciar procesos acusatorios en contra de Jueces de Distrito que resolvieron dejar en libertad a alcaldes de aquella entidad federativa, entre otros funcionarios, situación similar se tuvo aquí mismo en Aguascalientes cuando el Señor Procurador señalaba con índice de fuego a un juzgador federal por haber concedido la libertad a ciertos individuos y a otro por haber concedido caución muy inferior a la fijada por el juez de la causa penal. Todas estas acciones como ya lo he dicho, a mi forma de observar las cosas, no son más que intentos de influir en el ánimo de un poder diverso al del Ejecutivo, son intromisiones que vulneran la división de poderes en nuestro muy maltratado País usando para tales fines los medios de comunicación que prestos publican en primeras páginas, declaraciones con cierto grado de estridencia muy vendibles, pues así se los hacen saber.
Las resoluciones judiciales son atacables mediante los recursos que la propia ley prevé y es en las instancias correspondientes en donde hay que litigar los asuntos y no sólo en la prensa, independientemente del interés popular por conocer a servidores públicos deshonestos, no se puede hablar sólo porque se tiene saliva. Escuché al Presidente del Supremo Tribual de Justicia en el Estado declarar en tono de justificación que las resoluciones del Tribunal de lo Contencioso son definitivas y que así se quedarán mientras no se tenga un organismo revisor que las confirme o modifique, ésta es una muy desafortunada declaración para un perito en la materia pues él mismo debe de saber que para eso se han creado las instituciones jurisdiccionales, que los jueces supuestamente están ahí por su capacidad para observar el buen derecho y aplicarlo a los casos concretos. La creación de organismos revisores sería el cuento de nunca acabar, así que no les queda de otra más que hacer tamales con la masa que se tiene.
Es muy raro observar declaraciones de Jueces en los medios de comunicación pues éstos tienen como obligación legal guardar absoluta discreción sobre los asuntos que tratan en sus áreas jurisdiccionales, ya sean penales, civiles o administrativas, lo cual obvio en cierta forma les coarta el derecho de replicar las acusaciones. Lo indispensable es que en estos días convulsos se mantenga a toda costa la división de poderes y se evite la intromisión de unos sobre otros, se hagan realmente independientes con presupuestos que no estén atenidos a los vaivenes de la política.
