Resulta que se llama “cultura omnímodamente contaminada” al conjunto de prácticas que a un banco, en este caso el HSBC, le permitieron realizar operaciones con dinero proveniente del narcotráfico mexicano durante mucho tiempo. El senador Carl Levin, presidente del Subcomité Permanente en Investigaciones del Congreso de los Estados Unidos, utilizó el término pervasively polluted culture para referirse a la forma en que en el seno del HSBC, gracias a controles laxos en la supervisión bancaria, faltó un monitoreo adecuado sobre operaciones en efectivo por un monto de 15 mil millones de dólares entre 2006 y 2009 provenientes de diversos países. El concepto implica que la cultura bancaria ha estado permeada de prácticas contaminadas, contaminantes o, tal vez en castellano, el concepto más cercano sería: corruptas.
En el informe del senado se indica que HSBC ignoró los riesgos de hacer negocios con México, “un país permeado por el narcotráfico”. Entre 2007 y 2008, las operaciones mexicanas de HSBC, por sí solas, desplazaron 7 mil millones de dólares hacia los Estados Unidos. Según el informe, tanto las autoridades mexicanas como las estadounidenses advirtieron a HSBC que tal cantidad de dinero sólo se habría podido alcanzar mediante ingresos ilegales provenientes del narcótico. El punto focal de la prueba que ofrece el Senado en su reporte son los intentos de HSBC para vender esas posiciones monetarias en dólares norteamericanos a clientes fuera de los Estados Unidos. Un banco capta dinero generalmente con el propósito de prestarlo –colocarlo, en términos bancarios- a quien lo necesite. Cuando los operadores de mercado de dinero de dicho banco se encontraron con enormes cantidades que rebasaron su capacidad de colocación, se encendió el foco rojo que delató las operaciones con dinero de dudosa procedencia.
Con este escándalo bancario destapado por el Senado estadounidense no sólo evidencian las fallas en las normas de control y monitoreo, sino que revelan la facilidad con que pueden detectarse los movimientos de dinero “en proceso de lavado” a través del sistema bancario. O sea, desde que comenzó la guerra contra el crimen organizado decretado por el presidente Calderón, ¿por qué a nadie se le ocurrió dar seguimiento a los balances bancarios para detectar, a través de los casos donde no cuadran las cuentas, el origen-destino del dinero y con ello evitar la guerra a balazos? La respuesta sólo puede ser una y, por obvia, no vale la pena detallarla.
Coincidentemente durante esos mismos días en que la bomba noticiosa estallaba en los medios financieros de Nueva York por el destape realizado en Washington, en México se daban a conocer detalles de operaciones financieras cuestionables. Gracias a investigaciones realizadas por periodistas independientes, particularmente Reporte Índigo y el equipo de Carmen Aristegui, se hicieron públicos los detalles de pagos a empresas fantasmas relacionadas con los fondos con los que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) financió miles de tarjetas prepagadas que se ofrecieron a operadores políticos.
Se descubrió que a través del Banco Monex, cinco empresas de papel o fantasmas (Inizzio, Efra, Atama, Koleos y Tiguán) fueron utilizadas presuntamente como pantalla para triangular recursos a la campaña del candidato del PRI a la presidencia, Enrique Peña Nieto.
En esta intrincada red de instituciones y empresas se podría iniciar, cuando menos, una investigación por evasión de impuestos. La documentación se ha entregado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual tendrá que resolver en las próximas semanas la validez de la elección presidencial, en virtud de que tal manejo de recursos financieros podría haber provocado un proceso electoral inequitativo y desigual. Independientemente de lo que determine el TEPJF, una necesaria pesquisa a este respecto debería ser una máxima prioridad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuraduría Fiscal, el Servicio de Administración Tributaria y la propia Procuraduría General de la República.
Mario di Costanzo, especialista en finanzas del Movimiento Progresista, instancia que interpuso la denuncia ante el TEPJF tendiente a invalidar la elección presidencial, señaló que aunque no se ha comprobado que los recursos provengan del narcotráfico, se puede inferir que sea dinero de los gobiernos de los estados. Siendo así, se puede ya estrenar el concepto de “cultura omnímodamente contaminada” para denominar aquellas prácticas que hasta ahora en el imaginario popular realizaban los políticos con acceso a recursos públicos. Prácticas que afloran con estas denuncias electorales, en una cultura política que pudiera estar permeada por intereses económicos y encubrimiento de correligionarios.
La operación de Monex detectada, según di Constanzo, cumple con las tres etapas que forman parte de una operación de lavado de dinero: la colocación, la estratificación y la integración al flujo legal. En la estratificación estamos viendo a estas cinco empresas (Inizzio, Efra, Atama, Koleos y Tiguán), con la clásica operación para blanquear dinero con empresas fantasmas o semifantasmas. Para saber de dónde procedía el dinero, Monex, tiene la respuesta, porque sabe de dónde le llegó el dinero y en manos de quién terminó el Sí Vale o la tarjeta prepagada.
Como sucede en las mejores películas de acción con detectives y abogados, el caso que da origen a la trama -la investigación hecha sobre Monex- revela otro crimen atroz detrás del primero. La cuestión queda en saber si el próximo presidente de la República, gracias a estas útiles revelaciones de cómo se maneja el dinero sucio, estaría dispuesto a cambiar la estrategia de ataque frontal con balas contra el crimen organizado por la de traje y corbata para investigar y combatir el crimen desde la información bancaria.
Twitter: @jlgutierrez
