Una primera lección que nos dejó el amargo sabor de la elección presidencial de 2006, es que la izquierda tiene que aprender a utilizar la fuerza que le dio el electorado y tratar de influir impulsando la agenda de la izquierda, logrando avances de alto contenido social.
Está claro que Andrés y la izquierda mexicana tiene que convertirse en los interlocutores de las demandas que AMLO recogió en la campaña y defenderlas hoy, desafortunadamente desde la oposición. Pero México necesita una izquierda que supere su etapa contestataria, y sepa y pueda lograr avances en los temas y asuntos que le preocupan a la gente.
Por lo tanto hay que ubicar con claridad la agenda que va a delinear la actuación de la izquierda próxima etapa, y a AMLO como la figura principal de la oposición. Por un lado la agenda que incorpore iniciativas, políticas públicas y programas en contra de la desigualdad y alta pobreza; y la otra, una gran agenda que contemple la reforma política, principalmente en lo que se refiere a las modificaciones del marco legal en materia electoral, y es la parte en la que me voy a concentrar.
En primer lugar se tendrá que legislar y establecer en la ley castigos ejemplares para quienes utilicen la compra y coacción del voto en los procesos electorales subsecuentes. El PRI, ante la presentación de pruebas de las irregularidades de la campaña, acaba de aceptar que utilizó 76 millones de pesos depositados en tarjetas Monex “para el pago de la estructura electoral”, y que son parte del rubro “de gasto corriente”, y con esto evitar que quede evidenciado que se excedieron en los gastos de campaña.
Esto se conecta a un segundo elemento que hay que atender con prontitud, como son los topes de campaña. No es posible bajo ningún argumento que el IFE presente el informe de gastos de campaña al Consejo General en el mes de enero del año siguiente al proceso electoral, cuando los beneficiarios de estas acciones ilegales, toman posesión del cargo en el mes de septiembre. Tanto el presidente, diputados y senadores están frente a hechos consumados, y aunque se compruebe que rebasaron los topes de campaña, después de un esfuerzo extenuante en la presentación de pruebas, no tiene efecto alguno sobre la elección y termina en el mejor de los casos con una multa administrativa al partido que incurrió en estos ilícitos.
El tercer tema son las encuestas. Las casas encuestadoras que tienen jugosos contratos con el Gobiernos Federal o los estatales, se convierten en sujetos de interés. Es indispensable regular este tipo de actividades que están cada vez más presentes en los procesos electorales. No es posible que durante meses se conviertan en una fuente imparcial e inocente de propaganda política y concluyendo el proceso electoral con “un disculpe usted”, lo sigan haciendo de manera reiterada sin pagar ninguna consecuencia de sus acciones.
El cuarto tema es la actuación de los gobernadores de los estados que utilizan grandes cantidades de dinero y programas sociales para la compra del voto sin que exista ningún instrumento institucional que sirva de contrapeso real a este tipo de prácticas; será necesario tipificarlas como delitos graves con consecuencias legales.
Finalmente el papel de la FEPADE que tiene una actuación de caricatura. La estructura procesal y jurídica de la FEPADE tiene un esquema que retoma la parte más negativa del sistema judicial. Hay que armar e integrar el expediente, que el denunciante ratifique la demanda y en lo que se integra la averiguación, los representantes electos están en funciones por lo que al final del proceso electoral esta estructura institucional, que además consume un presupuesto importante, no sirve para desestimular los delitos electorales y mucho menos para castigarlos.
La presión por parte de algunos grupos de interés, para que AMLO acepte el resultado electoral, y desista de su lucha, no comprenden que aceptar el proceso electoral en estas condiciones es condenarnos a repetir estas historias una y otra vez. La lucha de AMLO y la izquierda, se tendrá que concentrar en garantizar a las nuevas generaciones procesos electorales más justos y transparentes ya que con este entramado institucional, la democracia en México es prácticamente inalcanzable.
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