Para sorpresa de toda la comunidad de mexicanos que, si no colaboramos al desarrollo de Internet, lo usamos cotidianamente como herramienta básica de trabajo, estudio, investigación o esparcimiento, el pasado 11 de julio, el Gobierno mexicano firmó el Acuerdo Comercial Contra la Falsificación, conocido como ACTA por su denominación en inglés (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). El Gobierno Federal actuó de manera unilateral contrariando los acuerdos que había tenido previamente con la sociedad civil. Incluso en contra de las recomendaciones que surgieron del seno de un grupo especial de trabajo que se creó con el auspicio del Senado de la República.
La prestigiada Internet Society (ISOC), que reúne a más de 40 mil especialistas en el tema alrededor del mundo, por lo que a nivel mundial ha sido considerada como interlocutor importante para la definición de políticas públicas en este nuevo campo del conocimiento, desde febrero del año 2011 se declaró contraria al proyecto del ACTA. Los miembros del capítulo mexicano de lSOC se pronunciaron abiertamente en contra de ese “vergonzoso acto del gobierno”, considerándolo como “treta mañosa e irresponsable de pegar y esconder la mano por parte de los que mueven los hilos en nuestro país”. Sobre todo a tan pocos días de que el Parlamento Europeo lo rechazara por ser contrario a los derechos fundamentales contenidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Entre los meses de abril y julio del 2011, el Senado de la República integró un grupo plural de trabajo, donde participó una gran cantidad de usuarios y expertos integrados en cinco grupos distintos: dos de representantes de organizaciones de la sociedad civil, uno de investigadores y expertos, otro de representantes del sector privado, cámaras y organizaciones empresariales, y uno más de representantes del sector público. El grupo plural de trabajo se declaró en contra de la firma de dicho acuerdo.
En sus conclusiones, publicadas en http://es.scribd.com/doc/60488789/ConclusionesACTA, el grupo plural de trabajo determinó que “el Proyecto de Acuerdo Comercial Anti-Falsificaciones, conocido como ACTA, contiene diversas disposiciones que, en distintas interpretaciones, se pueden considerar contrarias a la legislación mexicana, en particular, a disposiciones constitucionales y de leyes ordinarias, que requieren ser consideradas por el Ejecutivo federal antes de signar el Acuerdo internacional de referencia”. Consideró asimismo que en México, antes de proceder a firmar un tratado comercial de esta naturaleza, debía mejorarse la legislación nacional a fin de que ésta pudiera proteger “con eficacia y efectividad los derechos de propiedad intelectual, incluyendo los derechos de autor y los derechos conexos, como una variable indispensable para mejorar el Estado de Derecho en el país y, con ello, las condiciones favorables a la innovación, el desarrollo tecnológico, la creatividad y la cultura, así como a la mejora de la competitividad económica.”
En tal virtud, el grupo plural consideró pertinente que “el Pleno del Senado de la República exhorte al Ejecutivo federal a no suscribir el ACTA en virtud de que: a) En el proceso de negociación de este acuerdo se violó la Ley Sobre Aprobación de Tratados en Materia Económica, dado que sus previsiones no fueron cumplidas con oportunidad y suficiencia (…) generando opacidad e impidiendo al Senado de la República dar el adecuado seguimiento a dicha negociación. b) En la hipótesis de convertirse en derecho vigente, algunas disposiciones del proyecto de Acuerdo (…) resultarían contrarias a disposiciones jurídicas del derecho nacional, entre ellas, garantías individuales contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se vulnera el principio de presunción de inocencia que debe impregnar todo nuestro sistema jurídico. c) La ambigüedad de algunas de las disposiciones del proyecto del Acuerdo (…) resultaría contraria a la seguridad y certeza jurídica de los habitantes del país. d) La implementación del Acuerdo (…) podría resultar en una limitación a la universalización deseable del acceso a Internet en la sociedad mexicana, ampliando con ello la ‘brecha digital’ y la posibilidad de que el país se inserte en la denominada ‘sociedad de la información y del conocimiento’. e) El Acuerdo (…) podría derivar en una censura a los contenidos de Internet y, en consecuencia, en una restricción a la libertad de funcionamiento y neutralidad que el mismo debe tener, poniendo en riesgo además, el desarrollo del legítimo comercio electrónico, la creatividad digital y la legítima difusión cultural.”
Ante tan clara y contundente oposición de la sociedad mexicana y el propio Senado de la República contra la firma del ACTA, resulta obligada la búsqueda de razones de por qué procede así el gobierno mexicano y lo hace ahora de esta manera.
De acuerdo al Artículo 76 de la Constitución Política, para que este acuerdo sea efectivo y tenga vigencia en el derecho nacional, es necesaria la aprobación del Senado de la República. Los senadores que participaron en este grupo plural dejarán su curul a finales del mes de agosto. La apuesta del Gobierno Federal parece ser que dejarán la aprobación a la próxima legislatura.
Durante el proceso electoral que vivió México en 2012, cuya resolución aún está en manos del Tribunal Electoral (TEPJF), la actividad opositora, primero a la candidatura y luego a la imposición de Enrique Peña, se ha realizado con éxito a través de Internet. En un marco jurídico como el que prevé el ACTA, resulta mucho más sencillo al gobierno impedir la propagación de ideas y contenidos de este tipo.
Poco conocido aún pero no menos importante resulta el destape mediático realizado recientemente por la periodista Carmen Aristegui, en el sentido de que entre marzo de 2011 y marzo de 2012, la Secretaría de Defensa Nacional invirtió cerca de 380 millones de dólares en equipo de la más alta tecnología para la intervención y apropiación de todo tipo de comunicaciones electrónicas. n
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