“Decir que la guerra contra las drogas ha fracasado es no entender bien las cosas”, ha remarcado Noam Chomsky en un discurso el pasado mes de mayo. “Debemos preguntarnos si es realmente el combate al narcotráfico lo que los planificadores de éste han tenido en mente, dado el cúmulo de evidencias en el sentido opuesto a dicho propósito. ¿Cuáles han sido entonces sus probables intenciones?”
Los comentarios de Chomsky señalan un área de urgente investigación para activistas y periodistas, deseando entender la actual guerra contra las drogas. Es cada vez más claro que hay más trabajo que hacer en este campo a fin de integrar las razones detrás de la militarización guiada por los Estados Unidos de América en el continente americano.
En un artículo en el que explora los mitos sobre la llamada “guerra contra el crimen organizado” o “guerra contra el narco”, Drug War Capitalism, la periodista canadiense Dawn Paley, cofundadora de Vancouver Media Co-op, afirma que se requiere evaluar cómo es que esta guerra ha incentivado la inversión en las industrias extractivas en Colombia, México y América Central (http://www.solidarity-us.org/pdfs/Dawn.pdf).
La tinta empleada en artículos e investigaciones sobre el fracaso de la estrategia de guerra contra el narco, ha corrido en cantidad sólo rebasada por el torrente de sangre vertida desde que ésta se ha implementado. Como muchos periodistas e investigadores académicos lo han hecho en toda América, Paley resalta que tanto en Colombia como en México, a pesar de las millonarias inversiones en armamento y capacitación militar de los Estados Unidos durante lo que va del siglo, el flujo de cocaína hacia la mayor economía del mundo continúa en incremento.
Mark Karlin, editor de BuzzFlash en la publicación periodística independiente Truthout, proporciona una visión contraria a la oficialmente difundida al adentrarse en las nunca especificadas metas de la política estadounidense en México y sus inconvenientes resultados. En su décima entrega de esta investigación publicada por Truthout, el Sr. Karlin proporciona una introspección de las políticas latinoamericanas del gobierno estadounidense en su totalidad y en especial sobre la relación de los EUA con México (http://truth-out.org/news/item/10676-how-the-war-on-drugs-in-latin-america-benefits-transnational-corporations-and-undermines-democracy). Al final de dicho artículo ofrece al lector una larga lista de publicaciones que desnudan la realidad de las relaciones económico-militares de los Estados Unidos de América con el subcontinente.
La política continental de los Estados Unidos puede resumirse en lo que Paley llama “Guerra, cuando la doctrina del shock no es suficiente”. Las políticas económicas llamadas neoliberales se introdujeron en México bajo la forma de programas de ajuste estructural. Esto ocurrió a partir de 1980, cuando el excesivo gasto gubernamental de los años 70 había obligado a finalizar un periodo de crecimiento sostenido e industrialización por medio de sustitución de importaciones y elevación de los precios del petróleo. De 1980 a 1991, México recibió trece préstamos de “ajuste estructural” del Banco Mundial.
En ese periodo, México firmó seis acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), todos los cuales generaron una presión creciente hacia la liberalización del comercio y la inversión extranjera. Al colapsarse los precios del petróleo en esa “década perdida”, el gobierno mexicano cerró o vendió más de mil empresas estatales o paraestatales. En 1991, el programa de desincorporación de empresas reportó a las arcas gubernamentales 9 mil 400 millones de dólares; más del total de la venta de empresas públicas de toda América Latina.
La política continental de la guerra contra el crimen organizado ha encubierto ya por más de dos décadas una agenda oculta de apropiación de territorios ricos en materias primas, tanto de carácter biológico como mineral. El desplazamiento de más de 180 mil personas, aparte de los más de 65 mil muertos y 10 mil desaparecidos, con motivo de la guerra contra los cárteles durante el sexenio de Felipe Calderón, ha dejado libre el paso para la explotación de grandes riquezas naturales del país.
Con la distracción de haber acumulado una extraordinaria cantidad de dólares en la reserva internacional –gracias principalmente al envío de remesas de millones de mexicanos que han tenido que emigrar por falta de oportunidades– y un crecimiento del Producto Interno Bruto ligeramente por encima de la tasa de crecimiento poblacional, –dato que oculta la terriblemente creciente desigualdad en el reparto de la riqueza–, Calderón concluye uno de los más empobrecedores mandatos presidenciales.
El propósito de mantener esta agenda de guerra infiltra y contamina no sólo la política alimentaria y energética de nuestro país, sino que trasciende el orden político, en materia legislativa –como lo evidencia, por ejemplo, la llamada “Ley Monsanto”– y en materia electoral, amenazando con contaminar también la esfera del poder judicial.
La guerra antidrogas, según se colige de todos estos estudios e investigaciones, es una guerra que, rebasando fronteras y partidos políticos, continúa dejando franqueadas las puertas a la depredación del capital salvaje, sembrando hambre entre la población distraída con cuentas de bisutería y cuentos de telenovela con falsos héroes e inventados villanos que son un peligro para México.
Twitter: @jlgutierrez
