Mucho se habla de la fortaleza de México como nación. De acuerdo a un reporte de CNN somos la onceava economía del mundo por encima incluso de España. Pertenecemos a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico que aglutina a las 30 naciones con mayor desarrollo económico en el mundo y somos parte de las economías emergentes.
Estos datos nos hablan que hacia el exterior no estamos tan mal. Pero internamente es necesario revisar el nivel de cumplimiento del marco legal pues determina la calidad de convivencia social que tiene un país. Cuando se cumple y se aplica la ley sin distingos, hablamos de marcos institucionales más sólidos y consolidados. ¿Pero en esta materia qué es lo que pasa en México?
Quisiera destacar como ejemplo algunos acontecimientos que circulan recientemente en la opinión pública nacional y pueden servir de ejemplo a lo que estoy planteando.
El primero es el caso del banco HSBC, que se dedicó a lavar importantes sumas de dinero que provienen del narcotráfico. Aunque lo hacían en nuestro país y luego lo trasladaban a paraísos fiscales, la estructura legal en México a decir del directivo de la Bolsa Mexicana de Valores, no podía hacer nada, sólo recomendaciones, y como no se atendieron, se aplicó una multa de 650 millones de pesos. HSBC no hizo caso ni a las recomendaciones ni pagó la multa solicitada antes del año 2000. Tuvo que intervenir el gobierno de los Estados Unidos para detener a este banco de las actividades ilegales ya que en México la penalidad es administrativa. Si no hubiera intervenido el gobierno norteamericano, HSBC lo seguiría haciendo sin pudor y sin limitación alguna, pues para ellos México es un país “tropical” donde el respeto a la ley es un tema muy flexible y relativo.
Otro es el tema de la empresa Melate, en donde directivos y personal de la empresa cometieron fraude. No se sabe qué pasó con la interventora de gobernación que dio fe a un sorteo fraudulento haciéndolo pasar por bueno. Se sabe que están giradas órdenes de aprensión a 12 personas que están involucradas, pero no se ha detenido a las cabezas que planearon el fraude. No se sabe si se recuperó el dinero que cobraron, si se va a reponer el sorteo, si era la primera vez que se hacía trampa, etc. A pesar de haber una demanda penal por parte de un consumidor habitual que se asume como afectado, la verdad es que se espera que quede en el olvido el asunto, que deje de estar en los medios de comunicación y la respuesta jurídica y las acciones a emprender; es un asunto poco claro.
Otro ejemplo lo podemos encontrar en materia electoral. Comprar una campaña utilizando la pobreza y la necesidad de la gente para obtener votos, daña de manera importante los procesos democráticos. Este tipo de prácticas no se castigan ni tienen efecto sobre el proceso electoral. La ley establece que quien incurra en estos actos, tendrá como consecuencia la pérdida del registro al partido político que utilizó estas prácticas. Pero la estructura procesal hace tan difícil probarlo, que es letra muerta la penalidad por este tipo de prácticas.
En el caso de rebasar los topes de campaña, que es al final de cuentas la compra de votos, ya sea con dinero público o proveniente de grandes empresas a cambio de contratos, o incluso del narcotráfico, en este país es un tema sin importancia; independientemente del origen que tengan los recursos, la ley no se puede aplicar, ya que cuando se manda el informe, y aunque se compruebe que se rebasaron los topes de campaña, ya no se puede hacer nada porque se discute seis meses después de la campaña electoral, y después de haber tomado protesta. Le ley establece que ante un acto consumado no se puede quitar a nadie del cargo sino a través del juicio político. Por lo tanto, esa irregularidad también queda en la impunidad. Recordemos cómo se presentaron las facturas y documentos que confirmaron el rebase en los topes de campaña en la elección a gobernador de Tabasco de Roberto Madrazo y simplemente el caso se sobreseyó pues ya estaba en funciones.
Esta manga ancha para darle una interpretación injusta y convenenciera a la ley le permite al magistrado presidente del Poder Judicial en materia electoral declarar en los medios de comunicación “que nadie va a ganar en la mesa lo que no se obtuvo en las urnas”. Además de ser una declaración desafortunada me parece totalmente fuera de lugar. ¿Cómo es posible que un impartidor de justicia sin revisar el expediente ni conocer las pruebas que lo integran diga que no tienen razón y los condena con un prejuicio absoluto diciendo de antemano que el caso está perdido?
Está claro que el entramado institucional, heredado del viejo sistema político, favorece el incumplimiento de la ley en este país. Mi correo:
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