Por Eréndira Avendaño*
La semana pasada concluyó la primera aplicación de la Evaluación Universal docente en el país. La participación de los profesores en este proceso fue acotada y sólo 30 por ciento de los docentes de educación básica acudieron a ser evaluados. En casos específicos, como Colima, la evaluación universal no alcanzó ni 1 por ciento mientras que en Michoacán, Oaxaca y Chiapas ni siquiera se aplicó.
Sin duda los resultados de este examen, que serán publicados en el mes de septiembre, aportarán evidencia fundamental —aunque acotada en alcance— sobre el diagnóstico de las capacidades docentes. No obstante, es relevante hacer una reflexión sobre el desacato de los docentes para ser evaluados y el boicot por parte de las autoridades educativas locales que, con su acción u omisión, limitaron la aplicación del examen.
Lo anterior, a pesar de que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas —órgano que participa en la formulación de políticas, programas y normatividad educativa— integrado por los secretarios de educación a nivel federal y estatal, así como por el subsecretario de educación básica, acordó con éxito implementar la evaluación universal.
Dado que cualquier acción de política educativa requiere de la competencia y actuación conjunta de todas las autoridades relevantes en la materia, en el caso de la evaluación docente el compromiso fue de pocos. En particular, se presume que poco más de la mitad de los secretarios de educación en los estados milita en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo cual pone en la mesa del debate la prevalencia de intereses que no están necesariamente alineados con la mejora del sistema educativo nacional.
Estos aspectos no son un asunto menor debido a que no se puede permitir que ante una obligación definida por el Estado, haya un desacato que paralice una de las funciones públicas claves para el país: la formación del capital humano. El tema cobra mayor importancia a futuro y obliga al Estado a tomar cartas en el asunto, ya que peligra la continuidad del proceso de evaluación docente. Esto se torna aún más urgente ya que a 150 días de que se realice el cambio de gobierno, hay que recordar que el virtual ganador de los comicios electorales no está de acuerdo con que se lleve a cabo la evaluación docente, por lo menos esa fue su repuesta en la iniciativa 10 Preguntas por la Educación.
La desaparición de la evaluación universal tendría implicaciones importantes en términos de política pública, sin embargo, hasta el momento son pocos los elementos que podrían garantizar su prevalencia. La evaluación docente es una estrategia no contenida en la normatividad educativa por lo que no cuenta con un marco legal estable que le permita sobrevivir al cambio de gestión.
Una alternativa para blindar esta evaluación corre por la vía de una reforma a la Ley General de Educación para incluir en esta normatividad la obligación formal de someter a examinación regular al profesorado. Esto requeriría de una iniciativa en la materia, la cual es facultad del Ejecutivo o el Legislativo elaborar y aprobar. En este sentido, la pelota queda en el terreno de estos actores y de la importancia que le den al tema, tanto la administración saliente, como la nueva Legislatura que entrará en funciones el próximo mes de septiembre.
La participación de la sociedad civil organizada será, sin duda, fundamental para evitar un retroceso en el proceso de valoración del magisterio y para promover la consolidación de un verdadero sistema de evaluación nacional educativa.
Por último, cabe mencionar otro factor que entra en juego en la aprobación de reformas legales: la nueva conformación de la Cámara de Diputados. Los legisladores de oposición tendrían 250 curules mientras que el PRI y el Partido Verde Ecologista 240, en tanto que el Partido Nueva Alianza contaría con 10 diputados que marcarían la diferencia. Esta configuración podría dotar al PANAL de una posición estratégica en la toma de decisiones del Legislativo; no obstante, esto dependerá del comportamiento que adopten las demás bancadas parlamentarias. Ojalá que el cálculo político no permita que el Partido Nueva Alianza adquiera un peso político significativo en el trabajo legislativo y en la aprobación de iniciativas.
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* Investigadora de México Evalúa
