¿Es usted uno de los tantos ciudadanos que no ha definido su voto? De ser así, quizá considere prudente hacerse de la mayor cantidad de información posible para decidirse, y ejercer su derecho constitucional a la misma podría serle de gran utilidad para ese fin.
Sin embargo, el temor razonable al abuso de los recursos públicos con fines electorales, llevó al Consejo General del Instituto Federal Electoral a aprobar un acuerdo el pasado 29 de marzo que ha degenerado en una limitante imprevista para que los ciudadanos ejerzamos a cabalidad nuestro derecho al acceso a la información pública mientras se realizan las campañas electorales, ya que más de un organismo federal ha restringido el acceso a la misma en su portal en línea.
Antes de abordar los ejemplos, es necesario exponer dos posibles explicaciones, dependiendo del grado de malicia que se quiera utilizar: se retira la información por miedo a una sanción, o no se pone a disposición de la ciudadanía porque puede ser aprovechada por el adversario político (lo que abona a la baja calidad de la información provista en muchas ocasiones por éstos).
Y es que el documento mediante el cual se emitieron normas reglamentarias sobre la propaganda gubernamental a partir del artículo 41 constitucional, establece de manera ambigua que “Podrán permanecer en internet los portales de los entes públicos, siempre y cuando tengan carácter informativo o de medio para la realización de trámites o servicios y no se emitan en los mismos logros a su favor.”
Utilizo el término “ambigua” porque, y éste es el centro del asunto, nuestras autoridades en materia electoral no se tomaron el tiempo y el cuidado de distinguir con seriedad entre lo que debe considerarse como “promoción de logros” y la difusión de información como parte del ejercicio de rendición de cuentas. Aun si esta última resultara favorable o desfavorable para uno u otro bando político, se trata de información pública.
Ahora sí, inténtelo usted mismo: ingrese al sitio de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y trate de acceder al apartado de “programas relevantes”. Le será imposible y a cambio le aparecerá una leyenda que advierte que “del 30 de marzo al 1 de julio de 2012, inclusive, se suspenderá el acceso a las secciones de este portal de Internet que contienen difusión de programas, acciones, obras o logros de gobierno.”
Este impedimento no puede pasar desapercibido porque como insumo indispensable para la rendición de cuentas, la información en cuestión debe estar siempre disponible para asegurar la transparencia en el gasto público y evaluar sus resultados. Sólo partiendo de este punto, nos será posible exigir con fundamentos la continuidad de determinados programas o un cambio de dirección si los resultados no son los óptimos.
Llevándolo todo aún más lejos, podría incluso estar en riesgo la publicación del seguimiento de indicadores de desempeño, pues puede considerarse una forma de publicitar un “logro a favor” o información perjudicial en caso de retroceso.
Un caso similar es el del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el seguimiento que hasta el 6 de marzo, realizó de las Metas y Compromisos de Reducción de la Incidencia Delictiva de Alto Impacto (robo, secuestro, homicidio doloso y extorsión). Esta instrucción al Secretariado quedó establecida en el Acuerdo 07/XXX1/11 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que indica que la difusión de este ejercicio de revisión por parte del Secretariado debe ser mensual. Sin embargo, dejó de hacerse pública sin que se diera explicación alguna.
Otro caso más es el que documentó CNN Expansión a mediados de abril, en el sentido de que Petróleos Mexicanos dejó de publicar sus datos de producción de hidrocarburos. A manera de actualización que confirma dicha situación, la paraestatal tampoco cumplió con la entrega de su informe mensual de indicadores petroleros que contemplaba su propio calendario de publicaciones para el pasado viernes 25 de mayo. Incluso, la calendarización fue modificada ese día sin explicación alguna. También El Economista publicó información en este sentido, pero en torno al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
El llamado a las autoridades es a que se busquen mecanismos para ampliar cada vez más el derecho constitucional de acceso a la información pública, y a no levantar trancas que opaquen los innegables avances en la materia. El derecho de acceso a la información no debe estar a expensas de los tiempos electorales.
– Lilian Chapa Koloffon, Gerente de Comunicación de México Evalúa
Síguenos en twitter:
@Mexevalua
@cklilian
