México cuenta con una amplia riqueza mineral en todo el territorio nacional. Hoy en día concentra yacimientos de clase mundial, es líder internacional en la producción de plata y ocupa el noveno lugar en la producción minera del planeta, además de que el sector minero aporta entre el 1.17% y el 1.5% al PIB nacional. Esta actividad se concentra principalmente en las grandes empresas, las cuales entre 1992 y 2002 recibieron la mayoría de los 21 mil 490 títulos de concesión minera, lo que propició el descubrimiento de gran cantidad de vetas que actualmente están en etapa de explotación. La avanzada tecnología de exploración, explotación y beneficio de minerales, las ventajas de los acuerdos de libre comercio con otras economías del mundo y la legislación minera de vanguardia han favorecido el desarrollo de empresas altamente competitivas que en los últimos tres años duplicaron la producción minera metalúrgica. En 2011, el valor de dicha producción llegó a 20 mil 148 millones de dólares, con un incremento en la producción de oro del 145%, de plata del 229% y de cobre del 177%, según la Camimex. Para fines de 2012, confiados en el boyante clima de negocios, las inversiones totales del periodo 2007-2012 alcanzarán los 25 mil 200 millones de dólares.
Sin embargo, esta gran falacia de prosperidad y crecimiento económico que han esgrimido en las últimas décadas los gobiernos neoliberales no es resultado de la competitividad ni de los beneficios de la economía de mercado ni del libre comercio: es resultado del sudor y la sangre de miles de trabajadores que entregan sus vidas –literalmente– en las minas, de la sistemática y desmedida violación de sus derechos humanos y sociales, de su explotación mordaz y despiadada, y de la connivencia corrupta entre empresas y gobiernos locales y federales. Ya desde sus inicios en el siglo XVI, la minería cimentaba su desarrollo y crecimiento en la explotación intensiva de la mano de obra indígena y negra: pueblos y ciudades del centro y norte del virreinato se fundaron con el surgimiento de asentamientos mineros a lo largo y ancho del Camino de la Plata, que eran alimentados por innumerables concursos de esclavos.
La devastadora y trágica muerte de siete mineros el pasado 25 de julio debido a la explosión de gas metano en un pozo carbonero sin salida de emergencia en el municipio de Múzquiz, Coahuila; la muerte de 14 trabajadores y la mutilación de un menor en el Pocito 3 de Sabinas, Coahuila, en mayo de 2011 debido a que sólo contaban con un desvencijado ventilador doméstico para realizar sus faenas de extracción de gas metano; la explosión del socavón de Pasta de Conchos en febrero de 2006, también en Coahuila, que dejó un saldo de 65 mineros muertos (cuyos cuerpos no han podido ser rescatados aún); junto con un número importante de accidentes, abusos e injusticias similares registrados en todo el país, evidencian una execrable realidad de vida para los trabajadores del sector minero y sus familias.
La extracción de minerales en México es causa de una de las más perversas contradicciones humanas: genera enormes márgenes de ganancia para las élites empresariales y gubernamentales que la controlan, al mismo tiempo que provoca amplísimo sufrimiento y miseria, destrucción del tejido social y devastación ecológica para el resto del país. En México, un minero gana alrededor de 20 dólares la jornada de 8 horas, mientras que en Estados Unidos y Canadá un minero (en mejores condiciones de seguridad e higiene) percibe 40 dólares por hora, sin contar que en México muchas veces los mineros –adultos e ilegalmente niños– no cuentan con seguridad social. La diferencia entre estos salarios, prestaciones y condiciones de trabajo no depende del producto mineral final, pues éste se cotiza bajo los mismos precios en los mercados de metales de Londres, Nueva York, Tokio y Hong Kong; depende entonces de la desmedida avaricia y ambición de empresarios que en contubernio con gobiernos irresponsables, inoperantes e indolentes explotan intensivamente a los trabajadores y a los recursos naturales.
Estas muestras de explotación despiadada de la mano de obra son una simulación de que en los últimos años, 24 grupos mineros hayan recibido el distintivo de Empresa Socialmente Responsable otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía; 78 hayan sido designadas como Empresas Limpias, y una ignominia que dos de los mayores empresarios mineros en México ocupen el tercer y cuarto lugar, respectivamente, en la lista Forbes de los hombres más ricos del planeta: Alberto Bailleres, propietario de la minera Peñoles y las tiendas El Palacio de Hierro con un capital de 16 mil 500 millones de dólares, y Germán Larrea Mota Velasco, principal accionista del consorcio minero Grupo México con una fortuna de 14 mil 200 millones de dólares.
Es absolutamente pérfido lo que se vive. Urge un cambio radical del modelo económico actual a otro que fomente y resguarde el incondicional respeto a los derechos humanos imprescriptibles de los trabajadores para que ellos dejen de ser vistos como seres menores, accesorios y sustituibles. Ningún ciudadano o movimiento consciente puede deslindarse de esta responsabilidad social.
