- Nulo seguimiento a tratados internacionales, informa la dependencia
- Los supuestos avances no fueron sustentados con documentos
El Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2008-2012 plantea 311 acciones de promoción, coordinación, orientación y seguimiento, cuyos ejecutores son las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), bajo la tutela de la Secretaría de Gobernación (Segob). Dicha meta fracasó, pues sólo se cumplieron 128 de los objetivos (41.2 por ciento).
De acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010 emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en días anteriores, el Plan Nacional de Desarrollo, en su “Eje 1 Estado de Derecho”, establece la obligación gubernamental de “asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugnar por su promoción y defensa”.
Pese a la enorme injerencia de la Segob, el informe estipula que en el reglamento interior de la misma no hay “ninguna unidad administrativa que, en términos del artículo 27, fracción XIII, de la Ley Orgánica de la APF, vigile el cumplimiento de los preceptos constitucionales, como es el caso del artículo 133 relativo a la supremacía legislativa de los tratados internacionales”.
Al 31 de diciembre de 2010, En materia de derechos humanos, México tenía suscritos 47 de estos pactos.
El mismo informe muestra un apartado de Eficiencia, según el cual la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos dijo desconocer por qué razones se incumplió la meta de 311 acciones de fomento, además de que tal brazo “no presentó evidencia” que acreditara la efectividad de las 128 realizadas.
Por su parte la Segob aseveró que durante 2010 se concretaron 124 acciones; sin embargo, no comprobó “mediante evidencia documental… las cifras reportadas”.
Durante el mismo periodo, la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos formuló nueve programas de trabajo para atender los tratados internacionales. Ninguno de sus planes exhibía actividades, metas y medición de avance, imposibilitando toda evaluación.
Tales tratados internacionales pretenden norman la vida respecto a derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de niños, adultos, indígenas, adolescentes, refugiados, migrantes, personas con discapacidad, enfermedades mentales, con VIH y preferencia sexual y de género distinta a la heterosexual.
Respecto al seguimiento de las observaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) direcciona hacia la administración federal, la ASF manifiesta que la Segob “presenta limitaciones en la captura de la información, emisión de reportes, seguridad en el manejo del sistema informático y actualización del seguimiento de recomendaciones… así como en la integración y resguardo de los expedientes; y no ha sido objeto de revisiones por parte del Órgano Interno de Control desde 2007”.
Por otro lado, según el portal Animal Político, tan sólo durante 2011 fueron asesinados 18 luchadores sociales, cifra que contraría la de la propia CNDH, quien notificó la muerte de 14 de estos en todo el sexenio de Felipe Calderón.
Susana Chávez, Javier Torres Cruz, Bárbara Lezama, Quetzalcóatl Leija e Isabel Anaya son los otros nombres que proporciona dicho medio de información.
