Dicen que lo que no se nombra, no existe y menos se recuerda. Sin embargo, el pasado 5 de junio se cumplieron tres largos años desde la tragedia de Hermosillo en la que murieron 49 inocentes y 100 más resultaron seriamente lesionados. Ninguno debió morir. Aquí sus nombres, con un abrazo solidario a la ejemplar lucha de los padres y familiares de los niños de la Guardería ABC:
Ana Acosta Jiménez, Andrés García Duarte, Andrea Nicole Figueroa, Aquiles Hernández, Ariadna Aragón, Axel Angulo Cazares, Bryan Méndez García, Camila Fuentes Cervera, Carlos Santos Martínez, Dafne Blanco Losoya, Daher Omar Valenzuela, Daniel Goyzueta, Daniel Rafael Navarro, Daniela Reyes Carreta, Denisse Figueroa Ortíz, Emilia Fraijo Navarro, Emily Cevallos Badilla, Fátima Moreno Escalante, Germán León Vázquez, Ian Issac Martínez Valle, Javier Merancio Valdez, Jesús Antonio Chambert López, Jesús Julián Valdez Rivera, Jonatan De Los Reyes, María Francisca Perez Zazueta, Jorge Carrillo González, Juan Fernández Lara, Juan Rascón Holguín, Juan Rodríguez Othón, Julio César Márquez Báez, Lucía Carrillo Campos, Luis Denzel Durazo López, María Millán García, María Miranda Huges, Marian Hugues Mendoza, Martín De La Cruz, Monzerrat Granados, Nayeli González Daniel, Pauleth Coronado Padilla, Ruth Madrid Pacheco, Santiago Corona, Santiago De Jesús Zavala, Sofía Robles Martínez, Valeria Muñoz Ramos, Ximena Álvarez Cota, Ximena Yanez Madrid, Xiunelth Rodríguez García, Yazmín Pamela Tapia Ruíz, Yeceli Nahomy Bacelis Meza, Yoselín Tamayo Trujillo.
Descansen en paz. Pero en el caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, como en otros ocurridos a lo largo y ancho del país -y aquí cito sólo algunos de los más vergonzantes- Acteal, Aguas Blancas, las muertas de Juárez, los muertos de San Fernando o los miles de secuestrados, torturados y desaparecidos.
¡Ni perdón, ni olvido! El Estado Mexicano debe asumir cabalmente su responsabilidad en todos y cada uno de los casos, y las personas responsables deben ser procesadas por su negligencia criminal ante la justicia; no importa de quién sean parientes. La impunidad no puede ser la norma entre los mexicanos, si es que aspiramos a construir un país diferente.
Vamos a las propuestas. El 1 de julio de 2012 no sólo elegiremos presidente de la República, sino a 128 senadores y 500 diputados federales. No es menor el tema visto, el alcance y responsabilidad que en las políticas tienen los legisladores, así que por eso no podemos darnos el lujo de mandar a cualquiera a que nos represente. Ya lo hicimos en el pasado y los resultados están a la vista. Porque no cualquier perfil vale para ser un legislador federal medianamente competente y cada vez es más claro que Aguascalientes requiere representantes populares comprometidos con el interés general de los ciudadanos y no con el del partido, camarilla o grupo de poder al que representan.
México necesita, con urgencia, una profunda reforma general y hacendaria, que no una limitada fiscal. Para empezar, requiere un Banco de México de carácter autónomo, como lo ordena el artículo 28 constitucional, pero que debería tener como uno de sus objetivos fundamentales la promoción del desarrollo humano de los ciudadanos. Los objetivos de política macroeconómica, como las altas reservas en divisas, la estabilidad de las finanzas o el tipo de cambio, para nada resuelven el problema de pobreza de 50 millones de mexicanos. También hay que eliminar la extrema dependencia del estado mexicano de los ingresos vía Pemex. Port su parte, Pemex requiere un régimen fiscal que le permita respirar y reinvertir parte de sus utilidades en I+D+I, así como incursionar en el desarrollo de la explotación del gas shale y las energías alternativas. Por ejemplo, Brasil dedica parte de su renta petrolera a financiar a todos los ciudadanos que deseen seguir estudios de posgrado.
Podemos y deberíamos refinar todos los combustibles que requerimos para desarrollarnos, en vez de vender al exterior crudo sin valor agregado y comprarlo luego a precio de mercado internacional, para después decir que los subsidios al consumo de combustible son regresivos.
Luego, la renta petrolera no puede dedicarse a financiar más el gasto corriente del Gobierno. Es un barril sin fondo que nos expone a ser inviables como nación en el futuro cercano.
Una reforma hacendaria debería ser “verde” para ser integral. Se debe reorientar parte del subsidio energético a la inversión de largo plazo y sectores estratégicos empeñados en producir energías limpias aplicadas al transporte y la industria, que son las principales fuentes de contaminación de un país que, según la ONU, es ya el noveno contaminador del mundo. Trenes de alta velocidad que comuniquen al país de Norte a Sur y de Este a Oeste; sistemas multimodales de transporte público en las ciudades son lo que necesitamos para bajar el consumo energético y la contaminación ambiental. Inhibir también el uso de vehículos particulares, prohibir la venta en México de vehículos de alto consumo energético y estimular fiscalmente -con exenciones- a quienes posean vehículos poco contaminantes y de bajo consumo.
Hay que generar una confianza que no existe entre los mexicanos en sus instituciones y, en especial, en los contribuyentes. Aduanas inoperantes y llenas de corrupción no envían a nadie un mensaje positivo. Las mayores empresas deben pagar más y no menos impuestos, pues hoy vivimos una fiscalidad regresiva, en la que los particulares cautivos que somos asalariados pagamos, en promedio, el 30% de nuestros ingresos en ISR, mientras las grandes corporaciones gozan de deducciones y exenciones que no elevan su carga impositiva más allá del 4%, en promedio. Y encima eluden lo que pueden contratando contadores y abogados especializados que les facilitan el no pago de impuestos. También deducen millones a costa de nuestra altruista aportación, como es el señalado caso del Teletón. Esto tiene que acabar. Hay que introducir un impuesto general, sin exenciones de ningún tipo. Flat Tax, le llaman los expertos. Hay que reducir el ISR a los empleados y profesionistas y aumentarlo a las grandes empresas, dar incentivos fiscales a los micros y pequeños empresarios, así como a quienes contraten jóvenes formados pero sin experiencia laboral, como muchos universitarios, madres solteras y personas con discapacidad, por ejemplo. Hay que generalizar el IVA a tasa igual, dejando exentos los libros, la educación, los medicamentos y los alimentos básicos sin procesar. Hay que promover la deducción fiscal bajo reglas estrictas de aportación de las empresas a bienes “puros”, tales como educación, ciencia y tecnología, cultura, conservación ambiental, deporte y ciencia.
Hay que responsabilizar fiscalmente a las entidades y retener las participaciones de las haciendas estatales y municipales que no ejerzan el gasto con transparencia y rendición de cuentas, así como revisar las tasas con las que se cobran los impuestos a la propiedad raíz, pues son inequitativas e injustas.
Debe reconfigurarse, en su totalidad, el gasto público, eliminar partidas discrecionales y secretas, y gastar bajo los principios de racionalidad, eficiencia.
El gasto público debe concentrarse en la producción y el mantenimiento de bienes públicos; el gasto debe medirse, evaluarse y auditarse. Hay que establecer indicadores claros y desagregados entre ejercicio del gasto y logro, o no, de objetivos nacionales; promover la rendición de cuentas a todos los niveles de la hacienda pública, así como la evaluación independiente, ciudadana y también académica. Luego está todo el tema del gasto asociado a los diferentes regímenes de pensiones, que deben unificarse y generalizarse, como sucede en otros países de mejor desarrollo. Agradezco a Gabriel Quadri algunas de las reveladoras ideas que se pueden compartir o no, pero que, sin duda, nutren el presente texto.
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