Tienen razón los que a través de las redes sociales advierten al pueblo mexicano que a partir del 1 de diciembre el reloj se retrasará 70 años tal como ya sucedió en Aguascalientes con el regreso del PRI de José Carlos Lozano de la Torre y Lorena Martínez Rodríguez, fieles exponentes de la “kakistocracia” definida por Frederick M. Lumley como el “Gobierno de los peores, controlado y dirigido por toda una gama de ignorantes, matones electoreros, bandas y camarillas sin escrúpulos que degeneran las relaciones humanas” Quienes festinaron la salida de los “ineptos” vitoreando la asunción al poder de los corruptos tarde entendieron que un partido que crece torcido nunca su vida endereza. El PRI con su poder corruptor y su paz de cementerio, más viejo que diablo, institucionalizó la corrupción y la demagogia para mantenerse en el poder bajo el dictado de sus propias reglas, siempre traficando con la miseria para gobernar con el “rating de la noticia” volcado sobre la muchedumbre. A José Carlos y Lorena les importa más la publicación de un boletín de prensa que las responsabilidades constitucionales de su mandato. Ello explica el marcado interés que el gobernador del estado y la alcaldesa de Aguascalientes tienen en el control de la opinión pública que contrasta con sus pocas ganas de gobernar con planes de desarrollo democráticos que sirvan a la colectividad. La realidad es que José Carlos y Lorena están más ocupados en cultivar su personalidad haciendo negocios particulares a través de terceros que en fomentar en nuestra sociedad una cultura de la legalidad (de la que no tienen la menor idea de su significado y trascendencia) que sólo existe en el discurso y la nota periodística. La detención de Jesús Soto López y Ventura Vilchis Huerta por los delitos de peculado y uso indebido del servicio público no es un asunto que tenga que ver con la defensa del Estado de derecho y la aplicación de la ley sobre el arbitrio de quienes la burlaron. Tampoco son medidas adoptadas por el gobierno para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley; igualdad y rendición de cuentas ante la ley; equidad en la aplicación de la ley; división de poderes y transparencia procesal y legal. “Hágase la justicia en los bueyes del PAN” es una vulgar estrategia de propaganda política y mediática que el gobernador del estado ha preparado en la antesala de la imposición presidencial. Cuántos tomógrafos se pueden ocultar en la línea verde de Lorena Martínez Rodríguez o en los gastos gubernamentales de José Carlos Lozano de la Torre “aplicados” en la nueva planta Nissan, sin que puedan ser detectados por el órgano superior de fiscalización del Congreso del Estado. Innumerables terrenos expropiados por causa de utilidad pública están en manos de particulares y muchos estudios de compatibilidad del Municipio de Aguascalientes no responden a los intereses de la ley ni de la colectividad. Faltarían cárceles en el estado para encerrar a todos los delincuentes tricolores que por generaciones se han enriquecido en el ejercicio del poder público. Postular una nueva arquitectura jurídica que fomente por sí sola la cultura de la legalidad es otra más de las vaciladas que los gobiernos del PRI en el ejercicio del poder se han encargado de difundir a través de foros como el celebrado en días pasados en el Ayuntamiento de Aguascalientes donde se habló de la construcción y sustentabilidad de un proyecto multisectorial de cultura de la legalidad que contribuyera a optimizar el funcionamiento de las instituciones de procuración y administración de justicia. Obviamente nadie dijo que la construcción de ciudadanía en un Estado de derecho y el establecimiento de un pacto social entre gobernantes y gobernados a partir de la cultura de la legalidad pasa por el respeto a los derechos humanos. Sin este requisito la cultura de la legalidad es una falacia como también los es plantearla como una normativa de convivencia sin el necesario consenso social que legitime los valores, percepciones y actitudes que la ciudadanía tiene frente al orden legal establecido y las instituciones encargadas de ejecutarlas. Si la legalidad determina la seguridad jurídica, la legitimidad afirma la obediencia y el consentimiento de los gobernados a sus gobernantes sin necesidad de recurrir a la coacción o al monopolio de la violencia legítima del Estado. Lo primero que tienen que hacer el gobernador del estado y la alcaldesa es cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan y referirse no solamente a la cultura de la legalidad sino a la cultura constitucional en lugar de simplemente hablar de la ley o de la legalidad. Bajo este contexto, la perspectiva de una cultura de la legalidad que no respeta los derechos humanos es una forma de sometimiento social para aceptar a ciegas imposición de leyes injustas para el pueblo y favorables para la clase dominante. Ciertamente, sin Estado de derecho no existe democracia; transitar de una cultura de la legalidad a una cultura de la constitución y del Estado constitucional es un proceso largo y difícil que el PRI nunca entenderá por así convenir a sus intereses, como nunca entenderá que un estado democrático y de derecho está abierto al pluralismo, a la tolerancia y al cambio social. Se retrasó el reloj 70 años. ¡Pobre país! Sin democracia, sin instituciones dignas, sin tribunales justos, sin igualdad ante la ley, pero con Televisa y Enrique Peña Nieto.
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