A casi dos años de la inmolación de Muhammad Bouazizi en su natal Túnez, el mundo árabe continúa sufriendo cambios importantes. El arribo al poder de partidos islamistas mediante el voto popular, la prolongación de conflictos entre facciones políticas y la colisión entre intereses extranjeros siguen captando la atención de propios y extraños. A pesar de que el revuelo mediático de los primeros meses de la famosa “Primavera Árabe” (nótese que no hay ningún equivalente autóctono del término) parece haber desaparecido, las transformaciones en curso son un imán para muchos científicos sociales de todo el mundo. Actualmente, esta región es un laboratorio muy atractivo para las ciencias sociales.
En Túnez, después de la deposición del gobierno encabezado por Ben Alí, se convocaron elecciones para formar la Asamblea Constituyente, la cual sería la encargada de redactar la nueva Constitución. En ellas, el Harakat an-Nahda (Movimiento del Renacer) –cuyo líder, Rashid Gannoushi, vivió en el exilio por varias décadas- obtuvo el 41 por ciento de los escaños. Se ha dicho que la Constitución estará lista para finales de este año y que a principios del próximo se celebrarán elecciones legislativas. El caso de Túnez es interesante porque nos invita a indagar en torno a las causas de la popularidad de los partidos islamistas en algunos países musulmanes. Además, provee nueva evidencia para ampliar los conceptos eurocentristas -prescriptivos más que descriptivos- sobre la relación entre religión y Estado. Finalmente, la experiencia tunecina sirve para discutir diversos aspectos sobre la sociedad civil: inclusión de nuevas demandas, génesis y desarrollo, patrones de organización.
En Libia, el pasado nueve de agosto, el gobierno encabezado por el Consejo Nacional de Transición (CNT) entregó el poder al Congreso General Nacional, el cual había sido elegido un mes atrás. El partido dirigido por Mahmoud Jibril, del CNT, obtuvo el 20 por ciento de los escaños. El Congreso es el encargado de nombrar un gobierno interino y formar un comité para la redacción de una Constitución. Por un lado, los acontecimientos recientes en este país refutan una de las premisas de la teoría del Estado Rentista: aquélla que señala que un gobierno cuyos ingresos provengan, en su mayor parte, de la venta de materias primas en el extranjero estará en condiciones de frenar el avance democrático dentro de sus fronteras; por otro lado, son una prueba contundente de la necesidad de incluir los aspectos internos de un país en el análisis de su política exterior.
En Egipto, Muhammad Mursi, candidato del Partido de la Libertad y la Justicia, fundado por la Hermandad Musulmana en abril de 2011, venció al ex primer ministro Ahmed Shafiq en las elecciones presidenciales de mayo y junio pasados. En julio, la corte disolvió el parlamento, en el cual los islamistas habían obtenido la mayoría y, hace unos días, Mursi jubiló a algunos altos oficiales del ejército, entre ellos, Muhammad Hussein Tantawi, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El Egipto de la época posterior a Hosni Mubarak es interesante, entre otras cosas, porque aporta elementos a la discusión sobre las relaciones cívico-militares en contextos inexplorados y permite incluir experiencias renovadas dentro del análisis de las prácticas constitucionales.
En Siria, la guerra civil se ha prolongado y el costo humanitario ha sido enorme. Después de la renuncia de Kofi Annan, a principios de este mes, como enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Liga Árabe, la ONU finalizó su Misión de Observación en Siria (UNSMIS, por sus siglas en inglés). Las transformaciones internas en este país del Levante son sin duda interesantes. Ellas ayudan a debatir, por ejemplo, el concepto de miedo dentro de la acción colectiva. ¿Hasta qué punto, los individuos están dispuestos a poner en peligro su vida por una causa común? ¿En qué momento se diluye la capacidad disuasiva de los aparatos represivos al interior de un Estado? Además, el caso sirio devela los retos del concepto de intervención humanitaria en su fase más reciente, conocida como “responsabilidad para proteger” (R2P). Mientras que sus principales promotores –los gobiernos de Norteamérica y Europa Occidental- sigan demostrando que el R2P no es más que un pretexto para promover la deposición de regímenes antagónicos, será muy difícil generar vías institucionales para la protección de la población de un país en momentos de crisis.
Las sociedades en los países árabes comparten muchas características con el resto del mundo y enfrentan los procesos globales con los recursos a su disposición. Estos países no están aislados de la dinámica internacional. Por ello, la confrontación de la teoría social, surgida predominantemente de la experiencia europea, con los acontecimientos recientes en la región es una tarea necesaria, cuyo resultado no puede ser otro que la refinación de los conceptos y la ampliación del entendimiento.n
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